El Colegio Militar Simón Bolívar cerró en 2020, después de cuarenta años formando bachilleres bajo disciplina castrense en un predio que ocupaba casi una manzana de Normandía. La Presentación de las Hermanas Dominicas y el San Fasón, fundado en 1935 por las Hermanas de la Caridad Dominicas, corrieron la misma suerte noventa años después de haber abierto sus puertas. El Refus tramita hoy su reorganización. El Gimnasio Campestre y el Marymount, dos instituciones con más de siete décadas de historia cada una, prefirieron fusionarse antes que desaparecer por separado: de esa unión nacerá el Gimnasio Marymount Campestre. Todos esos colegios y otros más han sido recientes titulares de prensa y no por la calidad de su educación que fue bien conocida. Detrás hay una preocupante cifra que los desborda en los últimos cinco años cerraron sus puertas más de 800 colegios privados en Colombia, 35 de ellos en Bogotá solo durante 2025.
Nadie en el sector discute el origen del problema. La pandemia encontró a la educación privada colombiana en su mejor momento: ocupaba entre el 90% y el 95% de sus cupos y concentraba cerca del 68% de los estudiantes matriculados en el país. Cuatro años después esa ocupación ronda el 60%, según cifras de la Asociación de Colegios Privados de Colombia, Acopricol. El COVID no inventó los problemas de los colegios. Los aceleró de una forma que ningún rector había calculado.
El primer factor que explica los cierres golpea a todas las instituciones por igual: los gastos de funcionamiento crecen cada año al ritmo del salario mínimo, la inflación y unas pensiones que la ley obliga a mantener dentro del mismo margen del IPC. Los colegios no pueden subir sus tarifas por encima de ese tope, así que cada aumento salarial se convierte en un hueco que hay que tapar con la misma pensión de siempre. El segundo factor tiene nombre propio: la cartera vencida. En los planteles que atienden a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 —entre el 87% y el 90% de toda la oferta privada del país— la pensión mensual no pasa de 90.000 pesos, y aun así miles de familias no consiguen pagarla. Los alumnos que no pueden seguir migran a colegios oficiales, la deuda se acumula y el hueco fiscal de la institución crece hasta volverse imposible de tapar.
El tercer factor es el más lento y, por eso mismo, el más difícil de revertir: la caída sostenida de los nacimientos. En 2012 nacieron en Colombia 676.000 niños, según el DANE. En 2019 la cifra bajó a 620.000. En 2023 llegó a 510.748, la más baja en doce años y un 24,5% menos que once años atrás. La tasa de fecundidad, que en 2015 estaba en 2,1 hijos por mujer, el nivel de reemplazo generacional, se ubicó en 2023 alrededor de 1,3. Menos nacimientos significan, con un rezago de cinco o seis años, menos niños entrando a preescolar, y ese rezago ya llegó a las aulas de bachillerato. En Bogotá la matrícula privada pasó de 536.109 estudiantes en 2017 a 431.138 en 2024: una pérdida cercana a 105.000 alumnos en siete años.
Los tres factores no actúan solos. Se montan uno sobre otro en colegios que, en su gran mayoría, dependen casi por completo del pago mensual de las familias y no tienen otra fuente de ingreso ni reservas para aguantar un semestre malo. El 43,5% de los colegios privados del país no cuenta hoy con ingresos adicionales a la pensión, once puntos más que en la medición anterior del mismo estudio, que hablaba del 29%. El 70,8% admite que no tiene reservas suficientes para sostenerse el próximo año, y el 58,4% ni siquiera las tiene para cubrir seis meses. El 91,7% reconoce que la mora de los padres afecta su operación mes a mes, y los colegios que cerrarán el año con una cartera superior al 10% pasaron del 6% al 12,3%: se duplicaron en doce meses. Hay, en medio de esas cifras, un dato que parece llevar la contraria: las matrículas nuevas crecieron 47,2% frente al año anterior. Pero la ocupación promedio, que llegó a estar en 68%, sigue bajando, hoy en 62%, y eso confirma que el problema no es solo de matrícula sino de estructura: sobra capacidad instalada y falta un modelo que la sostenga.
Juan Pablo Santiesteban, vicepresidente de Acopricol, lo resume sin rodeos: esto no es una crisis puntual sino un problema estructural que lleva años acumulándose, y cada colegio que cierra se lleva por delante un proyecto que familias enteras y generaciones de profesores construyeron durante décadas.
Las cifras cambian según quién las mida. Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, que suma colegios públicos y privados y mira una ventana de seis años en vez de cinco, contó 6.263 instituciones cerradas en el país: 60,9% públicas y 29,1% privadas, un 12% de todos los colegios que existían en Colombia. En el sector oficial el cierre casi nunca obedece a razones financieras sino a decisiones administrativas, cuando un plantel se queda sin estudiantes suficientes para justificar su funcionamiento; el Estado reubica entonces a los alumnos en la sede más cercana. El problema se agrava en las zonas rurales, donde a la caída demográfica se suman el conflicto armado —con reclutamiento de menores incluido— y una infraestructura que en muchos casos nunca terminó de construirse: cerca del 80% de las sedes rurales no tiene internet, el 59,7% no tiene aulas de informática y el 18,1% ni siquiera cuenta con energía eléctrica. De las 3.817 sedes públicas cerradas desde 2021, la mayoría son escuelas de veredas donde, sencillamente, dejó de haber niños para matricular.
Frente a ese panorama empezó a moverse un negocio nuevo. Mattilda, empresa que dio a conocer las cifras, empresa mexicana fundada en 2022 por un grupo de emprendedores con experiencia en educación, tras el panorama ofrece a los colegios de la región herramientas financieras pensadas para resolver justo lo que hoy los está hundiendo: la liquidez y la morosidad. En Bogotá, mientras tanto, donde funcionan 1.282 colegios privados regulados por la Secretaría de Educación frente a los 1.540 que había hace seis años, cada rectoría que sobrevive ensaya su propia salida. Unas se fusionan, como el Campestre y el Marymount. Otras entran en reorganización, como el Refus. Y otras cierran sin más, dejan un edificio vacío y a cientos de familias con la tarea, a mitad de año, de conseguirles pupitre a sus hijos en algún colegio que todavía siga abierto.
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