La propuesta de elevar la edad de retiro para la mujer hace parte de la agenda oscura del gobierno de la “Patria Milagro”

 - El aumento en la edad de jubilación: una propuesta tan indecente como indignante
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En escasos dos meses, los mensajes, amenazas y decretos regresivos del nuevo gobierno han avanzado con rapidez. Esta semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia propuso subir la edad de jubilación para las mujeres.

Aunque la Corte negó que hubiera algún proyecto en curso para hacerlo, sí está impulsando foros y discusiones públicas sobre el punto. Tanto la ultraderecha como los guardianes de la ortodoxia neoliberal responden con entusiasmo ante dicha posibilidad. 

Hay que “nivelar la cancha”, dice el magistrado proponente: "Para avanzar en la equidad, las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres".

Planteó también la urgencia de discutir el aumento de la edad de retiro para el conjunto de la fuerza laboral, para reducir los costos y buscar la sostenibilidad del sistema. Por supuesto, se trata de volver a los trasnochados argumentos neoliberales que fracasaron en el mundo entero, pero que en estas épocas neofascistas cobran nuevo impulso.

Frente a la propuesta, deben destacarse tres asuntos principales. El primero, las condiciones sociales y laborales de la mujer. La brecha pensional de género refleja su alta vulnerabilidad frente al mercado laboral, resultante del sistema patriarcal. Sólo un bajísimo porcentaje de ellas accede a pensión y sus mesadas son muy reducidas respecto a las de los hombres.

Varios informes y estudios, oficiales y académicos, lo muestran. Señala la economista Andrea López que, solo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse logra obtener una pensión, frente al 22,5% de los hombres. En el sector agrario, la probabilidad de acceder a pensión es todavía menor: el 4,18% (frente al 9,07% de los hombres).

De acuerdo con Soraya Quiroga, en 2020 las mujeres recibían mesadas pensionales 14,2 % menores que las de los hombres en los fondos privados y 5,7 % menores en Colpensiones.

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Otro estudio sobre la brecha de género en pensiones en Colombia (2008-2019), encontró que en 2012 las mujeres tenían cobertura baja en afiliación y en cuanto al beneficio mismo. De las personas ocupadas mayores de 15 años que cotizaban al sistema (37,2 %), 60,8 % eran hombres y 39,2 % mujeres. En cuanto a personas pensionadas, 65,3 % eran hombres y 34,7 % mujeres.

Por otra parte, el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE, 2015), es también muy indicativo. Se dice allí que hay mayor prevalencia de hipertensión, depresión, artritis-artrosis, diabetes mellitus y osteoporosis en mujeres que en hombres. Es cierto que la mujer vive más tiempo, pero en condiciones de vida y de salud más precarias.

Para no mencionar el peso excesivo del trabajo del cuidado no remunerado que recae excesivamente en las mujeres.

En respuesta a esta situación, en junio 2023 la Corte Constitucional, mediante sentencia C-197, declaró inconstitucional la exigencia impuesta a las mujeres de cotizar durante 1.300 semanas y les exigió al Congreso y al Ejecutivo adoptar un régimen que garantizara de manera equitativa su acceso efectivo al derecho a la pensión.

Ordenó una reducción gradual por año en las semanas de cotización de las mujeres, hasta llegar a mil.  “Factores como la informalidad, la discriminación en el ámbito laboral y la invisibilidad del trabajo no remunerado en la economía del cuidado, mayoritariamente ejercido por las mujeres, ocasionan una deficiencia estructural”, señaló.

Determinó que los ajustes se hicieran antes del 1 de enero de 2026. De lo contrario, se iniciará la reducción de 50 semanas por año, hasta alcanzar las 1.000 semanas estipuladas.

La brecha pensional de género tiene que ver con los factores estructurales mencionados por la sentencia. Por eso las otras reformas sociales de Petro incluían también medidas para mejorar las condiciones de vida, laborales y de salud de las mujeres. Es decir, un enfoque de género. 

El segundo punto para destacar de la propuesta en cuestión tiene que ver con la voracidad de los fondos de pensiones. En medio de enormes dilaciones, la reforma de Petro fue aprobada finalmente por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-264 del 25 de agosto, 2026. Ya había comenzado el nuevo gobierno.

 En la reforma se planteó la construcción del Sistema Integral de Protección a la Vejez. Su objetivo es fortalecer la empresa estatal y reducir el poder de los fondos privados. Es la misma contradicción de fondo que tuvo su gobierno con la oposición más extrema: la defensa de lo público frente al capital financiero.

En Colombia 6 de cada 10 personas mayores no tienen pensión. Los fondos privados recaudan enormes recursos, pero pensionan a muy pocas personas. Solo hacen negocios. Es el Estado el que pensiona. 

Sin embargo, de los 45 billones de pesos anuales que aportan los trabajadores al sistema, 30 van a los fondos privados y 15 a Colpensiones. Con el proyecto inicial de reforma, 36 billones irían al fondo estatal y 9 a los primeros.

Es indignante que hoy los fondos privados se nieguen a devolverle a Colpensiones 25 billones de pesos (US 7.524 millones), correspondientes a 119.000 trabajadores que trasladaron sus ahorros a la empresa estatal.  

El tercer asunto relacionado es la insistencia en el déficit fiscal y en responsabilizar al gobierno anterior. Contra toda evidencia, cuestionan el aumento del salario mínimo anterior y el incremento del consumo de los y las trabajadoras. 

La nueva ministra del Trabajo pretende sembrar el terror al afirmar que faltan 5 billones de pesos para cubrir las pensiones de noviembre y diciembre de este año.   

Con la bendición de Cristo Rey, en la Patria Milagro el FMI emprenderá una revisión a fondo de todas las esferas de la economía y las finanzas. Se contempla un sobreendeudamiento del país, modelo Milei. En lo tributario, ya se anunciaron nuevas exenciones a los megarricos y más cargas para los trabajadores y trabajadoras. 

PD: Para completar este difícil cuadro, en la dirección de la CUT acaba de producirse un relevo arbitrario, por cuenta de un sector que pretende acomodarse con las nefastas políticas de Abelardo. Un reconocimiento al trabajo de su anterior presidente, Fabio Arias, en la orientación de la movilización social. Primero, en la defensa del gobierno Petro. Ahora, en la oposición a Abelardo. 

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Por Consuelo Ahumada

Ph.D Ciencia Política con énfasis en Estudios Latinoamericanos, New York University. Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE e integrante de su Mesa Directiva. Miembro de la Asociación Colombiana de Economía Crítica, ACECRI.