Texto escrito por: Carlos Lagos
Toda política pública termina enfrentando el juicio más severo: el de sus resultados. Las buenas intenciones pueden inspirar discursos; los hechos son los que escriben la historia. La denominada "Paz Total" nació como la apuesta más ambiciosa del gobierno de Gustavo Petro para cerrar décadas de conflicto armado. Sin embargo, al concluir el cuatrienio, la pregunta ya no es si el propósito era loable. La verdadera discusión es si, en nombre de la paz, el Estado terminó debilitando algunas de las capacidades que debía preservar para garantizarla.
La paz constituye un mandato constitucional. También lo son la defensa de la soberanía, la protección de los ciudadanos y el monopolio legítimo de la fuerza. La dificultad comienza cuando esos principios parecen entrar en tensión. Un Estado democrático puede negociar con quienes empuñan las armas, lo que no puede hacer es perder su capacidad de imponer la ley mientras negocia.
El balance territorial obliga a una reflexión sin apasionamientos. Durante estos cuatro años, el ELN consolidó corredores estratégicos en Arauca, Catatumbo y Chocó, el Clan del Golfo amplió su presencia en numerosos municipios y las disidencias de las FARC fortalecieron su influencia en zonas donde convergen el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Las causas de esa expansión son múltiples y no pueden atribuirse exclusivamente a una política pública. Pero tampoco puede ignorarse que ocurrió mientras el Gobierno desarrollaba su principal estrategia de seguridad.
Las recientes revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol llevaron esa discusión a un nivel distinto. Las grabaciones divulgadas muestran al entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, planteando a representantes del Clan del Golfo una serie de compromisos orientados a facilitar un eventual proceso de acercamiento. Más allá del contenido de los audios, el debate se concentra en un hecho posterior: según la investigación, sustentada en cifras del propio Ministerio de Defensa, durante los dos primeros años del Gobierno no se realizaron bombardeos contra esa organización, salvo el breve período del cese al fuego formal decretado entre enero y marzo de 2023.
Paralelamente, diversas publicaciones periodísticas señalaron que organismos de inteligencia habrían advertido sobre los riesgos operacionales derivados de algunas decisiones adoptadas en el marco de la Paz Total. Si esas advertencias existieron en los términos publicados, la discusión deja de ser exclusivamente política. Surge entonces una pregunta institucional de enorme trascendencia: ¿cómo debe actuar un gobierno cuando la búsqueda de la paz entra en conflicto con las recomendaciones técnicas de quienes tienen la responsabilidad de proteger la seguridad nacional?
La respuesta no admite simplificaciones. Negociar no equivale a claudicar. Colombia ha demostrado, en distintos momentos de su historia, que el diálogo puede ser una herramienta legítima para cerrar ciclos de violencia. Pero toda negociación tiene un límite constitucional: el Estado no puede perder el control efectivo del territorio ni permitir que las organizaciones armadas incrementen su capacidad de coerción mientras avanzan las conversaciones.
En ese contexto, el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de presentar una denuncia por presunta traición a la patria contra Gustavo Petro introduce un nuevo escenario. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si los hechos revelados tienen relevancia penal o permanecen en el ámbito de la responsabilidad política. En un Estado de derecho, esa diferencia no la define la opinión pública, sino las instituciones.
Con independencia del desenlace judicial, el debate ya dejó una enseñanza. La paz no puede medirse únicamente por el número de mesas instaladas, los protocolos firmados o los comunicados conjuntos. Debe medirse por la reducción efectiva de la violencia, la recuperación del control territorial, el debilitamiento de las economías criminales y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
La historia será la encargada de establecer si la Paz Total representó una apuesta frustrada por las circunstancias o una estrategia cuyos costos institucionales terminaron siendo superiores a sus beneficios. Pero desde ahora queda una lección que debería orientar cualquier política futura: la paz nunca puede construirse debilitando al Estado que debe garantizarla.
Porque la fortaleza de una democracia no se demuestra cuando negocia desde la necesidad, sino cuando es capaz de negociar desde la autoridad legítima que le otorgan la Constitución, la ley y el respaldo de los ciudadanos. Esa será, probablemente, la discusión más importante que dejará este capítulo de nuestra historia reciente.
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