Tres jóvenes profesionales paisas, Maria Adelaida Llano, Tatiana Figueroa Zuleta y Lucas Tamayo, se juntaron para conformar las sociedades Promotora Calle 47 y Promotora Rosendal, con el propósito de promover proyectos arquitectónicos tanto en Medellín como en Cartagena. La primera nació en el 2006 y la segunda en 2014. El proyecto que los ha puesto a sonar últimamente es Aquarella en el barrrio popular de Torices : cuatro torres de 30 pisos de vivienda social que interfiere la visual sobre el emblemático Castillo de San Felipe. Lograron la licencia de construcción de la oficina de planeación durante la efímera Alcaldía de Campo Elías Terán en el 2012. El alcalde, quien llegó al cargo por su popularidad como locutor radial fue destituido y pocos meses después murió. Tres años después de empezar la construcción el Procurador ordenó su demolición en las próximas 48 horas en ésta contundente carta:
Con base en las acciones judiciales y de intervención que ha adelantado el Ministerio Público, la inspectora de policía de la comuna No. 2 inició una actuación el pasado 24 de octubre, mediante la cual suspendió las obras relacionadas con el edificio Aquarela por violar las reglas de la propia licencia urbanística, sin que adelantara gestión posterior alguna para hacer efectiva la medida.
La citada funcionaria fue trasladada a otra inspección de la ciudad de Cartagena, quedando la actuación en cabeza de una nueva inspectora, quien tomó posesión del cargo el pasado 8 de febrero, por lo que hasta este momento no se evidencian avances en la acción policiva.
Con gran preocupación la Procuraduría General de la Nación observa esta inacción y la no efectividad de la orden de suspensión vigente. La continuidad de la obra mencionada pone en alto riesgo a la ciudad de Cartagena, tanto por razones urbanísticas como especialmente, por afectar potencialmente su condición de patrimonio histórico y cultural de la humanidad declarado por la UNESCO.
Por lo anterior, lo exhorto para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas adopte las medidas administrativas del caso, a fin de ejercer el poder de policía en esta materia, como máxima autoridad de ese Distrito.
No sobra señalar adicionalmente que en curso de las acciones judiciales, la Procuraduría General continuará ejerciendo las actuaciones pertinentes, con el propósito de defender el interés colectivo comprometido en este asunto, entre ellas, la constitución en renuencia en que pueda incurrir la Alcaldía, con miras a dar aplicación a lo dispuesto por la Ley 393 de 1997, en materia de acción de cumplimiento y, sin perjuicio, de los efectos disciplinarios a que haya lugar.
El problema empezó con la primera licencia la otorgó Dionisio Vélez el 27 de diciembre del2015 secundado por el curador urbano Ronald Llamas. La segunda licencia fue otorgada el 23 de septiembre del 2016, en esa fecha el alcalde era Manuel Duque quien también otorgó las licencias para la construcción de las torres 3 y 4 el 2 de diciembre del 2016, y la última torre obtuvo permiso de la alcaldía de Duque en julio del 2017, cuando ya el Ministerio de cultura se había percatado de la catástrofe urbanística y empezó a proteger el patrimonio arquitectónico de Cartagena
La oficina de planeación de Cartagena tiene el ojo de las autoridades puestos encima por ser un foco de corrupción en la que se tramitan permisos mediados por dinero o presiones de intereses de los constructores a través de políticos. Incluso Manolo Duque, el último alcalde elegido, se encuentra en la cárcel por un cartel de permisos falsos o ilegales para levantar edificios, uno de ellos, el edificio Blas de Lezo que incluso se vino abajo por no cumplir con las especificaciones ocasionando la muerte de 21 personas.
El mecanismo que utilizó la oficina de planeación para hacerle el esguince al POT y la reglamentación de Conservación de Patrimonio del Ministerio de cultura que prohibía la construcción de edificios de alturas mayores a 6 pisos en las áreas circundantes de este bien patrimonial, el Castillo de San Felipe, y otros de igual importancia fue la siguiente. Emitieron una circular aclaratoria al POT –Plan de ordenamiento territorial-, con una cuestionable interpretación de la norma, que abrió una compuerta que ha permitido 33 modificaciones a la norma para habilitar proyectos como Aquarella, que además promocionan por su vecindad con el Castillo de San Felipe.
