00La gran conclusión, con las penurias sociales que hoy asolan a las mayorías de nuestro país, no es otra a que el neoliberalismo es un fracaso. Por lo menos para los más de 21 millones de pobres y los más de 7,4 millones de pobres extremos, según las mismas cifras oficiales del Dane. La economía colombiana ha vivido una pandemia de treinta años. El presidente César Gaviria enterró como una funeraria los ideales del Partido Liberal e impuso un modelo para el lucro de pocos y de espaldas a las necesidades básicas de ese pueblo gaitanista que había visto históricamente representado sus intereses en el programa de reformas sociales que encarnó el liberalismo colombiano desde los años de Uribe Uribe. Nos prometió futuro, pero hemos llegado al futuro y es una catástrofe social.
En el presente siglo los sucesivos gobiernos de Uribe y Santos –con todos sus ministros-, profundizaron el modelo y ataron el destino de la economía a la montaña rusa de los precios de las materias primas, y del flujo de los capitales transnacionales. Desde el desplome de las cotizaciones del petróleo hace por lo menos cinco años, y la destrucción del aparato productivo interno, vivimos en una profundización de la crisis económica que afecta no solo a los sectores más empobrecidos, si no a clases medias, mpymes y profesionales, golpeados también por el deterioro de los diversos indicadores macroeconómicos. No es pues, un accidente del covid la actual situación de emergencia social, sino más bien que la pandemia sirvió de catalizador de una enfermedad crónica de la economía colombiana.
Más del 42 % de Colombia está bajo la línea de pobreza monetaria, casi 9 puntos por encima del promedio de América Latina según la Cepal. Más de 3,5 millones de compatriotas ingresaron a la pobreza después de la pandemia. Un crecimiento del más del 20 % de la pobreza durante el gobierno Duque, luego de que el gobierno Santos modificara la metodología de medición para maquillar las cifras. Hoy 1 de cada 3 nuevos pobres vive en Bogotá -sin contar su área metropolitana- poniéndonos a reflexionar sobre la efectividad de las políticas sociales de los gobiernos locales. Una verdadera calamidad social, con una desigualdad regional tan desproporcionada que en La Guajira y Chocó dos tercios de su población hacen parte de los índices de pobreza, y un ensañamiento de género y generacional que hace que el 46,7 % de las mujeres estén en situación de pobreza y más de la más de la mitad de los menores de 25 años. Todo ello, con el juego estadístico de una inmensa zona de penumbra, ya que el Dane solo considera la pobreza por debajo de ingresos de $10.922 pesos diarios, así que pueden haber millones de “no pobres” con $11.000 diarios que no aparecerán en este registro.
Más del 15 % del país, bajo la línea de pobreza monetaria extrema. Es decir que más de 7,4 millones de compatriotas viven con menos de $ 4.578 pesos diarios. No les alcanza ni para una cubeta de huevos del nuevo codirector del Banco de la República 2,7 millones de personas pasaron a esta condición de pobreza extrema en el último año. Más allá de cifras infladas de supuesto crecimiento económico, no hay reactivación real y sostenible posible sin un plan de choque social, que no solamente desarrolle asistencialismo respecto a los más severos efectos de la pandemia, sino que plantee una nueva política social ante esta devastación neoliberal. Desde el Paro de 2019 se protestó en las calles por otras medidas económicas; el inicio del confinamiento por el covid-19 tristemente popularizó las banderas rojas en los hogares más pobres y reavivó la reivindicación histórica por una renta básica, consigna presente en las jornadas de la rebelión social del 2021, que hoy forma parte del paquete legislativo presentado por el Comité de Paro y la bancada de oposición.
Existen muchas justificaciones y propuestas para la renta básica. Desde aquellas experiencias en Nuestra América, como la asignación universal por hijo, realizado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que reivindicaba el trabajo no remunerado de las mujeres en la economía del cuidado, al modelo de “Bolsa Familia” o “Hambre Cero” en el primer gobierno de Lula en Brasil, que buscaba al mejor estilo keynesiano elevar la capacidad de consumo de las familias, estimulando al conjunto de la economía y garantizando un mayor bienestar social. Soy de las creyentes que en el mediano plazo se debe implementar un modelo universal de renta básica con mujeres cabezas de hogar y adultos mayores, y que no significa regalar nada, sino una reivindicación de los derechos económicos y sociales, consagrados formalmente en 1991 pero desconocidos por estas tres décadas de neoliberalismo. La ciudadanía paga impuestos y trabaja sin remuneración para el bienestar social. La renta básica no es un regalo. Regalo los contratos de la Vía al Llano o los de Centros Poblados.
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El actual proyecto es una Renta Básica de Emergencia. Ni universal, ni permanente. Pero será un primer gran paso para una salida social a esta grave crisis económica
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El actual proyecto de Renta Básica radicado para la presente legislatura, es aún más magro. Es una Renta Básica de Emergencia. Ni universal, ni permanente. Pero será un primer gran paso para una salida social a esta grave crisis económica. Una norma que no beneficiaría solamente a las familias pobres sino al pequeño comercio, agricultura campesina, emprendimientos y mypimes que viven de este consumo popular. El proyecto de Renta Básica de Emergencia beneficiaría a 7.465.541 hogares, que equivale aproximadamente a 30 millones de colombianos (as) los cuales viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. No se trata de asignaciones monetarias politizadas como las desarrolladas por la política uribista de focalización: (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor) que son insuficientes y están clientelizadas, sino que correspondería a un salario mínimo legal vigente por 12 meses, lo cual representan no sólo un beneficio económico sino de bienestar integral, todo ello, sin detrimento de otros programas sociales.
Los mismos que le pagarán a la banca más de 78 billones de pesos por servicio de deuda en 2022, dicen que no hay recursos para las y los colombianos más pobres, y que la renta básica sería un regalo. Regalo los 80 billones de pesos en exenciones tributarias al gran capital en el 2018 según los cálculos del profesor de la Universidad Javeriana, Andrés Felipe Mora. La renta básica de emergencia es inferior a cualquiera de esos cánceres presupuestales que benefician a muy pocos y nos perjudican a todos y todas. Recursos hay, si hay voluntad política, que es de lo que carecen el actual Congreso y el presente Gobierno de Duque. El reto de quienes se manifiestan en las calles desde el 2019 exigiendo renta básica es lograr elegir un nuevo parlamento y un nuevo gobierno que se comprometa a hacer realidad esta propuesta vital para 30 millones de compatriotas. Propongo desde ya que el nuevo gobierno se comprometa a decretar la emergencia económica ante la grave crisis social que tiende agravarse, y así a poder implementar el paquete de choque social, que incluya la matrícula cero, la renta básica temporal, y los planes de reactivación para la pequeña economía. Los derechos no son regalos, pero solo lo entendemos quienes luchamos por ellos.
