En su conferencia ante la Asociación de Profesionales de La Guajira en Riohacha el 2 de septiembre de 1981, Ricardo Plata Cepeda, subgerente del Proyecto Carbocol, lanzó una frase que revela la verdadera mentalidad detrás de la minería del carbón en la región. "Lógicamente que cualquier proceso de desarrollo violenta las estructuras sociales y produce, en algunos casos, sino etnocidios físicos, ciertamente etnocidios culturales". Este comentario desafortunado pone al descubierto la falta de consideración hacia las comunidades étnicas y su patrimonio cultural.
En su artículo publicado recientemente en El Heraldo, Cerrejón vs. la ignorancia supina 1 el mismo señor Plata Cepeda, alardea de la decisión de la empresa Cerrejón de contratar lingüistas para transcribir el idioma nativo, el wayuunaiki, utilizando el alfabeto español. De esta manera, la lengua nativa que antes era oral ahora también es una forma escrita. ¿Pero con qué propósito? ¿Acaso esto no es simplemente otra forma de imponer el dominio cultural y lingüístico sobre las comunidades wayúus? La estrategia de dominación no se detiene en su afán por controlar y apropiarse de todo.
Tratando de resaltar las supuestas "bondades" de la empresa que siempre ha representado y su contribución al desarrollo económico de La Guajira, su escrito escueto esconde una realidad mucho más sombría. La concesión de 69.000 hectáreas de una zona con la mayor riqueza hidrológica de La Guajira, con 26 kilómetros del río Ranchería y múltiples arroyos en su interior, entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, ha tenido un costo incalculable para las comunidades locales. Pueblos afrodescendientes como Roche, Patilla y Chancleta han sido desterritorializados por el extractivismo minero, desplazados de sus hogares y de su historia, en lo que solía ser conocido como Cerrejón de los Negros desde el siglo XVI.
Más adelante menciona la rehabilitación de 5.000 hectáreas por parte de Cerrejón como un logro destacado, escondiendo que, en 38 años, esto es una burla cruel. La cifra palidece frente a las 13.000 hectáreas que han sido intervenidas en total. Es evidente que la empresa no podrá cumplir con su deber de rehabilitación en los 11 años restantes de su contrato. Una vez más Cerrejón demuestra su ya consuetudinario incumplimiento de las obligaciones ambientales.
No es gran cosa que se almacene la capa vegetal; le toca hacerlo, pero ella, aunque se tomen precauciones, tiene pérdidas de nutrientes y degradación durante su almacenamiento. ¿Le debemos el favor a Cerrejón por la siembra de 3 millones de árboles? Estudios científicos han estimado una densidad de árboles en los bosques secos tropicales con gran riqueza hidrológica hasta de 400 árboles por hectárea. ¿Será que ya han debido sembrar 5.200.000?
La minería del carbón en La Guajira ha dejado una estela de destrucción ambiental y desigualdades sociales. ¿Sabía Ud., señor Plata Cepeda, que de los de 2.000 operadores y 2.000 técnicos que fueron entrenados para comenzar la operación de El Cerrejón hay 1.000 que padecen enfermedades ocupacionales y que la empresa hace lobby ante las aseguradoras de riesgo laboral para que no se diagnostiquen como tal?
La voracidad por el progreso ha tenido un alto costo para las comunidades indígenas y afrodescendientes. Todo el carbón que ha salido del Cerrejón desde 1985 y que se ha convertido en gigatoneladas de gas carbónico incrementando la temperatura del planeta, se ha devuelto como un búmeran macabro y ha aumentado la sequía y la desertificación en La Guajira. El hambre se ha convertido en paisaje y los indicadores de morbimortalidad infantil de la etnia wayúu son los peores de Latinoamérica. ¿Es este el precio que debemos pagar por el desarrollo?
Es hora de cuestionar el discurso que promueve la minería del carbón como la única vía para el progreso. Debemos buscar alternativas sostenibles y equitativas que respeten los derechos de las comunidades y preserven los ecosistemas. La Guajira no puede seguir siendo víctima de la voracidad extractivista.
Escuchemos las voces de las comunidades afectadas y exijamos responsabilidad a las empresas que operan en nuestro territorio. Es momento de luchar por un desarrollo verdaderamente sostenible y equitativo en La Guajira, donde la cultura y los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes sean respetados. La historia de Cerrejón en La Guajira no puede ser contada sin denunciar los impactos negativos y buscar un futuro digno para todos.
