Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, amenaza con romper relaciones con Veolia, la compañía de origen francés que hoy actúa como socio operador de Aguas de Cartagena (Acuacar), concesionaria de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad hasta 2031.
El alcalde enfoca sus esfuerzos en decretar la caducidad del contrato y despliega, como piezas de artillería, argumentos según los cuales la calidad del servicio se ve afectada por sucesivos incumplimientos y hasta la presencia masiva de microalgas en las fuentes de captación, durante los últimos tres años.
Turbay no oculta su intención de que le operación vuelva a manos del sector público que, según él, está hoy en capacidad de frenar el deterioro en la operatividad y de abolir las restricciones que están privando del servicio a cerca del 15 por ciento de la población.
Acuacar ve la postura del alcalde poco menos que como una expresión de “cinismo” porque el mandatario preside su junta directiva y ejerce una fuerte influencia en el gobierno corporativo, pues al menos dos de sus integrantes son subalternos suyos. Así que él mismo tendría una fuerte responsabilidad en las fallas que hoy busca juzgar.
Por eso, la empresa decidió parar en la otra esquina del tinglado tendido por el alcalde al abogado Jaime Lombana Villalba, uno de los más experimentados del país. Su idea es frenar una acción administrativa de caducidad emprendida por la alcaldía.
En equipo con la también abogada Mónica Alejandra León Gil, Lombana recusó al alcalde y a su secretaria general distrital, María Patricia Porras Mendoza, con la idea de que reconozcan que están enredados en un conflicto de intereses que no podrían eludir para convertirse en juez y parte de la controversia.
La secretaria Porras entró también en escena porque ella es la delegada del alcalde en la Junta Directiva de Acuacar, pero al mismo tiempo fue la encargada de iniciar la acción administrativa de caducidad con la que Dumek Turbay quiere sacar a los privados de un negocio que en 2023 -último año reportado al Concejo de la ciudad- reportó ingresos por $434.000 millones.
El alcalde reforzó su ataque con una acción popular interpuesta ante un tribunal, mediante la cual ha logrado que dicten algunas medidas cautelares para levantar restricciones al servicio en defensa, según su punto de vista, del interés colectivo.
Lombana ripostó tocando a las puertas del despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, para que arbitre la recusación y para conseguir que el alcalde y su secretaria de mayor influencia en el gabinete se aparten de las actuaciones administrativas, que podrían llegar a ser muy drásticas.
“Esa triple condición -garante del servicio, partícipe del gobierno corporativo del operador y contraparte judicial del mismo- constituye el núcleo del conflicto de interés que esta recusación denuncia”, enfatizan en su memorial Lombana y León.
En el centro de la controversia está la prórroga de la concesión otorgada en 2015 por el entonces alcalde Dionisio Vélez, a través del otrosí número 3 del contrato GISAA (Gestión Integral del Servicio de Acueducto y Alcantarillado). Acuacar se comprometió entonces a hacer obras complementarias “hasta” por $250.000 millones- Esas obras, entre las que se contemplaba la extensión del servicio a Tierrabomba, no se han visto hasta el momento.
Entre quienes observan desde la barrera, aunque no impasibles, se encuentra el exalcalde William Dau, quien se duele de que el tiempo no le alcanzó para haber hecho borrón y cuenta nueva en un proceso que “nació viciado” en 1995.
Según Dau, su sucesor ha tenido una fuerte injerencia en decisiones riesgosas, como la de haber llevado a John Montoya a la gerencia de Acuacar porque su nombre se ha visto envuelto en varias polémicas durante los últimos 30 años. Es decir, desde la época en que los españoles de Aguas de Barcelona imponían su ley en el manejo de la empresa y del contrato.
Desde antes de dejar el cargo el hoy exalcalde ha venido denunciando que el manejo contable es más que dudoso y que los rendimientos a los accionistas han sido pagados con préstamos bancarios acumulados, maniobra que disfraza el manejo financiero dado a la operación.
La licitación fue estructurada en tiempos del alcalde Gabriel García Romero, depuesto de su cargo por manejos indebidos, durante uno de sus frecuentes viajes a Barcelona y desde entonces ninguno de sus sucesores se ha visto libre de controversias.
Siete años antes de su vencimiento, la concesión fue prorrogada por trece años más, pero el gobierno distrital no parece dispuesto a esperar todo ese tiempo para estructurar su propio modelo de negocio.
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