El empresario Álvaro Rodríguez y a hijo homónimo, quien preside la poderosa compañía naviera Ventura Group, logaron una primera victoria legal en su pelea por lograr que el gobierno Petro les amplíe la concesión del uso del Muelle 13 de Buenaventura por veinte años más, la cual se le vence a finales de diciembre. El fallo judicial lo emitió el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, presidido por la abogada Paola Andrea Gartner Henao, que decidió suspender la decisión del gobierno nacional a través de la ANI, hoy en cabeza de Francisco Ospina.
Todo comenzó en diciembre de 2023. Para entonces, ya la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le había dado el visto bueno a que la empresa de los Rodríguez siguiera manejando este muelle carbonero como lo había hecho durante dos décadas. Sin embargo, el Consejo Directivo de la entidad, conformado, entre otros, por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dio un reversazo argumentando que continuar con la concesión representaría un grave daño ambiental para la región.
Esto teniendo en cuenta que uno de los productos que más se mueven desde allí es el carbón, uno de los materiales más contaminantes que al almacenarlo en los patios suelta un polvillo que termina llegándole a las comunidades aledañas, como lo expresaron incluso con manifestaciones públicas.
El reconocido empresario naviero no dio el brazo a torcer
Durante todo este año ha buscado caminos legales antes de llegar a la fecha del 31 de diciembre 2024 en la que terminaba la concesión. Agotaron una primera ruta con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en razón de que la sede administrativa de Ventura Group está en Bogotá, pero no tuvieron éxito en esta primera instancia. Luego apelaron la decisión ante el Consejo de Estado, que en mayo de este año ratificó lo decidido por los magistrados del tribunal.
El equipo legal no se dio por vencido y acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, logrando una primera victoria legal con base al hecho de que Ventura Group tenía al día las licencias ambientales exigidas y con las que ha operado durante estos año.
Sin embargo, la decisión del Tribunal que suspende la resolución no obliga a la ANI, entidad gubernamental con la que distintas empresas portuarias como la Sociedad Portuaria han tenido otros peleas, a la prórroga de la concesión como buscaba Álvaro Rodríguez, sino sino que invita a buscar una salida concertada.
Algo a lo que no accederá fácilmente el gobierno Petro, que tuvo una posición radical frente al asunto, con el agravante de que la concesión termina este diciembre, lo cual dejarían a Ventura Group en el limbo, con un fallo judicial a su favor, pero sin respaldo en la práctica que le evite levantar su operación portuaria.
También le puede interesar: Los cinco grandes dueños de la empresa más grande de Buenaventura: la Sociedad Portuaria
