Aunque aparecía firmada por “Milton Faustino Arias”, la carta que llegó a la Fiscalía general de la Nación en julio de 2017, prolija en detalles sobre la fortuna personal del exalcalde de la Jagua de Ibirico (Cesar) Didier Lobo, era un anónimo.
En el despacho al que llegó hubo dudas sobre su veracidad, pero dos los asesores coincidieron en que, según jurisprudencia de las cortes, un anónimo podría cobrar potencialmente valor probatorio y no podía ser desechado sin que se produjera al menos una indagación para evaluar sus méritos.
El enigmático “Arias” hacía un inventario detallado de los bienes inmuebles de Lobo en La Jagua, su pueblo natal, y en Valledupar, eje ampliado de su poder político, mencionaba con razones sociales y NIT sus negocios asociados al sector de la agroindustria y hasta las fechas en la que había sido admitido en clubes social.
En aquel momento Lobo aspiraba a convertirse en senador de la República, objetivo que alcanzaría en 2018, sin que pesaran en absoluto en el criterio del electorado los procesos que ya tenía abiertos en los órganos de control por posibles desafueros en la contratación pública.
Algunos medios cuestionaron su aspiración, pero él se defendió aduciendo que sus bienes, lícitos todos, eran producto de más de 20 años de trabajo como transportador de bebidas gases e insumos para la industria carbonífera que ha convertido a su pueblo en uno de los once municipios de Colombia que superar porcentualmente en el PIB a Bogotá.
“Me forjé como carguero, llevando mucho peso sobre mis hombros y estoy muy orgulloso de eso”, respondió a quienes lo cuestionaban acerca de su patrimonio. Lo que no dijo en ese momento es que le había vendido a una empresa multinacional al menos dos predios que luego fueron intervenidos por la Agencias de Restitución de Tierras como producto de violentos despojos a campesinos.
Entre los procesos que ya tenía abiertos el hoy Senador figuraba uno que le ha costado caro: una suspensión decretada por la Procuraduría General de la Nación y una acusación por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia este lunes 14 de septiembre de 2026.
En el campo penal se trata de un proceso por la celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Se trata del contrato 0340 de 2012 por $15.925 millones con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, cuyo objeto era brindar alimentos de calidad a niños desnutridos y a madres gestantes.
La Corte ha encontrado evidencias de sobrecostos, la Contraloría revisó el negocio para verificar un detrimento por $1.942 millones y Corte y Procuraduría, cada una dentro de sus competencias, coinciden en que el contrato fue firmado sin estudios previos de mercado y mediante un “pliego sastre”, es decir, hecho a la medida de los intereses de uno de los proponentes que resultó favorecido porque era el único que tenía los diez años de experiencia exigidos.
El proceso ha transcurrido lento, como lentos han ido también otros dieciocho procesos que el congresista Lobo, el político más poderoso de la franja carbonífera del país, afronta el mismo alto tribunal.
Su ascendiente político, basado también en el apoyo de las fuerzas de Cambio Radical y del clan Gnecco en el Cesar, no ha sido óbice para que la Corte haya seguido su evolución patrimonial. Incluso han sido designados peritos forenses que han rastreado los movimientos financieros del senador y de su núcleo más cercano, incluidos siete familiares y compañeras sentimentales.
Por ahora hay rastro de movimientos financieros sin identificar en sus cuentas, compras de nuevos inmuebles, vehículos y varias cabezas en ganado, en cuantías superiores a las que él declaró alcalde, luego como concejal y ahora como senador.
Por ahora su principal argumento de defensa se basa en que la Contraloría lo absolvió fiscalmente al determinar que el detrimento patrimonial no se podría, por lo cual no habría delito.
La acusación de la Corte que podría convertirse en un llamamiento a juicio si es confirmada, pone por primera vez en verdaderos aprietos a un cacique político de 5 años que comenzó su carrera política, luego de haber sido conductor de camiones de carga, bajo la tutela del Luis Alberto ‘El Tuerto Gil’, cuando existía su partido PIN. Ese aval le permitió conseguir los 4.000 votos que le alcanzaron para ganar la alcaldía de su pueblo.
Después, cuando Gil fue condenado por vínculos con la parapolítica Lobo se abrió paso entre otras fuerzas política, cooptó por el camino a Cambio Radical y a los Gnecco, y alcanzó un poder suficiente para garantizar su sucesión en el poder local en cabeza de Yancely Rangel. Metió baza en otros partidos y ayudó a elegir diputado a Eduardo Flórez Vergara, con18 mil votos y sin trayectoria conocida.
Al Senado llegó en 2018 con 86.000 votos, con respaldo de Germán Vargas Lleras y del clan Gnecco del Cesar, por Cambio Radical. Encontró reservada una curul en la Comisión Quinta, relacionada con Minas, Energía, Ambiente.
En 2022, cuando fue reelegido con 68.000 votos, su peso era todavía mayor. Obtuvo el rango de vocero de Cambio Radical, fue segundo vicepresidente del Senado durante el periodo 2023-2024 y condujo el 30 por ciento de las sesiones plenarias, según se lee en su informe de gestión. También fue vicepresidente Comisión de Ordenamiento Territorial. A su tercer periodo como senador, en 2026, llegó con un caudal de 91.000 votos. Su movimiento tiene estructuras proselitistas en 22 de los 32 departamentos y eligió catorce de los 25 alcaldes en Cesar. Apoyó la candidatura presidencial de Paloma Valencia para 2026 y después de la primera vuelta se jugó por El Tigre.
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