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En el corazón de la política colombiana late un nombre que ha marcado dos décadas de poder, confrontación y doctrina: Álvaro Uribe Vélez. Su figura, para muchos, es sinónimo de autoridad, defensa del Estado, mano firme y combate frontal al enemigo interno. Para otros, representa el rostro más duro de un país que ha confundido orden con impunidad, y fuerza con excepción. Pero, ¿qué ocurriría si ese hombre es condenado penalmente?
No hablamos de un político cualquiera. Hablamos del único expresidente de Colombia en ser vinculado formalmente a un proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal, en un caso que toca fibras sensibles: la parapolítica, la justicia ordinaria y el poder detrás del poder. Su eventual condena no solo sería un fallo judicial. Sería una ruptura simbólica del relato de inmunidad que ha protegido a las élites durante décadas.
Porque si algo ha caracterizado a este país, es la certeza de que hay nombres que no se tocan. Líneas que no se cruzan. Y jueces que no se atreven. La posibilidad real de que Uribe sea condenado representa un momento fundacional: el Estado de Derecho ese que tantas veces se invoca, pero pocas se practica, estaría finalmente reclamando su lugar por encima del caudillismo.
Desde una perspectiva jurídica, sería un precedente sin igual: demostraría que la justicia colombiana puede actuar con autonomía, incluso cuando la presión mediática, social y política es abrumadora. Desde lo político, implicaría el colapso definitivo del uribismo como ideología dominante. Porque su fuerza nunca estuvo solo en las ideas, sino en el aura de su líder: el hombre que se mostraba invulnerable, incorruptible, imbatible.
Pero cuidado: este momento también traería consigo una serie de tensiones. El uribismo radical ya prepara el discurso de la persecución, de la venganza, de la conspiración. Se hablará de un “golpe judicial”, de la traición del sistema, del socialismo infiltrado en las cortes. Y no sería extraño ver intentos de deslegitimar todo el aparato institucional. El desafío será precisamente que los demócratas de derecha, centro o izquierda comprendan que no se trata de quién es el acusado, sino de por qué importa que la ley se aplique por igual para todos.
La condena, si llega, será una prueba de fuego para la democracia colombiana. No la que se celebra en discursos, sino la que se construye con jueces valientes, ciudadanos vigilantes y garantías procesales para todos, incluso o especialmente para los más poderosos.
Si ese día llega, Colombia deberá elegir: ¿llora la caída de un caudillo o celebra el nacimiento de una república de iguales?
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