El último giro del escándalo de la UNGRD, en el que se descubrió el despilfarro y corrupción en la compra de 40 carrotanques para suministrar agua en La Guajira, consiste en la medida de aseguramiento dictada en contra de los políticos Wadith Manzur y Karen Manrique.
A esto se suma que los políticos Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz también serán llamados a responder por participar en un esquema para favorecer iniciativas del Gobierno en el Congreso a cambio de beneficios para sus regiones.
Tras la decisión están dos conjueces de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, los juristas Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca. El caso no había podido avanzar porque hasta ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban divididos frente a lo que debía ocurrir con los implicados en el caso, por lo que se llamó a los conjueces para que decidieran.
¿Quiénes son los conjueces?
Javier Fernando Fonseca es abogado de la Universidad Santo Tomas, y ha estado fuertemente vinculado a la academia. Desde 2003 ha sido docente de universidades como la Católica, Santo Tomás de Aquino y Militar Nueva Granada, entre otros claustros.
Fonseca se ha destacado como litigante en materia penal, penal financiero y penal bursátil; ha sido profesor universitario de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal a nivel de pregrado, especialización y maestría.
Alfredo Rey es abogado y en su trayectoria de varias décadas se combinan la academia, la diplomacia y el sistema judicial. Ha sido profesor en la Universidad de los Andes, donde dictó Criminalidad Económica y Financiera, fue embajador en Misión Especial en las Naciones Unidas de 1992 a 1994, y fue delegado de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia.
Aunque Wadith Manzur y Karen Manrique ya fueron capturados, todavía hace falta tomar medidas sobre Esther Bitar, Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz.
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