La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, enfrenta un proceso judicial relacionado con un contrato por 73 millones de pesos destinado al suministro de alimentos para perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA). El convenio fue suscrito en junio de 2024 y, según la Fiscalía, habría presentado presuntas irregularidades durante su adjudicación.
De acuerdo con el ente acusador, cerca de 34,9 millones de pesos habrían terminado en manos del contratista Ernesto Alfonso Quiroga, situación que motivó la investigación por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Además de la mandataria, la Fiscalía vinculó al proceso a Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; y Edward Amaya Márquez, quien entonces ocupaba un cargo gerencial en la alcaldía de Ibagué.
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La investigación se originó por denuncias relacionadas con la experiencia de la empresa seleccionada para ejecutar el contrato. Según los investigadores, la firma adjudicataria no acreditó experiencia específica en el suministro de alimentos para perros y gatos, sino en actividades de limpieza y aseo. Para la Fiscalía, esta situación podría evidenciar un direccionamiento indebido del proceso contractual.
Las imputaciones sostienen que la alcaldesa habría impartido instrucciones para favorecer a la empresa finalmente seleccionada. Posteriormente, según la hipótesis de los investigadores, funcionarios de la administración habrían cumplido la orden de llevar el contrato hacía una compañía en particular.
Pese a los señalamientos, Aranda ha reiterado su inocencia. Hasta el momento, ninguno de los procesados ha aceptado responsabilidad por los hechos que les atribuye la Fiscalía.
Johana Ximena Aranda asumió la Alcaldía de Ibagué el 1 de enero de 2024. Para aspirar al cargo renunció al Partido Conservador y fue elegida con el respaldo de la coalición “Ibagué para Todos”, integrada por sectores políticos como Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, ADA, Colombia Justa Libres, Creemos y MIRA. Durante su gestión se ha mostrado contraria al presidente Petro.
Otra de las presuntas irregularidades que concentra la atención de las autoridades es la participación de Edward Amaya Márquez. Aunque actualmente se desempeña como periodista, los hechos investigados ocurrieron mientras ejercía como secretario de Gobierno y era considerado uno de los funcionarios de mayor confianza de la alcaldesa. Amaya presentó su renuncia el 7 de febrero de 2025 y dejó oficialmente el cargo diez días después. Ahora deberá responder ante la justicia por las decisiones adoptadas durante el proceso contractual que hoy tiene a la alcaldesa en la mira de las autoridades.
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