La JEP y la verdad en una tercera guerra mundial llamada COVID-19

Una excombatiente de las Farc que se acogió al proceso de paz reflexiona sobre la coyuntura del coronavirus, la verdad y la JEP

Por: María Aureliana Buendía 
abril 07, 2020
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La JEP y la verdad en una tercera guerra mundial llamada COVID-19
Foto: Nelson Cárdenas / @cantarranasur

Es bastante generalizada la idea, con todo un abanico de matices, de que las causas que generaron la Primera y la Segunda Guerras mundiales fueron el reparto del mundo entre potencias. La Triple Alianza del  Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro, el Otomano, con otros países amigos, se enfrenta a la Triple Entente en la I Guerra Mundial: al Imperio británico, al Imperio Ruso, a Francia e Italia, a EE.UU. y al Imperio japonés entre otras muchas naciones. Con el fin de la guerra dejaron de existir los principales de estos imperios, otros perdieron territorios, otros se aliaron con sus antiguos enemigos, es decir, hubo una reconfiguración geoestratégica del capital. Lo realmente desastroso fue que dejó un saldo de 13 millones de civiles y 10 millones de soldados muertos, 20 millones de soldados heridos, en medio de una destrucción de incalculables dimensiones.

Los falseadores de la historia pretenden hoy culpar a la URSS de provocar la II Guerra mundial y además le adjudican a EE.UU. la victoria, bueno, el papel y la virtualidad lo aguantan todo. Esta guerra fue la continuidad de la primera en tanto pretendió un nuevo reparto del mundo entre las nuevas potencias mundiales. Se enfrenta el Eje: la Alemania Nazi, Japón e Italia, contra los Aliados: URSS, Gran Bretaña, EE.UU., Francia y China. Esta guerra dejó de entre 50 y 60 millones de muertos. Los nazis dieron muestras de extrema infamia coherente con su ideología: campos de concentración y exterminio de civiles, fundamentalmente contra judíos, población eslava y otras nacionalidades, discapacitados, incluso propios; de minorías como los gitanos y homosexuales; experimentos “médicos”, bombardeos y ametrallamientos. Y oh! Sorpresa: son los Estados Unidos de Norteamérica quienes, ya finalizada la guerra, y como para que quedara claro cuál nuevo imperio dominaría al mundo, lanzan dos bombas atómicas contra la población civil inerme de Hiroshima y Nagasaki.

El mundo ha padecido a partir de ese momento histórico la guerra fría, la doctrina de Seguridad Nacional de los EE.UU., su despliegue militar planetario con pretensiones extraterrestres. La potencia gringa decide quien vive y quien muere. Por fortuna para la dignidad de la Humanidad, contamos con pueblos que han resistido y vencido al Imperio, encabezan la gloriosa lista Vietnam y Cuba. Otros Estados como el de Colombia, se han plegado a las políticas de Estados Unidos, en una confluencia de intereses con los sectores económicamente pudientes de empresarios ligados a la tenencia de la tierra. Colombia fue laboratorio de la guerra contrainsurgente que EE.UU. les impuso a los países, declarando a sus pueblos potenciales enemigos internos.

Nuestro país sufrió la peor guerra del continente, dividida en diferentes etapas, la de 1946 estimulada por el anticomunismo y la guerra fría, la contrainsurgente que comienza en los años 60, la de 1980 en adelante, del narcotráfico y el paramilitarismo, la guerra antiterrorista desde 2001. Millones de desplazados, centenares de miles de muertos, centenares de miles de desaparecidos, miles de torturados; los ríos de la patria se tiñeron por años de rojo y de olor a muerte, se conocieron las casa de pique y los hornos crematorios. También se enriquecieron los señores de la tierra, nuevos empresarios, políticos, jueces y magistrados, presidentes, gobernadores y alcaldes. Los resultados de esta guerra son tan excesivamente patéticos que no ha surgido en Colombia una fuerza capaz de develar la verdad de lo ocurrido, de sobreponerse al miedo y al horror, de mirar a los ojos de las víctimas y al alma del país y decir por qué ocurrió esta tragedia.

Las FARC-EP fueron la respuesta armada de una buena parte del pueblo colombiano a la violencia sistemática del Estado que asumió y desarrolló a fondo la teoría del enemigo interno. Los campesinos de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero fueron acusados de ser agentes del comunismo internacional, había que matarlos con bombas convencionales y bacteriológicas; incluso, contra la población de Villa Rica se usaron bombas Napalm, como en Vietnam y como allí la resistencia popular creció, se multiplicó, se regó por todo el país. Siempre con la idea fija, sistemática, de llegar a un acuerdo para cambiar al país y cesar la guerra.

Ocurrió, pero luego de un inmenso sacrificio. Al gobierno de Juan Manuel Santos le asistió la cordura de firmar la terminación del conflicto. Por su parte las FARC-EP llevaron a la mesa de negociaciones centenares de propuestas consultadas con las comunidades campesinas, indígenas y negras, con partidos y movimientos políticos, con sectores sociales, con estudiantes y trabajadores, con líderes y lideresas y por supuesto con las víctimas. El gobierno aceptó muy poco de esta cascada de necesidades, lo necesario para la firma del acuerdo. Las FARC-EP accedieron a la firma, cumpliéndole a ese inmenso clamor por la paz que se desató en Colombia.

Se firmó, como parte del Acuerdo Final,  el trascendental tema saludado por el mundo: el del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, compuesto por la Justicia, JEP, la Verdad, CEV, los desaparecidos, UBDDP y los Derechos Humanos. Colombia creyó que por fin superaríamos 97% de impunidad reinante durante décadas, convencidos del papel de la justicia transicional en la creación de la confianza perdida en el Estado.

