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Como políticas públicas, en el acuerdo de paz se tocaron un número importante de temas que, en Colombia, debimos lograr hace décadas, con o sin esos acuerdos. Para lograrlo, no nos hace ningún bien que se meta en un mismo saco, lo que se opine sobre el capítulo de justicia transicional y sus tres componentes de Justicia Especial para la Paz, JEP, Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad, con nuestras deudas históricas para con las Víctimas, las personas en proceso de sincera reincorporación, los pobladores de los municipios PDET, la implementación de los 16 Planes Nacionales Sectoriales para acabar la brecha entre la ruralidad y las zonas urbanas del país, la sustitución de coca.
El análisis debe separarse y las posiciones ser, a cada uno de esos respectos, independientes. Y, sobre todo, no podemos perder, por las razones equivocadas, la oportunidad histórica de continuar, ahora, lo que dejamos andando hace 4 años con el Presidente Duque.
Un tema que, sin ninguna duda, debe volver a ser prioridad del país, es la implementación de las iniciativas que las comunidades plasmaron en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Por todas las razones posibles:
Un asunto de equidad: Las brechas entre las ciudades y los territorios PDET son escalofriantes. Casi la mitad de la población PDET es multidimensionalmente pobre. En los municipios PDET se encuentra el mayor rezago en acceso a bienes y servicios públicos; se presenta el más alto de analfabetismo. Casi todos los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria. Apenas 2% de la población rural tiene acceso a internet; una cuarta parte de los hogares no tienen servicio de energía eléctrica y más de la mitad están privados de acceso a fuentes de agua mejorada.
Un asunto de justicia ambiental: 45% de los parques naturales de Colombia y casi el 90% del área deforestada se encuentran allí. ¡Son nuestros pulmones!
Un asunto de seguridad nacional: Los municipios PDET abarcan un poco más del 30% del territorio nacional y allí vive un poco menos del 20% de la población. Son, entonces, zonas muy dispersas. Esa condición, sumada a la baja o inexistente presencia de vías de acceso, nuestras gigantes montañas, la cantidad de ríos y selva, hace posible que los delincuentes, no solo cometan sus crímenes, sino que además tomen control del territorio.
Esa característica ha estado en el origen de todas las violencias que han atacado, desangrado y herido a Colombia por décadas y generaciones. Esta razón, que es de seguridad, no tiene que ver con esas zonas, tiene que ver con todo el país. Sacar adelante a los municipios PDET es y debe seguir siendo una causa de todos los colombianos. Y, si no rompemos el círculo, volverá a ocurrir.
Están nombradas las directoras de las unidades y agencias con las mayores responsabilidades en que ese proceso de cumplir se lleve a cabo y también el Fondo Colombia en Paz. Tenemos, en varias de las entidades y ministerios profesionales con las cualidades, conocimiento y mística que se precisa. Cada planeación que se necesitaba está a la mano para retomar la ejecución. El Congreso de la República ya dio un paso al haber prorrogado los PDET por 10 años más.
No nos vayamos a equivocar: al pan, pan, y al vino, vino. Esta tarea que está en curso no puede sacrificarse por una discusión de ideologías y visiones sobre un tema que sólo estuvo en el vecindario de un texto, sin que eso haga que se afecte para nada, ni su mérito, ni su urgencia, ni su importancia, ni su relevancia. ¡Estemos a la altura del milagro que se necesita!
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