Juliana Guerrero , la frustrada viceministra de las Juventudes, pagó recientemente una deuda por $11.084.000, correspondiente a un crédito que el Icetex le extendió para que cursara sus estudios de Contaduría Pública y el 9 de septiembre se inscribió para presentar la prueba saber Pro sin la cual nunca podrá optar por un título profesional.
Terminó estudios en la Fundación Universitaria San José de propiedad del concejal Pareja, cercano al Ministro Benedetti cuando compartieron asiento en el consejo de Bogotá y la Fiscalía acaba de abrirle investigación por presunto fraude procesal.
Por esos mismos días saldó sus obligaciones con el Fondo de Garantías Empresariales y Consultorías- SFI y consultó con un abogado si era posible reversar los efectos de un fallo de tutela, dictado por un juez de Valledupar, mediante el cual obligó a la Unidad Nacional de Protección a disponer de un esquema de seguridad para ella y para su hermana Verónica.
Según personas cercanas a ella en círculos de gobierno, sus movimientos están dirigidos a “enmendar errores” y reflejan un esfuerzo, aunque quizá tardío, por reivindicar su nombre en medio de los escándalos en los que se ha visto envuelta.
Esos mismos movimientos, sin embargo, sugieren que sus privilegios iban más allá del uso de helicópteros oficiales que Fueron dispuestos para ella, no solo por las razones de seguridad que invocó al ganar la tutela, sino para gestionar una intermediación para la liberación de una persona que, según el ministro del Interior estaba en poder de grupos armados ilegales en el sector. Una gestión que, según abogados, va en contravía de la Ley contra el Secuestro que penaliza ese tipo de gestión.
La existencia del crédito del Icetex, saldado de urgencia, revelaría que el organismo estatal le dio un impulso privilegiado para que pudiera estudiar, mientras que miles de jóvenes tocan a sus puertas en busca de un crédito o una refinanciación.
Hoy sus productos de ahorro y depósito con Banco Falabella, Banco Davivienda, Bancolombia, Nequi y Daviplata se encuentran en “estado normal y sin mora”, según se advierte en las consultas de bases de datos especializadas. No hay bienes inmuebles a su nombre, pero les ha hecho saber a sus amigos que entregará un apartamento en el sector de chapinero alto en Bogotá por el que está pagando una costosa renta que ahora podría quedar fuera de sus posibilidades.
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“La ciudadana -se lee en el reporte- presenta un saldo total de endeudamiento vigente de $0, reflejando la cancelación completa de sus obligaciones financieras al cierre de septiembre de 2025. Durante el periodo evaluado, su nivel de deuda mostró una tendencia estable y posteriormente descendente, pasando de $11.445.000 en octubre de 2024 a $11.546.000 en agosto de 2025, hasta llegar a $0 en septiembre de 2025, debido al pago total y cierre de los productos activos”.
Hasta antes de la cancelación, las obligaciones se encontraban distribuidas principalmente en el sector financiero (96 %), con participaciones menores en los sectores real (4 %) y telecomunicaciones. Solo se registró una cartera castigada en el sector real, con un saldo en mora de $462.000, sin que esta afectara significativamente su perfil crediticio general.
Hoy, un análisis de capacidad económica estima un rango de ingresos mensuales entre $1.892.000 y $3.515.000, frente a una cuota mensual consolidada de $561.000, lo que evidencia una adecuada capacidad de endeudamiento y liquidez disponible. Todas las obligaciones analizadas presentan estado “Normal” o cerradas sin mora, sin registros de reestructuraciones, refinanciaciones ni acuerdos de pago vigentes.
Con cuestionamientos, pero libre de antecedentes
Aunque tiene investigaciones en curso asociadas con la falsedad en la que habría incurrido al conseguir que la Universidad San José le concediera el título de contadora pública sin haber cumplido con el requisito legal de las pruebas de Estado, en los registros públicos no reporta sanciones.
“En el componente judicial, se identifica un proceso administrativo bajo radicado 20001333300320220003900, donde Juliana Andrea Guerrero Jiménez figura como demandante en una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), tramitada ante el Juzgado 003 Administrativo de Valledupar (Cesar). El proceso finalizó con sentencia de primera instancia a favor de la demandante, tutelando sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal. No se registran procesos judiciales en su contra ni medidas activas”, confirma un reporte preparado con base en la consulta de datos abiertos.
Una indagación preliminar basada en un anónimo que hablaba de un posible crecimiento patrimonial no justificado por parte de Guerrero fue cerrada por falta de méritos.
Por ahora los únicos datos ciertos sobre su formación académica son los cursos que ha hecho en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sobre contabilidad básica, contabilización de operaciones comerciales y financieras, buenas prácticas agrícolas, adecuación de terrenos para el cultivo de hortalizas e inducción a los sistemas de gestión ambiental.
Al margen de los contratos conseguidos con las entidades oficiales, en el Registro Único Empresarial se encuentra que desde 2021 maneja como persona natural un expendio a la mesa de comidas preparadas. Su registro corresponde a un establecimiento comercial denominado Swallow Burguer, inscrito también ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá.
En contraste con los privilegios que el gobierno le ha concedido, las cuentas de cobro por sus contratos no han superado los de $2.946.624 mensuales y guardan concordancia con los valores pactados inicialmente y en las prórrogas.
Si la justicia así lo decide, ahora le corresponderá saldar cuentas ante ella.
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