Gustavo Adolfo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, puso la cara y se sentó a dialogar en uno de los focos más tensos de las protestas por la inconformidad con el aumento del impuesto predial.
En el municipio de Lebrija, Santander, donde las manifestaciones han tenido mayor impacto, fue él mismo quien se plantó ante comunidades que reclaman incrementos que, en algunos casos, superan el 100 % frente a lo que pagaban el año anterior: incrementos generados por los avalúos del catastro multipropósito.
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En medio de bloqueos y exigencias de revisión inmediata de los avalúos, una llamada directa de Marulanda destrabó un punto que mantenía estancado el diálogo. A partir de ese contacto, se acordó la realización de una reunión con representantes de los manifestantes, quienes hasta entonces no tenían voceros definidos. El compromiso de trasladar a varios líderes locales para participar en la mesa abrió la puerta a una negociación que busca responder al malestar creciente por el impacto de la actualización catastral en el bolsillo de los contribuyentes.
La actualización catastral ha sido una de las decisiones más sensibles del gobierno de Gustavo Petro y Marulanda es hoy la cara visible desde la dirección del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Él es el funcionario a quien le ha correspondido liderar el catastro multipropósito y luego explicar, defender y, en muchos casos, enfrentar el descontento de ciudadanos que han visto cómo el valor de sus predios cambió después de décadas sin ajustes y, con ello, el monto del impuesto predial.
Acuerdos de paz de 2016
El trasfondo de esta tensión con los manifestantes y críticos de los avalúos tiene su origen en Acuerdo de paz que Petro involucró en su Plan de desarrollo ‘Colombia potencia mundial de vida', con lo cual se volvió ley de la República en 2023. El llamado a haberlo hecho era de Iván Duque, pero le hizo el quite para evitar el conflicto social y sobre todo con los grandes propietarios de tierras que tienen asiento en el Congreso.
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Duque nombró como directora del Instituto Agustín Codazzi a Ana María Aljure, mano derecha de Alejandro Char, quien contó con el respaldo de la bancada costeña. Aljure venia de ser viceministra de Karen Abudinem, la Mintic de Duque que salió enredada en el escándalo de Centros Poblados. El Gobierno Duque encontró la ruta laboral para Aljure en la dirección del Instituto Agustín Codazzi al cierre de 2021, un cargo técnico para el cual no estaba preparada, pero tenía una misión política: atajar el catastro multipropósito. Y así lo hizo. Hoy se prepara en Barranquilla para suceder a Alejandro Char en Barranquilla.
Para que la gente propietaria de los estratos 1, 2 o 3 en los pueblos y ciudades o los campesinos y los pequeños y medianos propietarios de la tierra rural no les pongan los alcaldes y concejales exagerados impuestos prediales, hay que hacer que los acuerdos de los concejos… https://t.co/W30QRWulhR
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 11, 2026
Con el cambio de Gobierno Petro tenía claro el significado del catastro multipropósito y estaba decidido a implementar el Acuerdo de paz firmado en 2016 entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, una obligación constitucional. De allí la escogencia de Gustavo Marulanda en el Agustín Codazzi, un hombre que llegó con la tarea a la que se le atravesó Aljure: volver realidad el catastro Multipropósito. Hoy en medio de las protestas el presidente no ha hecho otra cosa que respaldarlo.
¿Quién es Gustavo Marulanda?
En ese contexto, la figura de Marulanda es protagonista. Fue uno de los primeros nombramientos de Petro al inicio de su gobierno, el 16 de septiembre de 2022, y uno de los pocos directores que se ha mantenido en su cargo sin sobresaltos políticos. Su perfil técnico y su trayectoria en temas de tierras y catastro lo convirtieron en una pieza clave para liderar en el gobierno Petro una política que el presidente considera fundamental para redistribuir la carga tributaria y hacer más equitativa la tenencia de la tierra.
