Los congresistas que se posesionan esta semana terminarán su período en cuatro años, tiempo en el que un niño que está naciendo hoy en Colombia apenas habrá dado sus primeros pasos y dicho sus primeras palabras. Esa diferencia de escalas es la clave de todo lo demás: mientras la política se mide en periodos electorales, la infancia se mide en décadas. Y sin embargo, los congresistas que se están posesionando decidirán, con cada ley que aprueben o dejen de vigilar, bajo qué reglas crecerán generaciones enteras que ni siquiera podrán votar por ellos.
Hay algo que es importante reconocer, porque el escepticismo crítico hacia nuestros legisladores muchas veces no permite verlo, y es que Colombia ha construido, en silencio, una de las arquitecturas jurídicas de protección a la infancia más sólidas de América Latina. Desde que la Constitución de 1991 estableció que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, el país no ha dejado de legislar en esa dirección.
La incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño; el Código de la Infancia y la Adolescencia de 2006, que dejó atrás la vieja idea de tratar a los niños en riesgo como un problema de orden público y la reemplazó por el principio de la protección integral; la política de Estado De Cero a Siempre para la primera infancia; las leyes que han prohibido el castigo físico, el matrimonio infantil y las uniones tempranas; la creación de la unidad especial de la fiscalía para investigar delitos contra la niñez; la regulación de entornos digitales más seguros; y, muy recientemente, la creación de una Comisión Legal dedicada por completo a la niñez.
Ninguno de estos avances fue obra de un solo gobierno ni de un solo partido. Nacieron de consensos tejidos durante treinta años entre congresistas de todas las corrientes, entidades del Estado, organismos internacionales, academia y sociedad civil. Desde plataformas como la Alianza por la niñez y Niñez Ya, la sociedad civil ha tenido un rol fundamental en la conversación pública sobre las necesidades de la infancia y en la construcción misma de las motivaciones y los articulados de las leyes que buscan asegurar sus derechos.
Por eso la pregunta que debería hacerse el Congreso que hoy se instala ya no es qué ley nueva necesita la niñez colombiana. Es otra, más incómoda y más importante: ¿qué Congreso necesita la infancia?
Porque la experiencia de estas tres décadas deja una lección contundente: el problema dejó de ser, principalmente, la falta de leyes. El problema es que muchas de las leyes que ya existen no llegan a la vida cotidiana de los niños. La Corte Constitucional sigue haciendo seguimiento a la crisis humanitaria de la niñez wayuu ocho años después de haber declarado un estado de cosas inconstitucional. Entre un departamento y otro, las diferencias en el acceso real a salud, educación y protección siguen siendo enormes. Y varias de las reformas más recientes todavía no cuentan con evaluaciones serias que permitan saber si de verdad están cambiando algo.
Dicho de otro modo: el reto ya no es solo escribir normas nuevas, sino garantizar que las que existen tengan presupuesto suficiente, coordinación entre instituciones, seguimiento y rendición de cuentas. Eso cambia lo que debería hacer un congresista. Legislar seguirá siendo esencial: todavía hay temas, como una política estable y sólida de apoyo y fortalecimiento a las familias, que solo pueden volverse realidad con respaldo legal. Pero quizás la tarea más importante de los próximos cuatro años sea otra: ejercer un control político mucho más riguroso sobre el cumplimiento de lo ya aprobado. Preguntar qué está pasando de verdad con los niños en los territorios. Exigir resultados que se puedan medir. Revisar las políticas con evidencia y no con discursos. Verificar que los recursos lleguen donde más se necesitan.
La infancia necesita un Congreso capaz de pensar más allá del próximo debate y de la siguiente elección. Un Congreso que entienda que proteger a los niños no admite banderas ideológicas; que exija cuentas con la misma energía con la que aprueba leyes; que escuche la evidencia antes que el ruido y que mida el impacto real de sus decisiones, más allá del número de proyectos radicados.
Es precisamente para responder a ese reto que cobra sentido la creación de la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. Por primera vez, el Congreso tendrá una instancia permanente y especializada para hacer seguimiento a la agenda de niñez, sin depender de la coyuntura de cada gobierno. Su valor no se medirá por el número de sesiones que realice ni por los proyectos que radique, sino por algo más difícil: convertirse en la conciencia permanente del Congreso frente a la infancia. El lugar donde, año tras año, el país se pregunte si los derechos que existen en el papel están llegando de verdad a cada niña y cada niño.
Porque las mejores decisiones en favor de la infancia rara vez muestran sus frutos durante el período de quienes las impulsan. Sus efectos aparecen después, cuando baja la violencia, sube la permanencia escolar, mejora la nutrición o más niños logran crecer en familias que los protegen. Y eso solo ocurre si alguien se ocupó, mientras tanto, de que esas leyes dejaran de ser papel y se convirtieran en presupuesto, en instituciones, en programas que de verdad funcionan en los territorios. Ese es el costo de legislar para la niñez: sembrar decisiones cuyos frutos, casi siempre, los recogerán otros. Porque cuando esos niños tengan por fin las palabras para nombrar el mundo, la realidad que describirán no la habrá escrito una ley en el papel, sino lo que este Congreso, y los que vengan después, hicieron o dejaron de hacer para que esa ley se convirtiera en su vida cotidiana.
Perfil Esteban Reyes, Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS
Abogado de la Universidad de Los Andes, master en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y master en Derechos de la Infancia de la Université Paris 8, en Francia. Actualmente es director nacional de Aldeas Infantiles SOS, una ONG internacional que brinda cuidado directo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de desprotección, fortalece familias en situaciones de riesgo o crisis, y aboga por la defensa de los derechos de la niñez y las familias.
Su amor por las causas sociales y, principalmente, de la niñez, lo llevó a trabajar en la Fundación Tiempo de Juego, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, donde se relacionó con la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables y reconoció de cerca las necesidades de niños y niñas.
Del autor: La forma en que un país cuida a sus niños y sus familias
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