En febrero de 2020, apenas unos meses antes de la detención de Álvaro Uribe Vélez en el caso de manipulación de testigos que se le sigue, el expresidente pidió que se acabara con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Inmediatamente, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, le pidió una entrevista al arquitecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, Juan Carlos Henao. “¿Qué pasaría si se acabara con la JEP?” fue una de las preguntas más importantes de la entrevista.
El curtido jurista contestó con otras inquietudes: “¿Qué se hace con los guerrilleros desmovilizados? ¿Cómo podría el país pasarse por la faja las Sentencias de la Corte Constitucional que avalaron la aprobación del Acuerdo de Paz a pesar de que por un pequeño margen ganó el No en el Plebiscito? ¿Qué hacer con la reparación de las víctimas? ¿Les devolvemos las armas a los desmovilizados?”
La idea de tener un sistema penal no carcelario, alternativo, que pusiera a las víctimas del conflicto armado en el centro, les permitiera conocer la verdad de lo sucedido con sus seres queridos, no las invisibilizara como se había hecho durante un conflicto armado interno de más de 50 años y nunca más repitiera los horrores de la violencia, la concibieron el presidente Juan Manuel Santos y el abogado Juan Carlos Henao en 2014, de espaldas al Jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de La Calle.
En ese momento, los diálogos estaban pasando por dificultades y el tema de la justicia con verdad y sin impunidad, puso interrogantes sobre la mesa para las partes. ¿Deberían los Comandantes de las Farc pagar penas en centros carcelarios que implicaran la privación de su libertad cuando depusieran las armas?
En el país, el ambiente entre los ciudadanos era de incredulidad sobre el resultado de los diálogos con Timochenko y la plana mayor de las Farc. El escepticismo fue el caldo de cultivo que le sirvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez para hacer campaña en esos años con un discurso que calaba en la sociedad: los guerrilleros no pagarían un solo día de cárcel por sus crímenes y hechos como la masacre de Buenos Aires, Cauca, donde las FARC emboscaron a 11 soldados que estaban durmiendo, despertaron aún más la resistencia de los colombianos que no estaban dispuestos a acompañar el proceso de paz.
Así que había que actuar rápido. Por eso, Henao sugirió armar a un equipo con juristas de primer nivel, empezando por él mismo y seguido por el norteamericano Douglas Cassel; el abogado Diego Martínez, el español y asesor jurídico, Enrique Santiago y el exmagistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, quienes en ocho semanas tuvieron listo, el borrador de la estructura de la Jurisdiccción Especial para la Paz (JEP).
Las reuniones de trabajo para armar ese rompecabezas se hacían en el apartamento de Henao, y el ambiente, en contraste con la Mesa de La Habana, estaba atravesado por el compañerismo y la necesidad de sacar adelante la negociación.
El español Enrique Santiago, quien actualmente es Secretario del Partido Comunista de su país y llegó a ser parte del equipo asesor de la guerrilla por recomendación de Piedad Córdoba, rápidamente se puso al frente de "los juristas", como eran conocidos en Palacio.
Cuando Humberto de la Calle se enteró que había un equipo paralelo al de la Mesa que trabajaba en el tema de justicia sin que él supervisara las propuestas, presentó su renuncia. “En una jugada audaz, pero riesgosa, el Presidente abrió un grupo de seis juristas para ‘negociar’ el componente justicia. Esto dio lugar a algunas turbulencias y ambigüedades”.
Al solucionar el tema jurídico, se allanaba el camino hacia la paz con la guerrilla más vieja del continente. No fue fácil atenuar la furia de Humberto de la Calle. A pesar de la resistencia desde el uribismo, la JEP sigue firme como una roca.
Este miércoles 30 de agosto dio un paso gigante en el esclarecimiento de la verdad al imputar, por el caso de los falsos positivos en Antioquia, al general Mario Montoya, a quien le han pedido que diga la verdad a los familiares de las víctimas por hechos que ocurrieron en 2002, justo cuando arrancaba la Seguridad Democrática y en estas circunstancias, eventualmente saldrá Álvaro Uribe a pedir que la desmonten.
También le puede interesar: Los 130 asesinatos de inocentes que la JEP le probó al general Mario Montoya
