En octubre de 2021, quinientos hombres de fuerzas especiales y veintidós helicópteros cerraron un cerco en la selva del Urabá. La captura de «Otoniel», entonces comandante del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue sin discusión una proeza operativa. Pero el Gobierno de aquel momento dijo algo más: que con ella el grupo armado había llegado a su fin.
Han pasado casi cinco años. La organización no llegó a su fin. Es hoy el grupo armado ilegal más numeroso de Colombia y el de mayor crecimiento.
Esa frase no es una opinión. Es una medición, y vale la pena revisarla con calma, porque de ella depende una discusión que el país lleva demasiado tiempo aplazando.
Lo que se cree que funcionó
La Operación Agamenón arrancó en febrero de 2015 con un tamaño que hablaba por sí solo: 1.200 policías en su primera fase, más del doble de los que integraron el Bloque de Búsqueda que persiguió a Pablo Escobar. Desde 2017 pasó a 3.200 efectivos de Policía y Ejército, con apoyo de agencias estadounidenses y europeas.
Los resultados tácticos fueron notables. Once años después, la cuenta suma 3.785 operaciones, más de 8.300 capturas, activos ocupados por encima de los diez billones de pesos y centenares de toneladas de cocaína decomisadas. Los comandantes del Estado Mayor Conjunto cayeron uno tras otro: «Gavilán» e «Inglaterra» en 2017, «El Indio» en 2018, «Marihuano» en 2021 y, en octubre de ese año, el propio «Otoniel». Cuarenta y dos policías y soldados murieron en el intento.
Anoto algo al margen, porque de las simplificaciones nacen después las políticas. Para el Estado, y para buena parte del análisis de escritorio que lo acompaña, esta es la única organización del país vinculada al narcotráfico; las demás, habría que suponer, financian la guerra con donaciones. La ironía es barata; el error que la provoca, no. Un diagnóstico que concentra la regulación del mercado entero en un solo actor, produce con puntualidad una política que acierta contra ese actor y fracasa contra todos los otros, que siguen ahí, creciendo, mientras celebramos el golpe.
Ningún país puede exigirle más a su Policía y a su Ejército. Hicieron exactamente lo que se les pidió, y lo hicieron bien.
Lo que no funcionó
Y sin embargo, una década después, la estructura sumó cerca de 2.300 integrantes solo en 2025 y hace presencia en unos 392 municipios: un 55 % más que en 2022 (según FIP). Su cadena de mando resistió intacta la caída de un comandante tras otro. Conviene además fechar bien su crecimiento, porque el debate suele extraviarse ahí: empezó en 2016 y 2017, cuando ocupó los territorios que dejó vacíos la salida de las FARC-EP. Es decir, un lustro antes de la política de paz del gobierno saliente, que por tanto no lo explica.
La aritmética es simple y desagradable: mientras esas economías recluten más rápido de lo que la fuerza captura, cada baja se reemplaza. La fuerza produce estadísticas. No produce terminación.
Y uso a propósito una palabra que va a incomodar. Yo las llamo economías informales, no ilegales, y sé que la afirmación exige defensa. En la cúspide hay organizaciones criminales que deben ser perseguidas sin contemplación, y ahí la palabra correcta es la dura. Pero en la base hay cientos de miles de familias para las cuales la hoja, la mina o el transporte no son una empresa criminal, sino el único empleo que el país tuvo a bien ofrecerles. Meter toda la cadena en la misma categoría tiene una consecuencia práctica y costosa: nos obliga a responder con Código Penal a un problema que es de desarrollo rural. Ese debate también está demorado, y habrá que darlo algún día sin pánico moral.
Colombia tiene desde hace tiempo un nombre para esto: el reciclaje de los combatientes. Y aquel grupo es su prueba andante. Lo fundaron hombres que venían del EPL desmovilizado en 1991 y de las autodefensas que dejaron las armas entre 2003 y 2006. Quien hoy lo comanda recorrió él solo el circuito completo: militó en las FARC-EP, se desmovilizó de las AUC en 2004 y volvió a las armas cuando el Estado que le había ofrecido una vida civil no apareció por ninguna parte.
Lo digo sin ánimo exculpatorio, y conviene ser preciso porque aquí se confunden dos cosas distintas. La responsabilidad penal de quien vuelve a delinquir es suya, intransferible, y esta columna propone justamente que la pague ante un juez colombiano. Pero existe otra responsabilidad, que no es penal sino política, y esa sí tiene dueño estatal. Dos desmovilizaciones hechas a medias —sin verdad completa, sin reincorporación sostenida, sin desmontar de verdad las rentas ni las redes— devolvieron a miles de hombres a territorios donde la única oferta de vida seguía siendo el fusil. Nadie debería sorprenderse del resultado. El grupo armado ilegal más numeroso de la historia reciente no lo construyó la codicia: lo construyó también la negligencia con que el Estado administró las dos desmovilizaciones anteriores.
Quien no quiera oír esto está condenado a financiar la tercera.
Nada de esto significa que la presión militar sobre. Significa lo contrario. Es esa presión la que ha empujado a la organización a buscar por dónde salir, y debe sostenerse hasta el último día. Lo que la evidencia muestra es algo más incómodo: el empujón lleva hacia la puerta, pero no fabrica la puerta. Y hoy, en Colombia, esa puerta no existe.
