Tras la reciente adquisición de las operaciones de Movistar Colombia por parte de Millicom, matriz de Tigo, que terminó en la poderosa fusión de Movistar-Tigo, ahora Millicom tendrá que hacerle frente a una multa de $1.358.672.968 impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Millicom, principal accionista Xavier Niel, ya había gastado cerca de $ 856.000 millones en la fusión, y ahora tendrá que responder por una suma más alta. No obstante, esta sanción no afecta la intención que tiene el grupo de hacerle competencia a los mexicanos de Claro.
La decisión de impugnar o pagar la sanción recaerá sobre la nueva junta directiva de la compañía, integrada por Bart Vanhaeren, Sergio Michelsen, Salvador Escalón, Karim Lesina, Fernando Castillo Mayorga, Luciano Marino y Alejandro Guerrero.
La integración entre ambas compañías también trajo cambios en la dirección ejecutiva. Fabián Hernández dejó la presidencia de Movistar Colombia y en su lugar fue nombrado Mariano Alonso, ejecutivo argentino y administrador de empresas egresado de la Universidad Nacional de Córdoba.
Alonso trabaja en Millicom desde 2013 y hace nueve años ocupó el cargo de director de operaciones de clientes para Latinoamérica. Ahora, como nuevo CEO de Movistar Colombia, tendrá el desafío de competir de forma más agresiva con Claro, del mexicano Carlos Slim, líder del mercado colombiano de telecomunicaciones.
La unión entre Tigo y Movistar le permitirá al nuevo grupo alcanzar cerca de 41 millones de usuarios, fortaleciendo su capacidad de inversión en cobertura y calidad de red. Aunque Tigo asumió el control operativo el pasado 4 de febrero de 2026, la adquisición solo se completó oficialmente el 27 de abril, cuando Millicom compró el 32,5 % de participación que pertenecía al Estado colombiano. La operación tuvo un valor cercano a los $856.000 millones.
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Sin embargo, el nuevo grupo de ejecutivos ya enfrenta dificultades regulatorias. En los últimos meses, la SIC impuso dos sanciones relacionadas con la operación de Movistar. La primera, por $4.679 millones, estuvo vinculado con presuntas irregularidades en procesos de portabilidad numérica. Según las denuncias de usuarios, la compañía habría impuesto barreras para impedir el cambio de operador y posteriormente insistía en contactar a los clientes que ya habían migrado.
La sanción más reciente está relacionada con presuntos casos de SIM swapping, una modalidad de fraude en la que delincuentes duplican la tarjeta SIM de los usuarios para acceder a sus cuentas bancarias. De acuerdo con las quejas recibidas por la SIC, varios clientes perdieron la señal de sus celulares y, posteriormente, descubrieron que se había realizado una reposición no autorizada de sus tarjetas SIM.
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