Se viene la licitación del servicio aseo de la ciudad anunciada por la UAESP, con el objetivo de implementar un nuevo esquema de aseo en la ciudad. El actual esquema de aseo de Bogotá está dividido en 2 ramas, por un lado el RBL que es la recolección de residuos ordinarios que se disponen en el relleno sanitario, el barrido, la limpieza de las calles y la poda de árboles, y que está operado por las grandes empresas privadas del aseo como LIME, Ciudad Limpia, Aseo Capital y desde diciembre de 2012 la empresa pública de la ciudad Aguas de Bogotá.
Estás empresas operan a través de Áreas de Servicio Exclusivo, es decir, el gobierno distrital les otorgó un sector de la ciudad para que operen monopólicamente dicho servicio contando con todas las garantías que puede tener un monopolio en el mercado. En estas zonas los usuarios están obligados a solicitarle el servicio a una única empresa operadora, pagar el precio que determine el operador del servicio -que está regulado por el Estado-, así mismo el operador tiene todas las herramientas jurídicas para obligar al usuario a cumplir con toda la normatividad en cuanto a disposición y presentación de los residuos, y lo más importante: NO ESTÁ OBLIGADO A COMPETIR CON OTRAS EMPRESAS PARA CAPTAR CLIENTES -en este caso usuarios-, lo que hace de las áreas de servicio exclusivo un negocio rentable para cualquier empresa de aseo.
Luis Eduardo Amador, Doctor en Economía, en un estudio del año 2004 demuestra como el servicio de aseo es ineficiente si se presta en Libre Competencia, es decir, si los operadores tuvieran que competir por captar clientes para prestarles el servicio, no sería rentable debido a los altos costos en transporte en lo que incurre una empresa si tuviera que recorrer toda la ciudad sin poder recogerle los residuos a todos los usuarios por donde pasan los carros recolectores, esta situación incrementaría el precio que pagan los usuarios por el servicio, así como incentivaría la competencia desleal entre los operadores, y por último terminaría configurándose un monopolio en el que la empresa con mayor músculo financiero quebraría a las demás, o un oligopolio en el que de facto los operadores se verían obligados a repartirse la ciudad para que el negocio de prestar el servicio de aseo sea rentable, es decir, áreas de servicio exclusivo que funcionarían de manera informal.
Así mismo la Libre Competencia generaría que las empresas opten por prestarle el servicio a los usuarios donde sea rentable, es decir, recoger los residuos donde las empresa no incurran en altos costos que superen su tasa de ganancia, en este caso los usuarios que generan grandes volúmenes de residuos, afectando notablemente la cobertura porque las empresas no tendrían ningún incentivo de prestar el servicio donde no sea rentable -imaginen localidades de alta pendiente estratos 1 y 2 como Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme-; Por estas y otras razones es que en la ciudad el Servicio Público de Aseo de recolección de residuos ordinarios, barrido y limpieza RBL funciona en Áreas de Servicio Exclusivo.
Por el otro lado tenemos la recolección de residuos aprovechables, o el reciclaje como se le conoce. La paradoja del asunto es que la recolección de residuos aprovechables aunque comparte la inmensa mayoría de principios económicos del RBL, se presta en Libre Competencia de facto -el reciclaje históricamente no ha sido sujeto de regulación por el Estado- y al parecer la UAESP del Alcalde Peñalosa en su nuevo esquema de aseo pretende legalizar la Libre Competencia en dicho servicio.
Las implicaciones de la libre competencia en el reciclaje ya las conocemos, explotación de las y los recicladores por parte de los intermediarios que les compran el reciclaje “bodegueros”, abuso por parte de los usuarios, por lo general multiusuarios y grandes generadores de residuos que obligan a los recicladores a pagar para poder reciclar, así como competencia desleal entre empresas privadas y organizaciones de recicladores y entre las mismas organizaciones de recicladores que compiten ferozmente en la calle por recoger los residuos aprovechables, lo que ha perpetuado la informalidad en esta actividad económica, que se sostiene gracias a la explotación de la población recicladora, es esta explotación la que mantiene altas tasas de ganancia para los “bodegueros” e industriales que transforman los materiales y los reincorporan al ciclo productivo.
