Para decirlo con todas sus letras y en mayúscula, lo que la Corte Constitucional y su núcleo mayoritario ha hecho, con su Sentencia sobre el Fast Track para la paz, es un golpe de Estado que condena a mayor violencia y derramamiento de sangre a la sociedad colombiana.
Una gran convergencia por la paz debe derrotar ese peligroso asalto de los Togados uribistas y fascistas contra el derecho fundamental a la paz de todos los colombianos.
Que las Zonas Veredales, que los Puntos de Transición, donde están mas de 7 mil guerrilleros, se sumen a la potente movilización popular en curso, con paros y huelgas, para detener la maniobra reaccionaria promovida y orquestada desde la Convención del Centro Democrático que quiere anticipar la destrucción de los consensos de paz.
El cuento de las mayorias santistas en el Congreso para aprobar las leyes de paz pendientes es pura ilusion y una gran mentira.
¿No será hora de otra gran Conferencia nacional guerrillera para que trace el rumbo a seguir en momentos de tanto peligro e incertidumbre?
La decisión que tomaron el día 17 de Mayo del 2017, los Magistrados de la Corte Constitucional Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero, José Antonio Cepeda, Iván Escrucería y Gloria Estella Ortíz, para eliminar los literales H y J del Acto Legislativo 01 del 2016, la espina dorsal del denominado Fast Track para tramitar los Actos Legislativos y las Leyes que implementan en el plano normativo el Acuerdo final de paz firmado con las Farc-Ep, es un nítido Golpe de Estado contra la institucionalidad vigente al amparo de la Carta de 1991.
La paz es un derecho fundamental en el actual marco jurídico y en tales términos el gobierno del señor JM. Santos adelanto, como cabeza principal del régimen estatal, un proceso de negociación con las guerrillas revolucionarias de las Farc para superar el más prolongado conflicto social y armado de nuestra historia.
Los diálogos realizados durante más de 5 años se cerraron con un Acuerdo firmado el 24 de noviembre del año 2016.
Dicho pacto compromete todo el Estado y cada una de sus ramas. Más aún, se previó un Pacto político para sumar la voluntad de los partidos políticos con reconocimiento legal con el fin de volcar su acción hacia la paz y la reconciliación, estableciendo que quienes se marginaran de tal cometido quedarían por fuera de la legalidad.
El Acuerdo de paz y su implementación, además de ser un pacto superior tiene una obligación ética por los fines que conlleva en la exclusión de la violencia y el uso de las armas en la controversia democrática.
Sin embargo, el núcleo mayoritario de la Corte Constitucional ha desatado un cisma institucional con muy graves repercusiones en la gobernabilidad y estabilidad del régimen de dominación.
Lo que se dio fue un golpe de Estado pero también una gran fractura política que refleja la lucha intestina de las facciones de la élite dominante.
Desde hace un buen tiempo hay una intensa confrontación entre dos alas de la oligarquía, que, analizada desde el campo de la sociología política configura una estructura de oportunidad para ser capitalizada por los sectores subalternos en la formación social.
Esa división intraélite por supuesto se extiende a las diversas ramas y niveles del Estado como lo estamos comprobando con la fatal determinación de la trinchera ultrareaccionaria de la Corte.
Las Farc y el movimiento popular deben propiciar el flujo de la acción social para recuperar el hilo del proceso de paz en las condiciones de imperfección tal como lo hemos visto hasta el momento, por causa de la vigencia de otros actores y segmentos del conflicto armado que encarnan el ELN, el EPL y las denominadas bandas criminales, aupadas desde los aparatos militares y policiales del gobierno comprometidos en el negocio de las drogas.
La presencia efectiva de la multitud defendiendo la paz pero demandando reivindicaciones neurálgicas como lo hacen los habitantes de Buenaventura, Choco, los educadores, las madres comunitarias, los campesinos, los indígenas, los trabajadores estatales, los jueces y otros segmentos sociales, adquieren las características de una convergencia que incluye las Zonas Veredales guerrilleras, dispuesta a revertir el monstruo infernal del retorno de la guerra y la violencia generalizada.
Que cada sector aporte lo suyo pero que la visión colectiva esclarezca las rutas del avance con los acumulados alcanzados por las guerrillas revolucionarias en sus diálogos con el gobierno de turno.
Con la potencia alcanzada no es la hora de las timideces y las inercias. Es el momento de la agilidad y la oportunidad para las consignas y los pliegos mínimos que permitan contener el ímpetu golpista de la ultraderecha neoparamilitar.
Hay que exigir el respeto por los acuerdos de paz y no hacerse ilusiones con las formulas santistas para hacer mayorías legislativas en momentos en que el Presidente tiene el sol a sus espaldas y la gobernabilidad hecha añicos.
Es con la acción de masas, con la movilización pública que se avanza en la construcción de la paz. Lo otros es la ilusión legislativa y el cretinismo parlamentario.
Nota. Dada la compleja encrucijada en que se encuentra la paz, ¿no será oportuno convocar una conferencia guerrillera extraordinaria para que colectivamente se trace una orientación adecuada a toda la militancia y dirigencia revolucionaria?
