El Hospital Departamental San Antonio de Villamaría atraviesa por una crisis bastante complicada debido al pésimo Sistema de Seguridad Social en Salud regulado por la Ley 100 de 1993, la cual le dio vida a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) como administradoras de los recursos de la salud de los colombianos. Dicha Ley, antes de habernos garantizado un real y efectivo acceso al derecho a la salud, ha promovido un malestar general en las comunidades que ven cómo cientos de miles de colombianos padecen males que la medicina puede curar.
Según el Observatorio Nacional de Salud (ONS) en un estudio sobre la mortalidad evitable, estipula “que el 53% de las muertes producidas en Colombia durante el período 1998-2011 correspondieron a causas clasificadas como evitables” y que las primeras 4 causas de las muertes evitables tienen que ver con enfermedades que podían ser prevenidas o curadas por el sistema de salud. Otro estudio publicado en la revista del Banco de la República, asevera que “el acceso a los servicios de salud en Colombia, entendido como el porcentaje de personas que utilizó los servicios médicos al momento de necesitarlos, disminuyó en el mismo período –de 1997 a 2012- al pasar de 79,1% a 75,5%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida” (Banco de la República, 2014).
Por otra parte, las deudas que las EPS tienen con los hospitales y clínicas de todo el país están por encima de los 8 billones de pesos, cifra que antes de disminuir se ha incrementado significativamente en los últimos años. De igual manera, la deuda que acumulan las EPS con el Hospital San Antonio de Villamaría, asciende a más de 474 millones pesos, correspondiente al 12% del presupuesto de la institución para la vigencia 2018, cifra que termina siendo uno de los obstáculos principales para una buena prestación de servicios de salud.
En cuanto al presupuesto, hay que decir que este ha tenido una reducción del 6% durante los últimos 6 años, al pasar de $4.000.652.697 en 2013 a $3.759.079.410 en 2018, equivalente a $241.573.287 menos, cifra astronómica para la población villamariana. Además de esto, el Hospital San Antonio cuenta con apenas 12 médicos generales que, si se tiene en cuenta sólo la población afiliada al régimen subsidiado, estaríamos hablando de 1 médico por cada mil habitantes, cifra irrisoria comparada con la de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) que es de 3,2.
Pese al panorama, los villamarianos hemos visto cómo las administraciones locales hacen poco o nada por nuestro hospital, bajo el argumento de ser de orden departamental, desconociendo que la Ley 715 de 2001 le otorga importantísimas funciones a los municipios tales como formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud; gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos; financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado; así como formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal, evidenciando el papel directo y determinante de una alcaldía en la buena prestación de los servicios de salud a sus habitantes
El difícil escenario al que nos enfrentamos día a día en nuestro hospital es producto de las malas decisiones políticas que se han tomado desde hace algunos años. Urge modificar la Ley 100 de 1993 y esto requiere de un compromiso colectivo a nivel nacional en donde la ciudadanía se movilice masiva y pacíficamente. De igual manera, la administración local debe comprometerse a gestionar los recursos necesarios para que la calidad de los servicios en nuestro Hospital San Antonio mejoren y exigirle categóricamente a las EPS que paguen las deudas acumuladas para que los villamarianos podamos acceder a un real y efectivo derecho a la salud.
