Las siguientes cifras, analizadas en el contexto de un país en el cual la vida adquiere el más alto respeto de la sociedad, serían una verdadera tragedia. En esos países la vida de una persona, independientemente de su rol, está por encima de cualquier otro objetivo. En Colombia se ha llegado a un nivel de degradación del valor de la vida que los asesinatos –a toda escala y tipología– forman parte del paisaje e, irónicamente, pronto se volverán atractivos turísticos, como ya lo son los sitios que frecuentaban los más grandes bandidos y asesinos que ha producido esta sociedad.
No hay revuelo, sino una noticia sin contextualización, ni investigaciones que puedan encontrar los verdaderos responsables de la cantidad de personas quemadas con pólvora, que según el Instituto Nacional de Salud (INS) fueron 1052 en 2021, con corte al 2 de enero de 2022, y que solo en las fiestas de Navidad y fin de año dejaron 397 víctimas, algo así como llenar un gran hotel o las camas de un centro hospitalario. “Una cifra que incluso supera ampliamente las atípicas de 2020, en medio de las restricciones de la pandemia, y las reportadas en los últimos seis años, en donde el país en el periodo 2015-2016 reportó para al primero de enero, 845 casos”, precisó el balance del INS. Este inventario demuestra el total fracaso de las políticas de salud, educación y bienestar públicas, que al ser privatizadas quedaron regidas por las leyes del mercado; por lo tanto, la vida no tiene más valor “que el plomo que se dispara para matarla”, parodiando la legendaria canción.
Lo más grave es que el reporte “incluye a 315 menores de edad quemados, que significa un aumento con respecto al anterior periodo de vigilancia 2020-2021, que se ubicó en 32,91 %. Además, 32 de los menores se encontraban en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol”, asegura el INS, que además informó que “durante los últimos años las cifras venían bajando debido a la pandemia, pero este año el reporte arrojó que después de las celebraciones de fin de año el aumento fue del 51,37 %, es decir, 371 más lesionados... Las cifras nos están mostrando que 315 menores accedieron a estos artefactos explosivos y no contaron con la supervisión y cuidado de un adulto responsable”. Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, señaló a RCN que “se abrieron 34 procesos de restablecimiento de derechos para los menores afectados” y extendió un llamado a la comunidad para que intensifiquen la prevención ante la peligrosidad de la manifestación de la pólvora.
En un país en donde el marco legal y las actuaciones de sus gobernantes no tienen el propósito de resguardar la vida de sus habitantes por encima de cualquier otro interés, realmente importa un bledo que un menor de edad quede lesionado por toda la vida por un artefacto de pólvora, cuyas cicatrices van a llegar hasta lo más profundo de su espíritu. Ese artefacto forma parte de la oferta, al igual que la botella de licor, el pegante, el bazuco y todo tipo de tóxico adictivo que tiene a su disposición un niño de 10 años, a las puertas de su domicilio o del centro de estudios.
Pero legislación y gobernantes le cargan la responsabilidad “al padre borracho”, claro, porque son muy costosas las políticas públicas que eviten que ese niño y esas familias sean los delincuentes del mañana. ¡Por algo Colombia es de los países más desiguales y con mayor número de habitantes en la miseria y la pobreza del mundo!
