Los colombianos acabamos de conocer el comunicado que nuestro gobierno y las Farc-Ep anunciaron desde La Habana; se ha resuelto un problema que surge en toda negociación de paz entre un gobierno y una guerrilla: darle seguridad jurídica y estabilidad en el tiempo a un acuerdo de paz, que es también un acuerdo político.
Esta nueva señal, consecuente con las enormes posibilidades de desarrollo para la ruralidad nacional y para la terminación de una guerra prologada y degradada, es consistente con la visión de abrazar a un país con menos conflictos sobre los territorios donde miles de campesinos y colonos han sufrido las consecuencias del fuego cruzado.
Al terminar el conflicto armado con las guerrillas de las Farc, este y por lo menos el próximo gobierno, enfrentarán enormes desafíos.
Los desafíos surgen de realidades que no se pueden ocultar. Sobre la ruralidad de los municipios donde se implementarán los acuerdos existen condiciones de pobreza extrema, falta de oportunidades y debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública; factores de riesgo que podrían desencadenar nuevos conflictos.
Existen comunidades que durante más de una generación han coexistido con la guerrilla.
Se debe reconocer la influencia de las guerrillas sobre un vasto sector poblacional de la ruralidad nacional. Los pilotos de desminado humanitario, en marcha desde marzo del año pasado en Antioquia y el Meta, ilustran, que la transformación territorial debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, la historia no resuelta de la propiedad sobre la tierra, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales.
Hay que evitar la reproducción de disputas por territorio,
disputas a través de redes del crimen organizado,
o disputas de poder entre castas políticas
Mientras nos aproximamos a la terminación del conflicto y al comienzo de la implementación de los acuerdos, es preciso revisar las causas históricas como parte del pasado, que no pueden revertirse; es una realidad que las consecuencias del conflicto si pertenecen al presente y son las que hay que transformar para evitar la reproducción de disputas por territorio, disputas a través de redes del crimen organizado, o disputas de poder entre castas políticas persistentes en zonas deprimidas por la corrupción.
Por ahora, es un desafío establecer nuevas reglas para profundizar la democracia: es necesario que la variable de seguridad que condicionaba el dónde y cuándo desarrollar las políticas públicas, la sustitución de los cultivos de hoja de coca, la restitución de tierras y el desminado humanitario, permita el paso a una visión más integradora, más comprensiva de las demandas y vocaciones de los territorios.
Un desafío de mayor tamaño, será la coordinación entre nación, departamento y municipio, entre las instituciones con organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales y la cooperación internacional que noblemente apoya al gobierno.
Durante esta fase de transición, la coordinación entre instituciones es compleja y frustrante; existen diversas visiones, temores, percepciones e intereses, derivados de un conflicto prolongado que ha propiciado hacer desarrollo donde hay seguridad.
Buena parte de los problemas, tendrán que resolverse con la participación de las organizaciones sociales y comunitarias; los gremios productores, las agencias estatales, las Iglesias, los gobiernos locales, la institucionalidad nacional, la autoridad civil, incluso con las mismas Farc desarmadas; es decir: todos. Todos como parte de los ejercicios de construcción de confianza e implementación de los acuerdos.
Para cualquier gobierno que supera un conflicto armado, es una obligación ética y moral, concentrar toda su capacidad sobre los territorios que más sufrieron la degradación del conflicto. Muy pronto debe cambiar la priorización inicial de intervenir en municipios con condiciones de seguridad que no coincidían con los más vulnerados, a una acción más efectiva, que de manera integral concentre los mayores esfuerzos sobre las áreas rurales que más lo requieren.
Las políticas públicas que se desplegarán en un escenario de posconflicto no seguirán condicionadas a la apreciación de un semáforo, que en rojo paralizaba la intención del desarrollo, en amarillo lo ponía en duda, y solo en verde permitía su entrada. Es la perfecta coordinación interinstitucional, la que pone el orden, sobre el dónde, cómo y cuándo hacer la transformación y reconstrucción que mejorará el bienestar de la ruralidad colombiana.
No debe existir mayor interés nacional que el de atender la geografía social y humana que más ha sufrido el rigor de la guerra. Los liderazgos unilaterales en la coordinación interinstitucional, se deben someter al interés supremo de llegar al territorio con bienes de uso público y con la restitución de los derechos que violó el conflicto.
Hay quienes dicen que las minas antipersonales
deberían ser retiradas por quienes las instalaron
y que ojalá descalzos y vendados…
Y por último, el gigante de los desafíos: la reconciliación. Hay quienes dicen que las minas antipersonales deberían ser retiradas por quienes las instalaron y que ojalá descalzos y vendados... para reconciliarnos, siempre será mejor mirar por la ventana del perdón y no por el espejo de las heridas.