El vacío que dejó el Congreso
No lo digo yo. Lo dijo la Corte Constitucional.
En 2023, al revisar la Ley 2272 de 2022, la Corte tumbó la fórmula que dejaba «a juicio del Gobierno» las condiciones bajo las cuales una estructura de crimen de alto impacto puede transitar a la legalidad. Y fue explícita sobre quién debe fijarlas: el Legislador, garantizando los derechos de las víctimas. Puso, de paso, reglas concretas para la suspensión de órdenes de captura, la ubicación temporal de los integrantes y las garantías de seguridad.
Traducido: la Corte le pasó la tarea al Congreso. El Congreso no la ha hecho.
Conviene precisar una distinción que el debate público suele pasar por alto. El EGC no es una estructura armada organizada de crimen de alto impacto —lo que la gente llama, sin mayor precisión, «bandas de barrio»—, sino un grupo armado organizado, así reconocido mediante la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, y como tal le son aplicables los criterios del Derecho Internacional Humanitario y de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Esa clasificación no los hace mejores ni peores que nadie. Pero sí significa que el vacío legal, en su caso, es todavía más difícil de justificar: hablamos de una parte en un conflicto armado no internacional para la cual el ordenamiento no previó una ruta de terminación reglada.
Sé que aquí asoma el viejo debate sobre cuáles grupos merecen reconocimiento político y cuáles no, como si el fusil de unos pesara distinto que el de otros. Esa discusión será para otro día. Lo que me interesa hoy es más simple: establecer si el Congreso hizo la tarea que le encomendó la Corte Constitucional.
El resultado está a la vista. Lo que se intentó tramitar por vía administrativa, sin ley que lo soporte, terminó suspendido por el Consejo de Estado. Y mientras tanto el EGC siguió alzando la mano por la terminación del conflicto, y las comunidades de cientos de municipios siguen esperando.
Esa es la paradoja que deberíamos discutir sin histeria, y la formulo con una precisión que me importa. He sostenido muchas veces que las herramientas jurídicas para negociar la terminación del conflicto existen en Colombia desde 1991, y que buena parte del problema ha sido el miedo a usarlas. Lo sigo creyendo. Pero un fundamento constitucional no es un procedimiento. Lo que hoy no existe —y la Corte lo dijo con todas las letras— es la ley que fije los términos, los plazos, los requisitos y los controles con los que un grupo armado organizado puede acogerse a la justicia. No es que el Estado haya usado mal esa ley. Es que no la tiene.
Qué tendría que decir esa ley
Anticipo la objeción, porque es la primera que llega y es legítima: «eso es impunidad». No lo es, si la ley se hace bien. Y hacerla bien significa, a mi juicio, seis cosas que no admiten rebaja.
Primero, condena judicial plena para todos. Sentencia que declare la responsabilidad penal y tase la pena ordinaria del Código Penal. Sobre esa condena, y solo entonces, puede operar una pena alternativa condicionada, con privación efectiva de la libertad para los máximos responsables. Un castigo distinto no es la ausencia de castigo, y esa arquitectura la avaló la Corte Constitucional hace veinte años al examinar la Ley 975 de 2005.
Segundo, verdad como requisito de entrada y de permanencia, no como cortesía. Sin confesión completa y contrastada judicialmente, no hay beneficio de ninguna duración
Tercero, entrega total del patrimonio, con declaración juramentada, verificación de la UIAF, extinción de dominio y prelación estricta: primero las víctimas, después la tierra, y solo al final el fortalecimiento institucional. Ningún peso del patrimonio de la guerra debería gastarse en burocracia antes de reparar a quien la padeció.
Cuarto, cumplimiento de la pena en los territorios afectados, bajo administración penitenciaria estatal, custodia de la Fuerza Pública, monitoreo electrónico y veeduría de las comunidades. No zonas de despeje: exactamente lo contrario, la llegada del Estado a donde solo hubo armas ilegales.
Quinto, sin reconocimiento oficial de estatus político: El país no aguanta otra discusión sobre quiénes lo son y quiénes no. Superemos ese embeleco y volvámonos prácticos, que el conflicto armado interno ya lleva más de sesenta años.
Sexto, extradición diferida, no eliminada: suspendida mientras el postulado cumpla de manera verificada, y reactivada de pleno derecho el día en que incumpla. Ya aprendimos, a un costo altísimo, lo que pasa cuando se extradita a quienes están confesando: las víctimas se quedan con procesos huérfanos y sin verdad.
Un régimen así no es blando. Es más exigente que la cárcel ordinaria, que en tres décadas no ha desmantelado a ninguna de estas organizaciones. Y tiene una virtud que ningún operativo puede ofrecer: termina el conflicto en lugar de administrarlo.
Porque el país lleva once años haciendo muy bien la mitad del trabajo. Capturamos, incautamos, abatimos, desarticulamos cúpulas enteras. Y al final del lapso tenemos organizaciones ilegales más grandes que al comienzo y cientos de municipios donde la autoridad visible sigue portando armas ilegales.
La fuerza empuja hacia la puerta. Alguien tiene que construir la puerta. Y esa puerta, en un Estado de derecho, no la construye un decreto ni un comunicado: la construye una ley de la República, estrecha, exigente y vigilada, que se cruce de rodillas ante los jueces.
Que se discuta, entonces. Pero que se discuta ya, porque cada año que pasa sin hacerlo lo pagan siempre los mismos.
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