A propósito de las reformas anunciadas por el gobierno Petro, como la Ley Estatutaria que eleva la educación en todos sus niveles, como un derecho humano fundamental; la reforma a la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior, la reforma al Icetex y la implementación de la gratuidad en universidades públicas.
En el reciente foro “Para dónde va la reforma de la educación superior en Colombia”, la MinEducación, Aurora Vergara, resaltó, algunos de los desafíos de la educación, desde la primera infancia hasta la educación superior: el acceso a niveles superiores tiene que ver con que los grados décimo y once no son obligatorios.
Refiriéndose a las brechas de acceso, destacó que más del 50% de los estudiantes en entornos rurales desertan por condiciones dolorosas como acceso a los servicios básicos. Por ello, que la media décimo y once serán obligatorios. Frente a cobertura en educación superior, la desigualdad se profundiza en las diferentes regiones, pues mientras en las áreas urbanas la cobertura puede ser total en áreas rurales no llega al 10%.
Agréguese que en Colombia la cobertura es del 54.92% (por debajo del promedio de los países de la OCDE que es del 70%). Una meta ambiciosa del gobierno es avanzar con 500 mil nuevos cupos en educación superior, acabar el déficit fiscal de la universidad pública, garantizar gratuidad en estas instituciones y modificar los órganos de dirección.
Apoyada en los principios de equidad, universalidad, igualdad, inclusión, pertinencia, autonomía de las instituciones de las IES, interculturalidad, progresividad y gratuidad entre otros, lo que no nos explica la funcionaria es cómo se lograrían estas metas y en qué tiempo. Porque en la retórica nadie podría estar en desacuerdo.
Anna Pons, analista de proyectos de la OCDE, invitada al evento señaló: "Hay un cambio en el sistema educativo: pasamos de transmitir conocimientos a los estudiantes, a dar brújulas que les permitan navegar futuros complejos, cambiantes e inciertos".
Así mismo, Raquel Bernal, rectora de la Uniandes hizo énfasis en la perspectiva hacia futuro, llamando la atención sobre el mercado ocupacional en Colombia, donde el “65 % son de nivel práctico y técnico, de mediana y alta complejidad. Las ocupaciones del sistema productivo colombiano de alta gerencia son solo el 28 %. La oferta académica del país es al revés, es 70 % académica teórica y 30 % técnica y tecnológica, con el agravante de que la técnica y la tecnológica no son de la mejor calidad, por lo tanto, no tiene alta valoración social”.
La propuesta inicial de reforma, apenas contempla algunos de los problemas de las instituciones educativas, ignorando que el sistema lo conforman instituciones muy diversas y diferentes entre sí, no se reconocen diferencias sustanciales como las existentes entre las universidades clásicas y las instituciones tecnológicas.
Esta realidad exige un marco normativo diferencial con misiones, programas, comunidad académica, docentes e infraestructuras propias. Como sostiene el experto Víctor Manuel Gomez “la ‘diversificación’ es un punto central en el análisis de las políticas educativas de fomento, financiación, equidad, calidad y el desarrollo social y económico de la nación”. (EL Espectador. 2/09/2023).
Si se observan los rankings internacionales sobre calidad educativa, es evidente que no se distingue, entre la universidad clásica como el lugar donde se genera y enseña el conocimiento universal cuyo objetivo es la expansión del conocimiento y la cultura.
El concepto de Universidad, como lo había precisado en otro escrito, debe entenderse “como acervo dinámico de la cultura, las humanidades, las ciencias, la tecnología y las artes”. En nuestro país se había desvirtuado y tendía a desvanecerse en un conjunto caótico de instituciones públicas y privadas de muy diversa naturaleza.
Muchas instituciones, especialmente privadas, respondían más al ánimo de lucro que a la búsqueda de una genuina calidad académica. Las públicas, acusaban dificultades financieras, elusión de responsabilidades por autoridades territoriales que al inicio las apoyaban, altos niveles de ineficiencia y pérdida de recursos por falta de cooperación y escasa racionalidad en la distribución del presupuesto público destinado a la Educación Superior. El desafío de la reforma era indudablemente enorme; y a ello respondió la Ley 30 de 1992.
Y las universidades tecnológicas, que son de alto nivel, con énfasis específicos en la división técnica y social del trabajo. Ello permite que compitan unas y otras, como es el caso de MIT (Massachusetts Institute of Technology), Caltech (California Technological Instiute), University of Science and Technology (China). En el caso de Latinoamericano, el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Adicionalmente, estas iniciativas de reforma deberían consultar las necesidades estratégicas del país, inmerso en un mundo globalizado que también hace que el conocimiento y el saber trasciendan las fronteras nacionales.
Es clave entender el rol que juegan las universidades para el proyecto de país. Es muy diciente lo que establece el gobierno chino, en el ambicioso programa iniciado en 2015 que busca convertir a sus universidades y facultades en referente mundial para el 2050, según reflexiona Coates, “el gobierno chino va más allá de políticas públicas concretas para el sistema universitario; es un plan nacional a 35 años vista, y no conozco a ningún país que tenga una visión tan a largo plazo para sus instituciones universitarias.”
