Texto escrito por: Carlos Eduardo Lagos Campos
Las palabras importan. Mucho más cuando provienen de un líder político que obtuvo más de doce millones de votos y convoca a sus seguidores a actuar en consecuencia. Por eso vale la pena detenerse, antes de reaccionar emocionalmente, a comprender qué significa realmente la desobediencia civil, cuáles son sus límites y por qué el reciente llamado de Iván Cepeda abre un debate que trasciende la coyuntura política.
La desobediencia civil no nació como una forma de desconocer gobiernos elegidos democráticamente. Por el contrario, surgió como un mecanismo excepcional para denunciar injusticias graves cuando las instituciones habían cerrado todos los canales de protección de los derechos. Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y, posteriormente, filósofos como John Rawls y Jürgen Habermas, desarrollaron un concepto con características muy precisas:
- Primero: debe ser pública y pacífica. No actúa desde la clandestinidad ni busca sorprender al Estado, sino persuadir a la opinión pública.
- Segundo: posee un fundamento moral. Su finalidad no consiste en obtener ventajas políticas ni partidistas, sino denunciar una injusticia considerada incompatible con los principios fundamentales de la comunidad democrática.
- Tercero: quien desobedece acepta las consecuencias jurídicas de su conducta. Esa aceptación constituye precisamente la demostración de que no pretende destruir el Estado de derecho, sino evidenciar una falla dentro de él.
- Cuarto: su objetivo es limitado y específico. Se dirige contra una ley, una decisión administrativa o una política concreta; no pretende desconocer la legitimidad del sistema constitucional ni de las autoridades democráticamente constituidas.
Es justamente en este último punto donde aparece la discusión que hoy enfrenta Colombia.
En su declaración pública, Iván Cepeda afirmó que, si no se cumplen una serie de condiciones relacionadas con la nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella, con investigaciones judiciales en Estados Unidos y con decisiones futuras del nuevo gobierno, emprenderá un camino de "desobediencia civil pacífica" que implica no reconocer su autoridad e invitó a millones de ciudadanos a hacer lo mismo.
Aquí surge una pregunta que merece ser analizada con serenidad: ¿puede seguir llamándose desobediencia civil una convocatoria cuyo propósito ya no es objetar una decisión concreta, sino desconocer la autoridad del presidente elegido conforme a las reglas constitucionales?
La teoría política responde con cautela. Cuando el objetivo deja de ser una norma específica y pasa a cuestionar la legitimidad general de las autoridades, el concepto comienza a perder sus contornos originales. Ya no se trata únicamente de resistencia frente a una medida determinada, sino de un desafío al funcionamiento mismo del sistema institucional.
Ese riesgo aumenta cuando el llamado se dirige a millones de personas para que desconozcan las órdenes de quien ejerce la Presidencia de la República. En una democracia constitucional, el desacuerdo político dispone de múltiples canales: el Congreso, los jueces, las acciones constitucionales, el control político, la movilización pacífica y, finalmente, las elecciones. Desconocer preventivamente la autoridad de quien ha sido proclamado por las instituciones puede abrir un precedente que mañana cualquier otro sector invoque frente a un gobierno distinto.
Existe además una contradicción política difícil de ignorar. Una de las exigencias formuladas por Cepeda consiste en que Abelardo de la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense para poder ejercer plenamente la Presidencia. Sin embargo, durante el gobierno saliente nunca se planteó un cuestionamiento semejante respecto de la ciudadanía italiana del presidente Gustavo Petro. Si la doble nacionalidad constituye un problema de soberanía, el criterio debería aplicarse con la misma vara para todos; si no lo es, convertirla ahora en argumento de ilegitimidad genera un debate sobre la consistencia del discurso político.
Tampoco puede pasar inadvertida la dimensión internacional del mensaje. Resulta llamativo que se presente como incompatible con la defensa de Colombia el hecho de poseer la ciudadanía de un país que ha sido uno de sus principales aliados estratégicos durante décadas. ¿Cómo interpretará Estados Unidos que uno de los principales dirigentes de la oposición colombiana utilice precisamente esa condición como argumento para desconocer la legitimidad del presidente electo?
No se trata de negar el derecho a la protesta. La crítica, la oposición y la movilización pacífica constituyen pilares esenciales de toda democracia liberal. Lo verdaderamente delicado es confundir esos derechos con un llamado generalizado al desconocimiento de la autoridad constitucional.
Las democracias no se debilitan porque existan oposiciones fuertes. Se debilitan cuando las reglas comunes dejan de ser aceptadas por quienes solo las reconocen mientras les son favorables.
La historia demuestra que las instituciones sobreviven precisamente porque nadie puede decidir unilateralmente cuándo obedecerlas y cuándo desconocerlas. Por eso la desobediencia civil conserva su enorme legitimidad moral únicamente cuando permanece fiel a su naturaleza: una apelación excepcional a la conciencia pública, no una herramienta para erosionar la legitimidad del orden constitucional.
En tiempos de profundas fracturas políticas, el mayor acto de responsabilidad democrática consiste en defender simultáneamente dos principios: el derecho irrestricto a disentir y el deber irrenunciable de respetar las reglas que hacen posible la convivencia democrática. Sólo así la oposición fortalece la democracia, en lugar de ponerla a prueba.
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