Locombia, sin techo

"Necesitamos una nueva Constitución que no entierre al ciudadano y pequeño empresario, y que esté aterrizada ante la nueva realidad del planeta"

Por: Germán Vargas G.
mayo 28, 2020
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Locombia, sin techo

Complementando el miserable Ingreso Solidario que ofrece a los ciudadanos, el inteligente gobierno Duque, en complicidad con los bancos, emite "títulos de solidaridad". Para complementar tanta hipocresía, ahora la Anif advierte que la prolongación del confinamiento implicaría un retroceso social hacia el siglo pasado, cuando ocurrió la "crisis hipotecaria". Se les corrió la teja hace rato.

No hay vaca pa’ tanta gente (especialmente en época de vacas flacas) y la institucionalidad sigue creyendo que resuelve con limosnas la miseria estructural. Sus salvamentos no innovan, y apenas intentan restaurar la disfuncional y vieja anormalidad; además, aunque la membresía OCDE representa una evolución teórica —apenas destaco a los países nórdicos y oceánicos—, en la práctica el establecimiento "n-o cde" y tampoco asume compromisos vinculantes para mejorar al país.

Paradoja, aunque por fortuna Duque desautorizó a Carrasquilla, tras anunciar otra “Ley de Crecimiento”, este adolescente país urge reformas, orgánicas y simultáneas, para que los poderes del Estado ejerzan como héroes ciudadanos. Estado fallido, antes de la pandemia 52% de los colombianos tenía más de 5 años desempleado; solo 38% cotizaba a pensiones, y 83% recibía ingresos inferiores a 2 mínimos (¿Colombia repunta?, Portafolio).

La situación tiende a hacerse más precaria, pero al gobierno y el Consejo Gremial no les importa que, a paso de cangrejo, esta patria boba pierda aún más de 11 generaciones para que la mayoría de colombianos sea parte la sobrevalorada clase media (A Broken Social Elevator?, OECD), que estaba entre 0.5 y 2.4 mínimos (DANE, 2019).

No obstante a que las condiciones se han hecho  más precarias, y la mayoría de colombianos está en insolvencia o deuda, el gobierno anuncia un nuevo programa de subsidios para compra de vivienda VIS y no VIS; este instrumento no democratizará la propiedad de este famoso activo refugio, tan de moda durante la cuarentena, y, como siempre, beneficiará exclusivamente a quienes concentran propiedad, y juegan a la reventa o usura mediante el arriendo.

Es una broma de mal gusto que incluya viviendas de hasta $438 millones o 500 salarios mínimos, considerando los parámetros que previamente fueron señalados. Este presidente perdió una oportunidad histórica para redistribuir la riqueza y la tierra: una vez superada la pandemia, millones de colombianos quedarán sin techo.

Sin embargo, Colombia necesita enfocarse en la economía doméstica, y de los hogares. No es país importante, menos «exportante»; además, las recetas importadas fueron tóxicas, y a ninguna multinacional, potencia o multilateral, interesa condonar la deuda social que deja la absurda línea de pobreza bajo $1,90 dólares diarios. Regresivos, esos degradantes estándares invisibilizan la realidad, pues es la única manera de presentar "progresos".

Ley de Crecimiento (Parkinson’s Law, The Economist), la escalada "para-íso" fiscal y "para-fiscal" alimentó estructuras "para-estatales", como las cajas de compensación —que dedican solo 30% de sus recursos a subsidios esenciales, gastando lo demás en mercadeo y nonadas— o Generación E —cuyos agentes privados pueden operar de manera autosuficiente o como canales de RSE—. Se consolidaron con nuestro "asistencialismo", y pocos se benefician de ese régimen de solidaridad.

Por otra parte, Agro Produce menospreció a los pequeños productores agrícolas e insiste en fortalecer a los ganaderos. La desindustrialización tampoco suscitaba interés, y terminarán rescatando a “los mismos de antes”, cuyo objetivo es concentrar riqueza y su promesa de valor es ajena a la competitividad precio/diferenciación. Al final, veremos que seguirán desequilibradas las relaciones productividad/innovación, equidad/dignidad, y vida/trabajo.

Por cierto, la OCDE también ignora la contribución de los "trabajos del hogar", aunque triplican el valor agregado por la industria digital, que puede "trabajar desde casa" (El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad, Oxfam, 2020).

El Congreso y la Corte reculan derechos fundamentales, luctuosos para muchos y lustrosos para pocos. Esa es la impronta bicentenaria: Colombia no es "excepcional", aunque el trato "preferencial" (inequitativo) y tanto "régimen especial" (v.g. Exenciones y FF.AA.) definan este país inmerso en la guerra del centavo.

Necesitamos una nueva Constitución —en lugar de esta nueva "decretón"—, que no entierre al ciudadano y pequeño empresario, y que esté aterrizada ante la nueva realidad del planeta.

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