Hemos sido insistentes en varios aspectos del control (fiscal) que constitucionalmente debe ejercer la CGR y que no se abordan, no se han asumido, para evitar el cansancio, no abandonar la zona de confort, no pisar callos o hacerle favores a los amigos relacionados o patrocinadores de carreras en el sector público o por simple y sencilla torpeza.
Algunos de esos aspectos los encontramos en la falta de identidad, ya que ninguna administración ha reconocido que la finalidad de la CGR es hacer control (sin apellidos) y en tanto han sido muy insistentes (y hasta exitosas) desviado su objeto (el control) hacia los instrumentos (Vigilancia, auditoría, procesos de responsabilidad fiscal y hallazgos). Igualmente, hemos llamado la atención de la características de la gerencia, en la cual muchas veces se vinculan personas sin las habilidades ni la capacidad gerencial requeridas, cuyo único propósito ha sido mantenerse en cargos bien remunerados, continuar en exitosa permanencia en la carrera pública haciendo lo que mejor saben hacer, aferrarse y producir resultados tipo “spot”, cuando mucho. O uno que otro “resultado”, que la historia institucional recordará como intrascendente y hasta perjudicial hacia el deber hacer de la entidad y el efecto en la sociedad.
El hacer un control efectivo, en los temas que le corresponden a la CGR, debería tener un efecto visible, que no lo tiene, en la contención de las malas prácticas y la corrupción. Es evidente, usted lo está viendo a diario en los casos que han emergido y han sido conocidos; que tal quedaran evidentes los no conocidos y hábilmente administrados para “no pisar callos o hacerle favores a los amigos relacionados o patrocinadores de carreras en el sector público”.
Sí. La mayor prueba de honestidad institucional es que se reconozca que los resultados son extremadamente pobres en eso de la corrupción. Y del buen manejo de los recursos. O de propiciar la mejora en la gestión. O en la defensa de las buenas prácticas. O en el castigo a los responsables. O en la contención de los abusos en el uso de recursos.
Adicionalmente, otro aspecto sobre el que desde este espacio se ha llamado la atención, y que es el relevante para esta reflexión, corresponde al sesgo del objeto, de digamos, a controlar.
En control (ahora sí con apellido) fiscal se ha focalizado en el gasto. Muy poco se hace habitualmente en relación con el otro componente de las finanzas públicas: el ingreso. Pareciera que la (buena) gestión estatal lo está haciendo bien en eso de los ingresos. Allí no hay problema de malas prácticas o corrupción. Las fotos o apariciones en los medios, principal indicador de la gestión de control,porque las estadísticas de resultados no son conocidas, no dan cuenta de mayores hallazgos en el tema de ingresos.
Por eso, elucubrando de algo que podría abordarse, tiene relación con malas prácticas recientemente publicitadas: la compra-venta de fallos y los sobornos de alto Turmequé. La danza de los millones con que se premian estas las malas prácticas y la corrupción en general tiene que dejar una estela en la ruta del efectivo y un impacto en los recaudos de rentas. ¿O acaso cree usted que los magistrados vende fallos registran esos ingresos en su declaración de renta?
Sin embargo, recibieron efectivamente esos ingresos.
¡Y no pagan impuestos!
Bonitas los números que rodean el tema de sobornos, múltiplo de mil millones. Se mencionan valores de dos y tres y seis mil millones de pesos. Alguien ha reparado en que en Colombia existe un impuesto a la riqueza que se aplica a esos montos.
Cabe preguntar si esas cifras eran (¿son?) las que normalmente se transan en el mercado de la (in)justicia comprada y otras tipologías conocidas. Si como cosa rara ese tipo de transacciones (odebreches, nules, concesiones, rebajas de impuestos, confianza inversionista, etc.) solo se presentó esa merita vez que ha registrado los medios (¡vergonzosa ingenuidad!). Y si las mismas representan sendos efectos en términos tributarios: rentas, ganancias ocasionales e impuesto al patrimonio.
Se dice que esos pagos no salieron del propio patrimonio, que alguien los prestó. Quien pagó o quien prestó debe tener esa cifra en su patrimonio. Y ese patrimonio es susceptible al impuesto de riqueza. E ídem para quien los recibió (renta más riqueza).
La Dian, ahora empeñada en la casa de defraudadores de impuestos, debiera hacerle el seguimiento a esos flujos de dinero. Y la contraloría, vigilar la gestión relacionada y pedir cuenta de las acciones y resultados que arrojen el seguimiento. Y actuar de manera diligente y directa. Y ponerle bolas (¿será?) a una vieja y desdeñada propuesta del proyecto GiiA: Revivir el boletín de deudores morosos del Estado en cabeza de la CGR y como una variación de la responsabilidad fiscal.
A primeras vista esta propuesta puede ser considerada risible. No obstante, existe un antecedente plenamente documentado: la forma como el Gobierno de USA le puso las manos a Al Capone.
La corrupción, las malas prácticas no se castigan no se aminoran son meras palmaditas en la mano y recriminaciones de mamá alcahueta. Hay que ir a dónde sí le duele a los malos: A los bienes y las rentas generadas con esas prácticas. Es decir a procesos que pongan la vista en los ingresos y las rentas de la Nación.
Buen día, buena jornada
Y que Dios los bendiga por indignarse tanto y no actuar.
PD: los malos, los aprovechados, los matones y demás plaga de indeseables antisociales tienen éxito, triunfan, por la complacencia de los otros. Falta de valentía. Los otros (nosotros) tenemos grave culpa por no actuar.
Coincidencialmente, algunos de estos aspectos son tratados en la columna de Juan Ricardo Ortega “¿Dónde está la bolita?”. ¡Qué bueno sería un tipo así como contralor!
