Las sociedades también necesitan espejos; no para contemplarse complacidas, sino para descubrir aquello que normalmente no alcanzan a ver de sí mismas. La política democrática es uno de esos espejos; cuando funciona, permite que un país reconozca sus heridas antes de que se conviertan en fracturas.
Durante los últimos días, buena parte de la conversación nacional ha girado alrededor de la posesión presidencial que se realizará el próximo 7 de agosto en Cali; unos celebran el gesto como una muestra de descentralización; otros cuestionan la decisión de trasladar un acto propio de la nación hacia una escenografía atravesada por símbolos militares y espectáculos locales excluyentes. La discusión tiene importancia, los rituales hablan de la manera como una sociedad representa el poder.
Pero mientras el país observa el escenario del evento, conviene preguntarse qué permanece fuera del encuadre; basta caminar unos cuantos kilómetros alrededor del lugar donde se desarrollará la ceremonia para descubrir una región que vive preocupaciones muy distintas a las del protocolo; allí no se discute la ubicación del acto presidencial, se discute la posibilidad misma de habitar el territorio; permítanme presentarles solo algunas de esas escenas regionales.
Al oriente de Cali en Brisas de las Torres, decenas de familias enfrentan un desalojo por parte de la alcaldía de Cali que les deja a la intemperie e instala nuevos conflictos; se vuelve a recordar una vieja paradoja colombiana: el mercado produce vivienda, pero la ciudad continúa produciendo exclusión habitacional. Detrás de cada ocupación informal no suele existir únicamente una infracción urbanística; existe una pregunta que todavía no encuentra respuesta sobre quién tiene realmente derecho a permanecer en la ciudad.
En La Buitrera, zona rural de Cali, el asesinato de María Camila Potosí Gómez, una mujer embarazada de apenas veintiún años, deja nuevamente al descubierto una violencia que ya no puede entenderse como una simple sucesión de hechos aislados; cuando los feminicidios comienzan a repetirse, dejan de hablar únicamente de los agresores; empiezan a hablar también de las dificultades de una sociedad para proteger la vida de las mujeres y de unas instituciones cuya capacidad preventiva continúa siendo insuficiente.
En La Nubia, sobre el corredor Cali-Candelaria, la protesta ciudadana revela otro fenómeno: la muerte de una adulta mayor terminó convirtiéndose en el símbolo de un problema mucho más amplio; la vida cotidiana ya es metropolitana y la movilidad en ese tejido urbano es un gran riesgo; miles de personas trabajan en un municipio, estudian en otro y viven en un tercero; sin embargo, las decisiones sobre transporte, seguridad vial o espacio público continúan fragmentadas; el Estado sigue administrando como si la vida estuviera dividida en espacios abstractos, las protestas crecientes así lo indican.
En Jamundí ocurre algo semejante; el anuncio de nuevos dispositivos militares convive con un reclamo persistente de las comunidades campesinas de la zona montañosa del Farallón: que la presencia del Estado no llegue únicamente uniformada; ningún territorio construye estabilidad duradera si la escuela, el puesto de salud, la asistencia técnica, la infraestructura rural o las oportunidades para permanecer en el campo no aparecen al lado de las operaciones militares; la seguridad también depende de que la vida cotidiana resulte digna de ser vivida.
Más hacia el Pacífico, en el corredor Dagua-Buenaventura, reaparecen las protestas por incumplimientos ambientales, retrasos en las obras de la vía y pérdidas económicas acumuladas durante años. Tampoco allí el conflicto es solamente una discusión sobre una carretera; es la expresión de una vieja fractura entre las grandes decisiones de infraestructura y las comunidades que terminan soportando sus costos sociales, ambientales y económicos.
A primera vista, estos episodios parecen pertenecer a mundos distintos. Uno habla de vivienda, otro de violencia contra las mujeres, otro de movilidad, otro de seguridad y otro de infraestructura. Sin embargo, todos cuentan la misma historia: hablan de un país que tiene desconectada la mayoría de su dirigencia de los problemas cotidianos de las poblaciones; las ciudadanías experimentan sus angustias y sus anhelos lejos de los intríngulis ceremoniales y de los debates partidarios; y las tramas institucionales se cierran en esferas y lenguajes distantes de los intereses y el lenguajes de las y los representados.
Quizá esa sea una de las mayores paradojas del momento: mientras el país político concentra su atención en la representación del poder, las regiones continúan esperando algo mucho más sencillo y mucho más difícil: ser vistas y reconocidas como interlocutoras. Gobernar en este contexto, no consiste únicamente en ocupar un cargo, ni en organizar ceremonias impecables; gobernar significa especialmente aprender a mirar la realidad social en que está inscrito el poder de la representación para que actúe de forma coherente y sincera.
Un poder que deja de mirar a través de la sociedad termina gobernando únicamente la imagen que construye de sí mismo. Quizá esa sea la mayor advertencia que deja este 7 de agosto. Cuando la representación del poder pretende ocupar todo el escenario, el poder de la representación democrática comienza lentamente a vaciarse. Entonces los rituales permanecen intactos, pero la conversación entre el Estado y la sociedad empieza a romperse.
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