Las comunidades de las universidades públicas del país, con base en lo estipulado por la Ley 30, están prisioneras de su propia autonomía y no pueden ser defendidas por nadie. En aras de la autonomía universitaria no hay entidad externa alguna que pueda entrar a regular o verificar comportamientos antidemocráticos e indebidos al interior de las universidades. Pero además nada se puede tildar de antidemocrático (aunque así lo sea), dado que existe la “representación” de profesores, estudiantes, egresados y directivos académicos en los diversos consejos de la universidad, quienes, por cierto, suelen asumir que la autonomía universitaria consiste en la potestad que tienen para tomar decisiones autónomamente a través de los representantes.
Usualmente la autonomía universitaria en la que se amparan los consejos superiores y rectores para tomar sus decisiones no tiene nada que ver con el concepto de autonomía expresado en el manifiesto de Córdoba de hace 100 años que ha sido una guía de desarrollo de la universidad latinoamericana. Un ejemplo claro de esta realidad es lo que está sucediendo en la Universidad Distrital, en donde el Consejo Superior Universitario (CSU) en el año 2014, bajo la presidencia de Gustavo Petro, trazó una hoja de ruta para la reforma universitaria, después de derogar un acuerdo que había sido escrito a espaldas de la comunidad universitaria. El mismo CSU de los años 2016 y 2017, bajo la presidencia de Enrique Peñalosa en el CSU, lo dilató de diversas formas. Sin embargo, finalmente salió un proyecto de estatuto general, y el mismo CSU actual (2018), con otros “representantes” y aun bajo la misma dirección, decide tomar el producto de este proceso apenas como un “insumo” que debe ser “corregido” y “limpiado” para que quede bien…y obviamente para que responda a sus intereses.
¿Ante cuál entidad se puede quejar la comunidad universitaria?
Podría ser al Ministerio de Educación en su oficina de inspección y vigilancia, pero responden que en el marco de la autonomía universitaria no pueden en este caso. Sería entonces al Contencioso Administrativo, pero responden que en el marco de la autonomía universitaria no pueden atender este caso. Entonces a la presidencia, ya que tiene un representante en el consejo superior, pero responde que ese es un tema que debe ser estudiado por el Ministerio de Educación.
Podríamos quejarnos ante la sociedad a través de los medios de comunicación, pero se dificulta al no ser un tema que genere noticia como tal. Entonces vamos a solicitar control político desde el Senado o el Concejo, pero es difícil porque en el marco de la autonomía universitaria no está permitido entrometerse en la vida universitaria. Pero aun cuando se haga el control, las directivas de la universidad saben que están amparadas por el concepto de autonomía universitaria, el cual entienden como la potestad que les da la Ley 30 para tomar sus decisiones con autonomía absoluta, al ser el máximo órgano de gobierno, obviamente en asocio con la rectoría de turno.
Pero sabemos que estos “representantes” en muy raras ocasiones consultan a sus representados o tan siquiera defienden los derechos de sus representados, más bien los ocultan, ignoran y atacan. Por ejemplo, el representante de profesores ante el CSU propone que los docentes de planta auxiliares y asistentes no tengan derecho a ser elegidos como representantes, entre muchos otros ejemplos...
Quiere decir que le corresponde a la comunidad universitaria regular los procesos, pero ¿cómo lo va a hacer si en medio están todas las clientelas, amiguismos, intereses particulares? Además, quienes no están allí están muy ocupados con sus asuntos académicos como para interesarse por la vida política de la universidad.
Estamos definitivamente prisioneros de la autonomía universitaria y la democracia representativa.