Para la construcción de este edificio los tres jóvenes paisas con su Promotora Calle 47 se aliaron con tres otras empresas, con las que además han ido juntos en otras inciativas. La gerencia del proyecto está en cabeza de Ingeniería Inmobiliaria, una empresa que tiene la misma dirección registrada que Promotora Calle 47, la impulsora del proyecto Aquarella. El gerente es Luis Carlos Lopera y la suplente Patricia Vélez Álvarez, quien tiene otra empresa de construcción Ménsula S.A., y que está ubicada justo en la oficina de al lado de Promotora Calle 47. Ingeniería Inmobiliaria nació en 1995 y ha desarrollado 57 proyectos, mientras adelanta otros 23 proyectos en este momento.
La empresa que está encargada de la construcción de Aquarella es Colcivil, una empresa antioqueña sólida que ha tenido varios contratos para construir acueductos con las gobernaciones de Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo. Con el primero firmó un contrato de $10,500 millones para intervenir de emergencia las vías de la parte norte del Bajo Cauca Antioqueño, otro de $1,500 para arreglar las vías de Bello y $208 para el acueducto del mismo municipio. Con Fajardo obtuvieron un contrato por $9,000 millones para construir el acueducto de Vigía del Fuerte y otro por $1,600 millones de pesos para construir el acueducto Nariño, Antioquia. El gerente de la empresa es José Alberto Saenz Giraldo, uno reconocido constructor del departamento.
Lucas Tamayo Giraldo
Por su lado los jóvenes que montaron Promotora Calle 47 tienen un entramado de empresas con las cuales comercializan numerosos proyectos. María Adelaida Llano también es gerente de EmE Propiedad Raíz, otro de los comercializadores de Aquarella. Lucas Tamayo, tiene tal vez el mayor rango de empresas. Solo en el 2014 apareció en los registros de Cámara de Comercio de Medellín pidiendo permisos para 5 empresas: Promotora Paradisia S.A.S - Grupo Inmobiliario del Sur S.A.S; La Teca inmobiliaria S.A.S y Plaza Navarra Inmobiliaria S.A.S.
Tatiana Figueroa es una arquitecta con recorrido académico. Ha publicado con la Universidad de Valencia, un libro patrocinado por el Grupo Argos y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Es la esposa de Ricardo Palacios, el gerente financiero de la empresa Arquitectura y Concreto, la tercera constructora del país. Mediante estas distintas empresas han logrado construir una red de alianzas para facilitar las construcciones, en un comienzo solo en Medellín y el Valle de Aburrá, pero desde hace cinco años se trasladaron a Cartagena donde empezaron con este mega proyecto de cinco torres que tiene con las alarmas prendidas por sus efectos en el valor patrimonial de Cartagena.
Tatiana Figueroa Zuleta y su esposo Ricardo Palacios
Lucas Tamayo y María Adelaida Llano
Con un criterio eminentemente de negocio, los promotores del proyecto no tuvieron en cuenta el daño que pueden ocasionar la construcción de los cuatro torres: Cartagena corre riesgo de ser retirada de la lista de Ciudades Patrimonio, establecida por la Unesco si continúa violando lo acordado en 1994 cuando entró a la codiciada lista. Desde entonces se asumieron obligaciones de respetar los bienes patrimoniales y las áreas circundantes para no alterar las visuales sobre los monumentos históricos de la ciudad.
El Ministerio de Cultura, a través de la oficina de Patrimonio en cabeza de Alberto Escovar, y de la mano de la Procuraduría de Fernando Carrillo, actuaron de manera drástica hasta el punto de que ya se ha emitido un ultimatum: el edificio debe derribarse en las próximas 48 horas. Con este fallo se atajó una obra que amenazó el status de Cartagena de ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con un impacto dramático incluso para el turismo.