Marulanda no llegó improvisando. Es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública con especializaciones en gobierno y asuntos públicos, y tiene formación complementaria en políticas macroeconómicas, finanzas públicas y planeación del desarrollo. Su carrera supera las tres décadas en el sector público, con paso por entidades como el Departamento Nacional de Planeación, Findeter, la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Economía Solidaria y el mismo IGAC, donde ya había trabajado en la estructuración de la política de catastro multipropósito.
Viejo conocido del Presidente
Su relación con Petro viene de años atrás. En Bogotá, Marulanda fue director de Catastro desde 2009, nombrado durante la administración de Samuel Moreno. Cuando Petro llegó a la Alcaldía en 2012, decidió ratificarlo en el cargo, reconociendo su experiencia técnica. Permaneció allí hasta la llegada de Enrique Peñalosa, momento en que salió de la entidad y pasó a trabajar como asesor en el IGAC, donde estuvo hasta 2018. Luego se vinculó a la Agencia Nacional de Tierras y, más adelante, al sector privado, en consultorías relacionadas con ordenamiento territorial y catastro.
Ese recorrido explica por qué Petro lo llamó nuevamente, esta vez para liderar el IGAC con un objetivo claro: sacar adelante el catastro multipropósito, especialmente en las zonas rurales, donde la desactualización era más evidente. En muchos municipios, los avalúos no se habían revisado en más de 20, o incluso 30 años. Eso generó una brecha significativa entre el valor catastral y el valor comercial de los predios, permitiendo que grandes extensiones de tierra pagaran impuestos muy bajos.
La actualización busca corregir esa distorsión. Según la lógica del Gobierno, contar con información precisa permite formalizar la propiedad, mejorar las finanzas de los municipios y planificar mejor el uso del suelo. También responde a una visión política: quienes tienen más tierra, especialmente si es improductiva, deberían paguen más, mientras que los pequeños propietarios y campesinos deberían tener una carga menor.
El problema de los topes
Sin embargo, la implementación ha sido compleja. En varios municipios, los nuevos avalúos generaron incrementos significativos en el predial, lo que encendió las alarmas. Aunque la normativa establece que el aumento del impuesto no puede superar ciertos límites para la mayoría de los predios, las quejas apuntan a casos en los que esos topes no se habrían respetado. Ahí es donde Marulanda ha tenido que intervenir, aclarando que el IGAC define los avalúos, pero son los municipios los encargados de fijar tarifas y liquidar el impuesto.
En medio de la presión, el director del IGAC ha insistido en que el proceso se ha hecho con rigor técnico. La actualización se basa en estudios sobre la capacidad productiva del suelo, su ubicación y su uso. Además, ha señalado que se han realizado ajustes cuando se detectan inconsistencias, y que se seguirá revisando caso por caso en coordinación con alcaldías y comunidades.
El momento actual es crítico. Las protestas obligaron a abrir espacios de diálogo que no estaban claros hace semanas. La posibilidad de instalar una mesa nacional con representantes de los manifestantes, alcaldes y el Gobierno marca un punto de inflexión. Marulanda ha sido clave en ese giro, al establecer canales directos de comunicación con líderes locales y facilitar acuerdos mínimos para avanzar en las conversaciones.
Su papel combina lo técnico y lo político. Aunque su perfil es el de un funcionario especializado, hoy está en el centro de un debate nacional que va más allá de cifras y metodologías. El catastro multipropósito toca temas sensibles como la propiedad de la tierra, la equidad tributaria y la capacidad del Estado para ordenar el territorio.
En ese escenario, Marulanda sigue siendo el encargado de ejecutar una política que el Gobierno considera estructural. Mientras las discusiones avanzan y las tensiones continúan, su tarea es sostener el proceso, corregir errores cuando aparecen y mantener abierto el diálogo con quienes cuestionan sus efectos. Su permanencia en el cargo, en un gobierno con múltiples cambios, refleja la confianza que tiene el presidente en su capacidad para llevar adelante una de las apuestas más complejas de su administración.
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