El foro reconoce el sistema de educación mixto (público y privado), que es decisivo para la oferta académica.Según datos del Sistema Nacional de información de Educación Superior, en 2022, del total de estudiantes matriculador más de 2 millones 460 mil, el 57% es atendido en el sector público y el 43% el sector privado.
En relación con la Ley 30 de 1992, de la cual fui ponente, en calidad de presidente de la Comisión Sexta del Senado, con experiencia de dos rectorías (Universidad Nacional y la Universidad Surcolombiana), con carrera docente plena, acompañado de un equipo de académicos y apoyo del gobierno, fue necesario organizar foros nacionales para consensuar esta iniciativa durante más de un año.
Algunos críticos, sin conocer el contexto nacional de la época, se aventuran a lanzar juicios a priori, algunos desconociendo la propia norma y otros que fungen de expertos de última hora, quieren modificar lo existente regresando al pasado, con el nefasto co gobierno, elección popular de directivas académicas, mayor financiación, entre otras sin importar la calidad académica y cómo encarar el futuro corrigiendo las fallas del pasado.
El contexto de la Ley, iniciando la década de los noventa, consultaba el hecho del rezago de Colombia en investigación, ciencia y tecnología, lo cual exigía plantear con urgencia la investigación, los doctorados, y la necesidad de vincular la universidad con el sector productivo. Solo se contaba con 7 doctorados abiertos, pero solo funcionaba el de química en la UNAL (1997).
Como lo señale en mi programa de rectoría era importante evitar “el pragmatismo de corto plazo que desconocia la importancia de la investigación básica y critica; establecer un puente entre el afán de garantizar el impacto de trabajo de producción de conocimientos en la sociedad y la defensa de la investigación, que solo revertiría réditos a largo plazo”. Era necesario impulsar los trabajos académicos asociados a los problemas nacionales.
Por ello, en mi plan desarrollo para el año 2000 se propuso la creación de la vicerrectoría de investigaciones y se definieron cuatro mega proyectos: sistema agroalimentario, salud, problemas urbanos regionales y ecología y medio ambiente (un quinto gran proyecto se refería a la teoría de la sociedad colombiana). R. Mosquera, Hacia una Universidad Moderna Investigativa, 23 de agosto de 1990.
Es claro, que tres décadas después, como lo sostiene el Ex rector, Moisés Wasserman “Cuando se escribió la Ley 30, el computador personal era prácticamente una curiosidad, el internet era un sueño. La investigación científica era exótica,apenas contemplaba los posgrados, menos los doctorados, que estaban naciendo. Su definición de tipos institucionales era limitada”.
No obstante, los avances fueron notorios, no solo para reglamentar la Autonomía de la universidad, sino la financiación donde en los tan mentados artículos 86 y 87, siempre se habló de un piso y no de un techo, respecto de la financiación estatal, que corresponde a una decisión política del Estado.
También se avanzó respecto a la organización de la Educación Superior del país, que dio origen al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), asumió la fundamentación y discusión académica a las funciones excesivamente burocráticas que ejercía el ICFES. Los sistemas nacionales de Acreditación e Información, constituyeron otra de las más valiosas innovaciones de la Ley.
Por su parte, la creación del Sistema de Universidades Estatales (SUE) se convirtió en un instrumento para la cooperación respecto de racionalizar los recursos humanos e investigativos, el intercambio de estudiantes y experiencias investigativas en el entendido de que manejan recursos públicos, es decir de carácter estatal.
Aunque algunos de los propósitos más ambiciosos solo se lograron parcialmente -por ejemplo, los requisitos de necesaria diversidad de áreas y programas propios de una verdadera Universidad, que mereciera tal denominación–, la versión finalmente aprobada en la Ley 30 generó transformaciones de enorme importancia para la evolución de las instituciones de Educación Superior (IES) en las siguientes décadas.
Así las cosas, bienvenido el debate, que hoy como ayer debe ser abierto, democrático y donde concurran expertos y conocedores del tema, sin ningún ánimo de protagonismos y nuevos mesías del conocimiento, con un facilismo que raya con el populismo, como plantear la gratuidad de la educación superior, así se hable de una progresividad. O incrementar cobertura (500.000 nuevos cupos) ignorando la deserción y las condiciones socioeconómicas de los nuevos estudiantes. Habría que convenir, como ya se señaló, que no se trata de otorgar títulos y graduar de ¡Doctor! a cualquier ciudadano, para lo cual solo es necesario construir aulas universitarias, con el propósito de alcanzar metas cuantitativas.
Es necesario estructurar la educación con miras a la formación para la vida, para la competencia laboral acorde a la era de la globalización y la inteligencia artificial, y por, sobre todo, para tener ciudadanos integrales en paz consigo mismo y con la sociedad.
Quizás esto podría sintetizarse en reformar el sistema de aseguramiento de la calidad, el sistema general de participaciones y los artículos de la Ley 30, referidos a la financiación.
Puede tener razón el exministro Alejandro Gaviria, que en lugar de una reforma estructural improvisada se iniciara con resolver problemas concretos de aquí y de ahora: “algunos prefieren una gran reforma estructural, pero uno debe ser en estos asuntos, corto de visión, tratar de resolver los problemas del presente antes de embarcarse en grandes planes inciertos”.
*Profesor, investigador, exrector de la Universidad Nacional
