El asunto es sencillo: al gobernante de turno (presidente, gobernador o alcalde) le resulta muy dispendioso ir a la corporación de elección popular (Congreso, Asamblea o Concejo) a convencer a los corporados sobre la viabilidad y pertinencia de sus proyectos. El proceso democrático requeriría argumentos, cifras, discusiones y, muy seguramente, ajustes y cambios. Un desgaste innecesario. Así que se recurre a la vía fácil y entonces muchos gobernantes, para evitarse estas “molestias” de la democracia, negocian la “gobernabilidad” (aprobación expedita de sus proyectos) con nombramientos, puestos y contratos con cada corporado o con las bancadas de los partidos. Yo te doy burocracia y tú apruebas mis proyectos. La muerte del control político y la desnaturalización del sistema de frenos y contrapesos. Para qué convencer si se puede comprar.
Por el lado de algunos políticos de elección popular el negocio es otro. Para muchos los “acuerdos burocráticos” con los gobernantes de turno que aseguran la “gobernabilidad” son recursos frescos para aceitar sus maquinarias, para cumplir promesas de campaña y, cómo no, para enriquecerse. Quienes ocupan cargos dentro del esquema clientelista saben muy bien que la única razón de su nombramiento es su cercanía y lealtad al político con curul, poco importa la capacidad y preparación del funcionario. Es normal entonces que dentro del sistema yo recibo puestos-yo te nombro-tú me eres fiel, el político condicione los puestos de trabajo con un porcentaje del salario o de los honorarios de sus “recomendados”, el cual debe ser consignado en una cuenta de algún testaferro o entregado en efectivo cada mes. Algunos cínicamente le explican a sus equipos que la política vale plata y por lo tanto todos los miembros deben aportar; otros simplemente dan el número de la cuenta y el % a deducir. Varios políticos, incluida la famosa Regina 11, han sido condenados por este delito de concusión. Los salarios de los recomendados son aceite para la maquinaria política de los corporados negociantes.
El pasado martes en la Asamblea Departamental de Antioquia, corporación de elección popular regional y con funciones de control político a la Gobernación, durante un debate sobre el programa de lucha contra el analfabetismo, el Diputado del Centro Democrático, José Luis Noreña, pidió la palabra y, con desparpajo y naturalidad, le reclamó al Secretario de Educación : “me quiero salir de este tema y hablar de otro al secretario (Néstor David Restrepo Bonnet) que lo veo acá. Doctor Néstor, empezando nuestra Asamblea del año pasado, el doctor Luis Pérez (Gobernador de Antioquia) nos dio unos puestos de (la secretaría de) Educación a cada diputado, alrededor de 80 puestos por diputado. Esto en el tema de Educación; con el CIS (Corporación Interuniversitaria de Servicios) yo quería mirar cómo se puede organizar estos temas”. El video de la intervención continúa y se puede ver como algunos compañeros, al oír la confesión del colega, en vivo y en directo, proceden a alertarlo (¡viejo cómo se le ocurre!) y el resto de la intervención resulta incoherente, cortada e incluso al informador se le nota algo alterado. Para finalizar esta puesta en escena del “teatro del clientelismo”, el presidente de la Asamblea retoma la palabra y, luego de soltar una risa nerviosa, deja caer un “ay Dios” implorante. El negociado del Gobernador Luis Pérez acababa de ser publicado y registrado.
El presidente de la Asamblea retoma la palabra y,
luego de soltar una risa nerviosa, deja caer un “ay Dios” implorante.
El negociado del Gobernador Luis Pérez acababa de ser publicado y registrado
Lo cierto es que esa puesta en escena, “papaya ponida” para algunos y para otros un “desliz” producto de la inocencia, es un ejemplo patente de cómo se manejan las relaciones políticas en nuestro país, en muchos niveles y desde hace años, con el modus operandi del modelo clientelista. Es necesario advertir que este tipo de acciones no son solo una perversión de las relaciones políticas y de la teoría de los frenos y contrapesos que le han hecho un daño terrible a la legitimidad de nuestro sistema, sino que además configuran faltas disciplinarias y delitos. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría tienen la obligación de investigar tanto al Gobernador de Antioquia y su Secretario de Educación como a los Diputados (a los 25 que conforman la coalición) por los delitos de Cohecho (art. 407 del Código Penal) y de tráfico de influencias (art. 411 del Código Penal) y por las faltas disciplinarias graves. Si además de haber recibido los puestos los diputados cobran un porcentaje de los salarios a sus recomendados se tipifica también la concusión. Finalmente, los partidos políticos representados en la Asamblea Departamental, empezando por el del diputado Noreña, convocante de la marcha del 1 de Abril bajo el lema de la “lucha contra la corrupción”, deben investigar a sus avalados para llegar al fondo del asunto y tomar las decisiones disciplinarias del caso.
El contrato de donde supuestamente salen los 80 puestos por diputado de los que se habla en la sesión vale la medio bobadita de ¡veinticinco mil millones de pesos! ¡80 puestos por 25 Diputados en coalición da 2000 puestos! Una mermelada gruesa, pero bien esparcida.
