Texto escrito por: Nerio Luis Mejia
El 2 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer el informe sobre la identidad de 43 de los 48 cuerpos hallados tras los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco y Calarcá, en el departamento del Guaviare el pasado 26 de mayo. Entre los muertos se encontraban 11 menores de edad.
Es un hecho escabroso y cruel que haya tenido lugar en un país tan hermoso como Colombia. Detengámonos a pensar: ¿cuántas madres lloran a sus hijos asesinados en esa brutal batalla, silenciada en el tiempo y quizás sepultada en el olvido, porque ocurrió en medio del agite electoral, a tan solo cinco días de las elecciones presidenciales?
No terminaba de digerir el informe de Medicina Legal cuando conocí otro reporte, esta vez de la Defensoría del Pueblo. Registraba el desplazamiento de 784 personas en la región del Catatumbo, producto de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en inmediaciones del municipio de El Tarra. Según la entidad, en lo corrido de 2026 se han presentado 13 desplazamientos masivos que han afectado a 2.447 personas, especialmente de Tibú y El Tarra, donde se enfrentan con fiereza por el dominio territorial y las economías ilícitas.
Uno de los aspectos más relevantes de esta espiral de violencia es que regiones enteras están bajo el control de ejércitos ilegales, con los cuales incluso se adelantan conversaciones de paz, como ocurre con las disidencias de alias Calarcá. Por ello es necesario preguntarnos: si mediante los diálogos de paz no cesa la confrontación que ya ha cobrado cientos de víctimas mortales, ¿será que en Colombia no hay más opción que la guerra para terminar de raíz este conflicto que parece no tener fin?
Es inadmisible que estos hechos violentos ocurran mientras el debate nacional se reduce a estrategias políticas para ganar la presidencia, cuando en tantas regiones del país se clama porque cese esta absurda violencia.
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