Esta situación generó que en el año 2003 la Corte Constitucional declarara a la población recicladora sujeto especial de protección y obligara a la Administración Distrital a incluirlos formalmente el servicio público de aseo. Desde este año hasta a la actualidad la corte ha emitido múltiples autos de seguimiento para que que el distrito cumpla con esta obligación constitucional. Hoy las y los recicladores siguen trabajando en libre competencia una especie de “informalidad vigilada”, aunque desde Diciembre de 2012 cuentan con un pago por el servicio que hace el distrito de acuerdo al peso del material que recupera individualmente cada reciclador, utilizando bodegas privadas -y algunas bodegas públicas operadas por organizaciones- autorizadas para registrar el peso de los materiales.
Los datos de la UAESP señalan que efectivamente los ingresos de la población recicladora se incrementaron con el pago del servicio, así mismo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio avanzó en la reglamentación de una ruta para que las organizaciones de recicladores puedan definitivamente formalizarse y ser empresas de servicios públicos autorizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos SSPD -Decreto Nacional 596 de 2016-. Sin embargo estás medidas aunque son un avance en materia de ingresos y regulación hacia la formalidad, el mantenimiento y ahora legalización de la Libre Competencia supone un retroceso no solo en las condiciones socioeconómicas de la población recicladora, sino que en el largo plazo configura un oligopolio en la actividad del aprovechamiento, en el que solo sobrevivirán unas pocas organizaciones y empresas privadas que cuenten con el musculo financiero necesario para resistir la competencia por captar los usuarios.
Mantener la libre competencia en el aprovechamiento de residuos es vulnerar el principio de igualdad porque no se entiende que a los empresarios del aseo de RBL se les garantice monopolios sobre sectores de la ciudad en las que tienen asegurados los usuarios y el cierre financiero del negocio, mientras que a las organizaciones de recicladores las pongan a competir de manera formal entre ellas y con empresarios privados del reciclaje, así como asumir los costos administrativos y de transporte que implica recorrer toda la ciudad en busca de usuarios. Esta situación NO GARANTIZA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE APROVECHAMIENTO A LA MAYORÍA DE BARRIOS RESIDENCIALES DE LA CIUDAD, porque no es rentable para ninguna empresa u organización recoger aprovechables en zonas con baja generación de residuos y deficientes niveles de separación en la fuente; con el agravante que sí se les cobraría la tarifa de aprovechamiento a los usuarios en la factura del aseo.
El Artículo 54 de la Ley 1547 de 2012 le da al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la potestad de implementar dentro de los esquemas de aseo, Áreas de Servicio Exclusivo por motivos de interés social y cobertura, en las que se le podría garantizar a todas las organizaciones de recicladores un sector de la ciudad en el que puedan prestar el servicio con todas las garantías con las que cuentan los empresarios privados del RBL. Dichas zonas garantizarían la cobertura de todos los usuarios sin distinción de clase social, incrementándose significativamente el aprovechamiento de los residuos, así como lograría superar rápidamente la vulnerabilidad de la población recicladora porque por fin pondría a las organizaciones como Empresas de Servicios Públicos ESP que tendrían las herramientas para exigirle a los usuarios la presentación de los residuos separados en la fuente sin contraprestación alguna.
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS firmado en Diciembre de 2015 avanzó en la propuesta técnica de configurar Zonas de Operación en las que las organizaciones presten el servicio de aprovechamiento de manera sectorizada, y progresivamente asocien a las y los recicladores independientes. Esta propuesta es apoyada líderes del gremio reciclador como Luis Romero de la asociación EMRS y Gustavo Martínez de la organización ARAUK que ven con preocupación el oligopolio que genera la libre competencia y que podría legalizar el nuevo esquema de aseo de Peñalosa, en la que empresas privadas y algunas organizaciones se han apoderado del mejor segmento del mercado, y con los recursos que ahora van a recibir vía tarifa, tendrán el músculo financiero suficiente para en el mediano plazo desplazar y quebrar a las demás organizaciones recicladores en proceso de formalización.
Así pues, en la licitación de aseo de Bogotá está en juego la democratización o concentración de la riqueza del reciclaje, y la administración distrital no puede desconocer que aunque históricamente la recolección y transporte de los residuos aprovechables ha funcionado sin regulación y en libre competencia, esta situación ha generado explotación, abusos, informalidad, baja cobertura, deficientes niveles de separación y una ineficiente tasa de aprovechamiento de los residuos de la ciudad.
R. Camilo A. Leal
Historiador, Universidad Nacional de Colombia
Candidato a Magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, Universidad Distrital FJC
Docente de Ciencias Sociales, Colegio La Merced IED
