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Hay algo que comienza a preocupar en la manera como estamos hablando nuevamente de seguridad en Colombia. Cada operación parece convertirse en demostración de autoridad y cada visita presidencial en el anuncio de que, ahora sí, el Estado llegó al territorio.
Santa Marta muestra bien el problema. Ante las acciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Gobierno respondió con más de 500 soldados y 600 policías y declaró la ciudad área prioritaria de su Estrategia Nacional de Seguridad Urbana. El Estado tiene que actuar frente a organizaciones que asesinan, extorsionan y controlan territorios; la pregunta es qué queda después del operativo, porque desplegar la fuerza no desmonta necesariamente las redes económicas y sociales que sostienen el poder criminal. La seguridad no puede llegar de visita. Tiene que vivir en la ciudad.
Para eso hay que reconocer que la inseguridad tiene geografía. No existe una Cali, Bogotá, Medellín o Santa Marta insegura en abstracto: hay territorios, corredores, horarios y poblaciones expuestos a amenazas diferentes. Necesitamos una verdadera microzonificación de la seguridad urbana, no solamente para decidir dónde poner policías, sino para cruzar homicidios, hurtos, extorsiones y lesiones con movilidad, actividad económica, entornos escolares, violencias contra las mujeres, presencia institucional y percepción de inseguridad. Eso requiere recursos, pero sobre todo inteligencia, planificación y distribución territorial de capacidades.
Tenemos además un problema antiguo: seguimos persiguiendo individuos cuando necesitamos perseguir organizaciones. Capturar al extorsionista no acaba necesariamente con la extorsión, como detener al vendedor de una esquina tampoco desmonta el mercado que lo abastece. Las organizaciones criminales son también organizaciones económicas: tienen dinero, propiedades, testaferros, redes de lavado, armas, información y relaciones de corrupción. Por eso no basta contar capturados, muertos o extraditados; necesitamos saber cuánto patrimonio criminal recuperamos, cuántas redes financieras desmontamos y cuánto conocemos de sus conexiones con la economía, la política y las instituciones. No puede ocurrir que extraditemos al delincuente y nos quedemos con los muertos, la corrupción y las fracturas sociales que produjo.
Hay otro asunto que merece una discusión profunda. El Gobierno levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas, aunque mantiene requisitos y controles. Más allá de la precisión jurídica, queda una pregunta: ¿queremos enfrentar el miedo haciendo que más ciudadanos asuman individualmente su protección?
Deberíamos caminar en la dirección contraria: Policía más cercana, inteligencia fuerte, investigación judicial, protección al denunciante, fiscales con capacidad investigativa, tecnología y comunidades organizadas. Necesitamos ciudadanía activa, pero ciudadanía no armada. Una democracia no debería responder a la debilidad de sus instituciones trasladando a cada persona la responsabilidad de defenderse.
Hoy corresponde dejar de pensar la seguridad solamente desde el Estado - control, fuerza, presencia, capturas - y comenzar a mirarla desde quienes habitan la ciudad. Una extorsión no es únicamente un delito, es un comerciante que pierde libertad sobre su trabajo; una frontera delictiva es un joven que no puede atravesar su propio barrio; una mujer que modifica cada noche su recorrido está perdiendo libertad urbana. Seguridad es también poder habitar la ciudad sin miedo.
Así aparece la convivencia, no como el catálogo de comportamientos de un código de Policía, sino como la capacidad de tramitar conflictos sin violencia, reconocer reglas comunes, construir confianza y compartir el espacio urbano. Policía, justicia, prevención, educación, cuidado, cultura y organización comunitaria actúan sobre dimensiones distintas de ese mismo ecosistema.
También necesitamos entender que el crimen es cada vez más metropolitano y urbano regional, mientras nuestras instituciones continúan pensando municipalmente. Armas, drogas, vehículos robados, personas y dineros atraviesan fronteras administrativas todos los días. Cali no puede pensar completamente su seguridad sin Jamundí, Yumbo, Palmira y Candelaria, como Bogotá no puede hacerlo sin su entorno metropolitano. Se requieren sistemas permanentes de inteligencia, investigación, tecnología y prevención compartidas, no solamente reuniones interinstitucionales después de cada crisis.
Y necesitamos ampliar nuestros indicadores. Tenemos una mirada demasiado necrofílica de la seguridad: esperamos los muertos para saber qué tan insegura está una ciudad. El homicidio importa enormemente, pero también las extorsiones, hurtos, lesiones, violencias contra las mujeres, desplazamientos, reincidencia, esclarecimiento, victimización y percepción. Más aún, deberíamos medir libertades urbanas: ¿puede una mujer regresar tranquila a casa?, ¿puede un comerciante trabajar sin pagar una renta ilegal?, ¿puede un joven cruzar un barrio?, ¿puede una familia permanecer donde vive?, ¿podemos utilizar un parque sin miedo? Cuando esas posibilidades desaparecen también estamos perdiendo seguridad.
Finalmente, la seguridad no termina con la captura. Fiscalías congestionadas, centros de detención desbordados, crisis penitenciaria, dificultades tecnológicas y fragmentación institucional forman parte del mismo problema. Las megacárceles pueden aumentar cupos, pero no sustituyen investigación, justicia, interoperabilidad ni capacidad para impedir que las organizaciones continúen operando desde prisión.
La discusión, entonces, no debería reducirse a seguridad dura o blanda, autoridad o derechos. Necesitamos capacidad coercitiva frente a organizaciones violentas, pero también inteligencia territorial, justicia, prevención, convivencia y presencia institucional permanente.
Una operación puede recuperar una esquina durante una noche y brindar buenas sensaciones si se le ponen luces y reflectores; no obstante, la verdadera seguridad comienza cuando las cámaras se van y la ciudad puede seguir viviendo allí al día siguiente.
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