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Se ha conocido la iniciativa de promover que a los corruptos se les ofrezca la disminución de sus penas, a cambio de delatar a sus cómplices. La iniciativa llega al fuero penal años luego que en materia de prácticas comerciales restrictivas existe una institución legal que incentiva el mismo comportamiento: La Delación.
Dentro de los acuerdos considerados legalmente contrarios la libre competencia están los que “…tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas” Y, desde 2009 con la ley 1340 tenemos la posibilidad de que quien sea parte de una colusión de esa naturaleza acuda a la Superintendencia de Industria y Comercio y, aportando elementos de juicio relevantes para que esa Autoridad Única de la Libre Competencia pueda abrir o cerrar exitosamente una investigación, reciba la exoneración de la multa o una disminución sustancial en el valor de la misma.
En diferentes momentos de la administración de esa Superintendencia, se ha usando más o menos intensamente la figura. Pero, obvio, es clave ahora ver las enseñanzas que su implementación nos ha traído, para tomar de eso lo útil para recomendarlo a su nueva versión.
De frente, dado que es una conducta que es infracción a dos cuerpos normativos, salta la importancia que la Fiscalía General de la Nación trabaje de la mano del Ministerio de Justicia y la SIC.
El beneficio no está a disposición de quien ha sido el originador, el cerebro, el instigador de la infracción. De este modo se evita crear una posibilidad horrible y no útil para nada, ni nadie, en que una misma persona arme el delito, se aproveche del mismo y luego sea premiado si “traiciona” a quienes lo siguieron en su aventura ilegal.
Los beneficios son limitados y decrecientes. Solo un número limitado de los que han participado en el ilícito pueden acceder a los beneficios y a medida que ya haya uno, para los siguientes la reducción es menor y la exigencia de aportes útiles mayor. De esa manera se promueve una competencia por ser el primero en delatar y se crea una fisura en la lógica de que todos se protegerán unos a otros.
No hay ningún espacio para que los delincuentes se queden con parte o todo el producto de sus fechorías. Lo que se ofrece es una rebaja en la pena, en la sanción. No es moralmente admisible, ni sería una política criminal inteligente que se premiara a los corruptos con una parte de los recursos de los colombianos que han logrado para sí violando la ley.
En la misma línea, no se afecta de ninguna manera la necesidad de que las víctimas sean reparadas y lo sean en su integridad. Ciertamente, para el caso de la Delación, los afectados mantienen la posibilidad de acudir a demandas de perjuicios individuales o acciones de grupo y las populares. Con mayor razón, para lo que ahora se evalúa, el Estado, en cabeza de la Agencia de Defensa de la Nación, coordinando con las entidades afectadas directamente, tienen que, no solo mantener esa posibilidad, sino reforzarla como una obligación, para que la reducción en la pena no apareje que nos resignemos a perder los recursos.
Dicho sea de paso, si la propuesta trae además que se inicie un trabajo entre la SIC y la Agencia para usar los mecanismos legales para que los coludidos que ya han sido investigados y sancionados reparen al Estado los daños que causaron, sería un lindo regalo para comenzar el año que no depende del rumbo que siga esta nueva iniciativa.
Tenemos la idea, tenemos los espacios legales, contamos con las personas en las posiciones que se necesita para llevarlas a cabo. ¡Vamos!
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