La corrupción oculta detrás de la pregunta: ¿Necesita factura electrónica?

La corrupción oculta detrás de la pregunta: ¿Necesita factura electrónica?

La famosa pregunta de '¿con factura o sin factura?', refleja cómo la corrupción y el clientelismo han generado un vacío fiscal en Colombia

Por: RODRIGO ARENAS
enero 28, 2025
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La corrupción oculta detrás de la pregunta: ¿Necesita factura electrónica?

En Colombia, la ilegalidad no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de un Estado que ha sido diseñado más para servir a intereses electorales que para cumplir con sus funciones esenciales: garantizar seguridad, justicia y proporcionar infraestructura para el desarrollo. Esta desviación ha dejado un vacío que es aprovechado por estructuras paralelas, como los grupos armados ilegales, cuyo control territorial responde exclusivamente a fines económicos.

El Estado colombiano, en su complejidad y contradicciones, se ha convertido en un botín político, y lejos de trabajar para los ciudadanos, es utilizado para perpetuar el poder de quienes gobiernan, desviando recursos vitales hacia maquinarias electorales y redes clientelistas. Este modelo no solo fracasa en garantizar derechos básicos, sino que también obstaculiza las condiciones necesarias para generar riqueza y desarrollo sostenible.

El sistema tributario, en lugar de financiar un Estado eficiente, ha sido diseñado para mantener una burocracia desproporcionada y fortalecer maquinarias políticas. Con un diseño excesivamente complejo, se convierte en una trampa para los ciudadanos y empresas, fomentando la evasión fiscal y normalizando la pregunta: "¿Con factura o sin factura?". Este comportamiento no es casual; refleja el rechazo a un sistema percibido como una forma de extorsión "legal", donde los múltiples impuestos y costos por ejercer un trabajo o abrir una empresa desmotivan la productividad y alejan el capital que el país tanto necesita para desarrollarse.

Por ejemplo, si revisamos el Presupuesto General de la Nación para 2024 de $502,6 billones, el 61,7% se destinó a gastos de funcionamiento, el 18,8% al servicio de la deuda y apenas el 19,5% a inversión. Sin embargo, gran parte de esta llamada “inversión” se canalizó hacia contratistas de prestación de servicios y eventos, en lugar de proyectos de infraestructura que mejoren directamente la calidad de vida de las comunidades. El sentido común indicaría que el gasto de funcionamiento, que consume la mayor parte del presupuesto, debería reducirse, mientras que el porcentaje destinado a inversión debería incrementarse y dirigirse a proyectos realmente pensados para el desarrollo y no para el clientelismo.

En este contexto, los grupos armados ilegales prosperan como empresas económicas. No buscan un cambio ideológico, sino que explotan economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala de bosques, fortalecidas por la ausencia de regulación y un Estado inexistente en los territorios rurales.

En ese sentido, la solución no radica en agrandar el Estado, sino en hacerlo más pequeño, eficiente y presente en todo el territorio. Esto significa reducir las funciones no esenciales, priorizar la seguridad, la justicia y la infraestructura, y rediseñar el sistema fiscal para hacerlo más simple y acorde con las realidades económicas del país. Además, es primordial combatir la corrupción con sistemas judiciales justos y efectivos que desmantelen redes clientelistas y promuevan la transparencia.

Solo con un Estado que sea facilitador, y no obstáculo, será posible recuperar la confianza de los ciudadanos, cerrar los espacios ocupados por la ilegalidad y construir un país verdaderamente funcional, equitativo y próspero.

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