En el Valle del Cauca, la pelea contra el contrabando de cigarrillos y licor ya no solamente se libra solo en las carreteras o en las tiendas. Hoy también se libra frente a una pantalla, con un clic, un algoritmo o una llamada que puede destapar toda una red ilegal. También se libra en oficinas llenas de mapas digitales y bases de datos, y con funcionarios siguen el rastro de una botella o de una cajetilla de cigarrillos, tratando de descubrir si su camino es limpio o si esconde trampas. Es una batalla silenciosa, de todos los días, que busca algo más que decomisar mercancía: proteger los recursos del departamento y asegurarse de que el dinero de los impuestos termine donde debe estar —en los hospitales, las escuelas y los programas que mejoran la vida de la gente.
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En este departamento del suroccidente —como en el resto del país— el contrabando no solo deja calles llenas de botellas y cajetillas sin registro. También deja vacíos en los hospitales, techos sin reparar en los colegios y sueños que no llegan a cumplirse. Cada año, esa economía paralela hace desaparecer más de 400 mil millones de pesos. Una cifra enorme, pero sobre todo dolorosa si se piensa en lo que podría hacerse con ella: comprar camas para los centros de salud, entregar becas, patrocinar a los deportistas que entrenan bajo el sol con la esperanza de representar al Valle.
Por eso, cuando Dilian Francisca Toro volvió a tomar las riendas de la Gobernación, entendió que esta no era una batalla cualquiera. Había que darla con cabeza fría, pero también con los pies en el terreno. Decidió entonces combinar dos fuerzas que parecen opuestas y, sin embargo, se complementan: la tecnología y la presencia humana. Detrás de cada operativo hay cámaras, bases de datos y mapas digitales que muestran rutas y patrones. Pero también hay gente —funcionarios, policías, inspectores— que madrugan, recorren carreteras, revisan cargamentos y, muchas veces, arriesgan más de lo que se dice.
La Gobernación del Valle entendió que no basta con salir a decomisar licor o cigarrillos ilegales. Esa es apenas una parte del problema. La otra, quizá la más importante, está en adelantarse al delito, en evitar que las redes del contrabando sigan creciendo. Por eso, desde hace un tiempo, el departamento viene construyendo un sistema que combina tecnología con estrategia, datos con calle.
Detrás de las pantallas hay un programa que utiliza inteligencia artificial y blockchain —palabras que suenan lejanas, pero que aquí se traducen en algo muy concreto: poder seguirle el rastro a cada botella y a cada cajetilla que entra al mercado. Si una no cumple con las normas, el sistema la marca. Así de simple. Y mientras eso ocurre, las bases de datos nacionales cruzan la información en tiempo real, detectando patrones, rutas y movimientos que antes pasaban desapercibidos.
En otras palabras, ya no se espera a que el contrabando aparezca: se le sale al paso. Porque en esta pelea, la diferencia entre reaccionar y anticiparse puede significar millones de pesos que regresan a los hospitales, a los colegios y a los programas que sostienen a miles de familias vallecaucanas.
En el Valle del Cauca, la tecnología no se quedó en los escritorios: salió al terreno. Ha sido una herramienta clave para fortalecer la labor de la Unidad de Rentas, esa dependencia que lidera Martha Isabel Ramírez, una mujer que conoce el mapa del contrabando casi de memoria. Junto a su equipo, ha recorrido buena parte del departamento —más del 60% de los municipios— en operativos que combinan paciencia, rigor y, a veces, hasta intuición. Van de pueblo en pueblo revisando estanterías, sellos, facturas; detrás de cada inspección hay historias de madrugadas, de viajes por carretera, de discusiones con comerciantes que todavía creen que vender una botella sin estampilla “no hace daño”.
Solo entre enero y julio de 2025, el grupo ejecutó 232 procedimientos. En ese tiempo, decomisaron más de seis mil unidades de licor y cigarrillos ilegales y cerraron 142 locales por vender productos adulterados o sin el sello que garantiza su procedencia. Pero más allá de los números, lo que sobresale es el esfuerzo humano: los trayectos bajo el sol, el cansancio acumulado, la sensación de estar librando una pelea que nunca termina del todo. Aun así, Martha Isabel repite una idea que se volvió lema en su oficina: “no todo es castigo”. Porque, detrás de cada operativo, hay también un intento por educar.
La Gobernación decidió que no bastaba con sancionar; había que enseñar. Así nació “Punto de Venta Responsable”, una estrategia que lleva a los funcionarios a los barrios y a las veredas, donde capacitan a tenderos y dueños de licorerías para que aprendan a reconocer un producto legal. Es una forma distinta de pelear contra el contrabando: no solo con decomisos, sino con conocimiento.
En esta lucha, la Gobernación del Valle no camina sola. Detrás hay un engranaje que se mueve en conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la DIAN y el Ejército Nacional. No es una coordinación de escritorio: es un trabajo de campo, de radios encendidos, de retenes en carretera y llamadas a medianoche. Gracias a esa articulación se han logrado golpes importantes contra las redes que viven del contrabando. Uno de los más recientes fue el que terminó con la banda conocida como Los de la Pradera, un grupo que combinaba el tráfico de marihuana con el ingreso ilegal de cigarrillos desde otros departamentos. En esa operación, los uniformados decomisaron más de 174 mil cajetillas, valoradas en unos 640 millones de pesos.
El caso dejó algo claro: el contrabando no es un asunto menor ni un simple delito económico. Es un sistema que carcome los recursos públicos y afecta directamente la vida cotidiana. Cada cajetilla incautada representa un pequeño alivio para las finanzas del departamento, un respiro para los hospitales que necesitan medicamentos, para las escuelas que esperan reparaciones, para la gente que depende de que los impuestos lleguen donde deben.
Las cifras del programa anticontrabando no solo hablan de decomisos. Detrás de cada número hay personas, recorridos y jornadas que parecen no tener fin. En los últimos meses se han hecho más de 2.100 visitas de inspección, 576 visitas pedagógicas a tiendas de barrio y seis capturas por venta de licor adulterado. El trabajo no se detiene, ni siquiera en época de fiestas. Mientras en las plazas suena la música y las luces se encienden, los equipos de la Gobernación recorren los municipios recordando algo sencillo pero vital: que celebrar también implica hacerlo con productos legales, sin poner en riesgo la salud ni el esfuerzo de todo un departamento.
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