La poderosa movilización del pasado Primero de Mayo representó un punto de partida, con paso de vencedores, a la gran Consulta Popular que, de realizarse y salir airosa, permitirá recuperar a los trabajadores un cúmulo de derechos que le fue conculcado bajo el Gobierno de César Gaviria Trujillo con engañosos pretextos neoliberales.
Para poderse llevar a cabo, esta consulta requiere del visto bueno del Senado; un requisito arbitrario, pues no hay razón para que al pueblo se le obligue a pedir permiso para hablar, y difícil de cumplir, dada la correlación de fuerzas allí existente. Esto le impone al movimiento popular el reto de convencer a los integrantes de dicha célula de que su permanencia en ella en los próximos períodos puede quedar en riesgo si le niegan a la ciudadanía el derecho constitucional a ejercer esta forma de democracia directa.
Apenas han comenzado a correr los 30 días de que dispone el Senado para admitir o rechazar la consulta y ya son muchas las actividades que las élites opositoras vienen desplegando en contra. Llama la atención que uno de sus principales argumentos esté relacionado con los supuestos altos costos de su realización, ocultando que su preocupación no es realmente por ellos. Los costos que verdaderamente las preocupan son los que dejarían de ahorrarse si, como consecuencia de salir airosa la consulta, tuvieran que volver a pagar un precio más equitativo por los recargos nocturnos y las horas extras que ellas mismas imponen a sus trabajadores.
El momento es, pues, de presión al Senado. Es esta una tarea de importancia crucial e inmediatez enorme, que solo puede cumplirse a cabalidad si los partidos y organizaciones de raigambre popular superan los tradicionales ritmos burocráticos que tanto han lastrado sus luchas.
¿Qué hacer? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que Óscar y Miguel Ángel Barreto, senadores del Tolima, apoyen esta consulta? Tarea de difícil cumplimiento, por cierto, pero de pronto con menos riesgos que en los que estos señores podrían poner sus curules al atravesárseles a sus electores en este deseo de recuperar los derechos objeto de esta consulta.
Ahora bien, lo que se les pide simplemente es no cerrarle la puerta a la voluntad popular. Permitirle a esta que responda con un SÍ o con un NO, según su leal saber y entender, a un cuestionario de 12 preguntas ligadas a temas del interés de sus integrantes. Dicho en otras palabras: que le permitan al pueblo decidir lo que los ocho senadores de la Comisión Séptima no le permitieron decidir a la plenaria del Senado, y que ya había decidido la Cámara de Representantes. Eso es todo. Un permiso para hablar.
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