Sí hay intenciones de un golpe de estado
Opinión

Sí hay intenciones de un golpe de estado

Conversar con los pequeños y medianos transportadores cambió el escenario de la negociación del paro, pero la intencionalidad del golpe sigue en pie

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septiembre 10, 2024
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El gobierno nacional de Gustavo Petro debatió durante un año largo con los grandes transportadores y generadores de carga (el oligopolio en transporte de carga), sobre el incremento del valor del galón del acpm, dadas las precarias cuentas fiscales del estado y que han significado gastos para pagarle a Ecopetrol por la fantástica suma de $56 billones pues desde hace 56 meses no se incrementa, ni siquiera por inflación, dicho precio, en una herencia dejada por el gobierno anterior de Iván Duque, que este gobierno corrigió para la gasolina pero no para el diésel y que por tal se convirtió en un subsidio para los transportadores de carga en desmedro de la inversión social, que es una muy fuerte deuda que el estallido social exigió y que este gobierno levantó como suyas en la campaña para la presidencia y que hoy necesita realizar.

Digamos que es un tema heredado desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, agravado con altísima gravedad por la imposición de ese gobierno de los contratos de concesión petrolera a favor de los inversionistas extranjeros que determinó que la participación en la explotación de dicho hidrocarburo pasara del 73,6 % en los contratos de asociación a favor del estado a solo el 27,6 % en los contratos de concesión. Una reducción significativa que ha implicado como el mayor perjuicio en nuestra soberanía energética.

La intransigencia de los grandes transportadores representada en el señor Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, declarado y expreso uribista, vio en el alza del combustible mencionado, la oportunidad de declarar un paro camionero que le permitiera generar un gran desorden con los bloqueos, tal que pudiera generar una gran ingobernabilidad que desembocara en un golpe de estado.

Así nos lo señala la  experiencia chilena que derivado de un gran paro camionero desarrollado en un año, terminó en un golpe de estado, el asesinato contra el presidente Salvador Allende, la imposición de la dictadura militar de Augusto Pinochet y la imposición a sangre y fuego del experimento neoliberal que se extendió a toda la región. Ello nos da una alerta que no podemos dejar de estar siempre señalando y por tal previniendo.

Sin embargo, para fortuna del país y del gobierno del cambio, la decidida vocación del gobierno de atender el paro  mediante el diálogo, siempre buscando el acuerdo, incluso bajando la propuesta de incremento del diésel y la oportunidad de poder conversar con los pequeños y medianos transportadores así como con sus trabajadores, con los cuales nunca se había reunido, cambió el escenario de la negociación y del paro.

Se demostró que los grandes transportadores y generadores de carga, aprovechando además la sobre oferta camionera producto de procesos económicos anteriores, incluido el lavado de activos para compra de tractomulas, mantiene en condiciones muy precarias  y en condiciones de riesgo de quiebra, a los pequeños y medianos transportadores, dado de que no se les reconocen los fletes oficiales y  a los trabajadores del sector no se les pagan sus derechos laborales y se les restringe y persigue a quienes osan constituir sindicatos. Se les dice que trabajan en la informalidad, cuando lo cierto es que los grandes empresarios no reconocen sus contratos legales como ordena el código sustantivo del trabajo. De esa manera la negociación tomó otro rumbo y se desvaneció la pretensión del uribismo de un golpe en medio del paro y rápidamente, después de escasos 4 días del conflicto se llegó a un acuerdo, como nunca antes había sucedido. Quedó claro que quiénes nunca quisieron un acuerdo eran los  generadores de carga y los grandes transportadores.

Sin embargo la intencionalidad del golpe sigue en pie.

Se ha conocido que en el Consejo Nacional electoral se discutirá y votará el próximo 16 de septiembre, una ponencia del magistrado Álvaro Hernán Prada que establece una investigación contra el presidente de la República por violación de los topes electorales de su campaña, hecho  ilegal, pues quien solo lo puede hacerlo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Se pretende con ello generar de forma ilegal una animadversión frente al presidente de la República.


Muchas de las supuestas pruebas para demostrar la superación de los topes de una campaña presidencial, se caen muy fácil



Muchas de las supuestas pruebas para demostrar la superación de los topes de una campaña presidencial, se caen muy fácil. Es el caso para señalar solo uno, de la entrega por parte del sindicato de los maestros Fecode, de $500 millones, que según el magistrado Prada se le entregó a la campaña de Petro presidente, muy a pesar de que Fecode ha mostrado y demostrado mediante escritura pública que dichos recursos fueron entregados al partido político Colombia Humana y que dichos recursos aparecen en la contabilidad entregada por dicho partido oficialmente al Consejo Nacional Electoral y debidamente aprobados por ellos.

Y hay más elementos de ilegalidad, como aquel que señala que los términos para esta investigación a los gastos de la campaña ya pasaron, pues la solicitud se debe hacer dentro de los 30 días siguientes a la terminación del respectivo proceso electoral y ya van más de dos años, hecho que resulta incontrovertible y por tal ilegal lo adelantado.

La maniobra de este  magistrado Prada vinculado judicialmente al proceso de falsos testigos del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los pájaros tirándole a las escopetas, es parte integral de los propósitos perversos del uribismo de darle un golpe al presidente Petro en el Congreso de la República.

Frente a estas manifestaciones no cabe duda en señalar el rechazo  a dicho turbio propósito de un golpe y por tal es justo llamar a todos los demócratas del país a cerrar filas contra este quiebre institucional expresándose tanto en los medios de comunicación como en las manifestaciones callejeras,  que permitan desactivar el golpe.

Posdata: Diversos sectores sociales y políticos junto con el gobierno, vienen anunciando una gran movilización nacional para el 19 de septiembre en contra del golpe. En Bogotá será una concentración partir de las 11 a. m. en la Plaza de. Bolívar.

X: fabioariascut

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