Sectores minoritarios, pero con enorme poder y dinero, empezaron a socavar el proceso de paz y por supuesto el Sistema Integral. Álvaro Uribe, el Subpresidente Duque, el partido Centro Democrático, algunos empresarios y latifundistas, los paramilitares reinventados, en síntesis, aquellos quienes por acción u omisión, cometieron delitos de Lesa Humanidad, se lucraron  y se niegan a pagar por ello.

Durante la guerra las FARC-EP, cometimos errores de todo tipo, incluso hechos considerados crímenes en el DIH, pero tuvimos frente al pueblo colombiano y frente a nuestros enemigos políticas transparentes, conocidas por todo el país, discutibles, es cierto, pero eran nuestros principios y por ellos miles dimos la vida, nadie se enriqueció, nadie se volvió gran empresario o latifundista, nadie se fue a vivir a Miami o a Madrid. La mayoría estamos aquí, en disposición absoluta de responder ante la JEP y la CEV. Defendiendo con la vida, ya nos ha costado la de 194 ex guerrilleros y ex guerrilleras, el proceso de paz y el futuro del país.

Sin embargo, no se entiende muy bien la actitud del sistema integral frente a los firmantes del Acuerdo de Paz, pareciera que la guerra la hicimos solo nosotros contra “molinos de viento”. El Sistema Integral no requiere al Estado a comparecer, ni al Congreso, ni a la justicia, es decir, quienes legislaron para la guerra y quienes llevaron a 97% el grado de impunidad en Colombia. Tampoco a los aliados, financiadores y/o integrantes civiles del paramilitarismo, a los medios de comunicación que ocultaron la barbarie, la justificaron y enaltecieron. Para construir el futuro es necesaria la Verdad de todo el país.  Por el hecho de que estén saliendo a borbotones los horrores de la guerra, como el agua que rompe obstáculos y se hace camino, y resulten responsables los mismos, el Sistema Integral,  en aras de  “mantener el equilibrio”, no puede destruirnos. Estamos obligados a avanzar y resolver de inmediato con la JEP, situaciones como estas:

  1. Inseguridad jurídica para los comparecientes por falta de resolución de situaciones contempladas en el Acuerdo, como las amnistías para miles de firmantes de Paz, como la excarcelación de presos o en su defecto, condiciones humanitarias de prisión.
  2. Abandono de la metodología de reunir casos en patrones de violencia por el caso a caso, lo que conducirá al colapso de la justicia.
  3. En la JEP no se logra romper con la matriz mediática que en razón de la guerra sobredimensionaba y falseaba las responsabilidades de las FARC-EP en todo tipo de delitos, contraviniendo el Acuerdo que es claro contra la estigmatización.
  4. Magistrados de la JEP que continúan en modo justicia penal. No han asimilado el Acuerdo de Paz, el hecho de que las FARC-EP, desaparecieron y que hoy se juzgan hechos de guerra para lograr la convivencia y la no repetición para lograr la paz en Colombia y no para incentivar la guerra. Nuestros comparecientes hoy sin armas, todos trabajando por la reincorporación, son sistemáticamente atacados con saña.
  5. Como en la guerra asimétrica, hoy los firmantes de la paz, siguen padeciendo la asimetría jurídica: de los siete casos abiertos por la JEP, cinco son contra las FARC-EP. Ninguno contra el Estado, aunque en diferentes momentos el Estado mismo ha reconocido responsabilidades en la guerra y ha sido conminado por Cortes internacionales a hacerlo. Tampoco aparecen los terceros responsables. ¿Entonces la JEP es solo contra los firmantes del Acuerdo de Paz y quienes depusieron las armas?
  6. Violando elementales normas jurídicas, magistrados de la JEP se despachan en los medios de comunicación, creando un clima adverso y que pone en riesgo a los comparecientes, distorsionando la esencia de la justicia transicional.
  7. Disminución sustancial del presupuesto del sistema autónomo de defensa. La JEP envía un mensaje equivocado a quienes dejaron las armas a cambio de Verdad y de garantías de todos los derechos civiles. Contar con menos recursos en circunstancias de amenaza y persecución no solo de comparecientes sino de los abogados, es un grave error.
  8. La JEP no se pronuncia frente a los crímenes de firmantes de la paz, van 194 muertos. Tampoco se busca una solución justa frente a los prisioneros firmantes del Acuerdo de Paz en estas nuevas circunstancias de pandemia mundial. Los prisioneros que firmaron confiando en que el Estado les restablecería sus Derechos Humanos deben tener una solución digna, deben ser reubicados como los demás presos en sus sitios de vivienda, es decir, en ETCRs o NPRs.

Esta nueva situación de guerra, donde todos los esfuerzos del Estado y la sociedad deben ir encaminados a salvar la mayor cantidad de vidas de compatriotas, no puede ser la oportunidad para seguir matando ex guerrilleros, no puede ser la oportunidad para que sigan presos por cuenta del odio y la venganza.

El mundo entero se está viendo abocado a cambios profundos de orden económico y político, donde el Estado tendrá que jugar nuevamente su papel de proporcionar la mayor cantidad de justicia y bienestar posibles a sus pueblos. Trabajemos por los cambios contemplados en el Acuerdo de Paz, cimentemos la convivencia y la no repetición de la guerra, antes de que sea demasiado tarde y desaparezcamos como nación, por cuenta de las consecuencias de la crisis general y/o III guerra COVID-19, ya les ocurrió así a tantos países terminadas la I y la II guerras mundiales.

 

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