La segunda vuelta presidencial debería ser, en cualquier democracia en proceso de maduración, un momento de deliberación pública sobre el rumbo colectivo de una sociedad. Sin embargo, la campaña colombiana ha estado marcada más por el marketing agresivo, la emocionalidad y los ataques cruzados que por el contraste serio de propuestas y estrategias de gobierno.
La primera vuelta dejó una radiografía compleja del país: una sociedad profundamente dividida en sus lecturas sobre el pasado, sobre el sentido del cambio y sobre el futuro posible. Esa fractura expresa tensiones históricas reales y no puede resolverse únicamente mediante consignas, prejuicios o adhesiones emocionales. Exige discusión pública, argumentos y capacidad de escuchar las preocupaciones concretas de la ciudadanía.
Por diversas razones, ni de la Espriella ni Cepeda han desarrollado hasta ahora debates suficientes sobre sus proyectos de país. Ambos han difundido mensajes y promovido programas, pero todavía existe una deuda democrática fundamental: someter sus propuestas al discernimiento ciudadano en escenarios abiertos, rigurosos y transparentes. Una democracia sólida necesita ciudadanos informados, no únicamente audiencias movilizadas.
La confrontación política actual expresa algo más profundo que una simple disputa electoral. Colombia debate qué valores colectivos desea fortalecer y qué camino histórico quiere emprender en medio de un contexto internacional atravesado por autoritarismos emergentes, crisis climática, desigualdad social, transformaciones tecnológicas y agotamiento institucional.
La confrontación democrática es legítima e incluso necesaria en una sociedad plural y desigual como la colombiana
Lo preocupante es cuando esa confrontación se degrada en manipulación emocional, noticias falsas, estigmatización o simplificación extrema de los problemas públicos. Una democracia fatigada no se fortalece con gritos, sino con debates capaces de confrontar seriamente proyectos de país, prioridades sociales y horizontes históricos.
Por eso el país necesita discutir unas garantías políticas básicas compartidas. Los candidatos deberían exponer con claridad sus propuestas sobre educación pública y oportunidades sociales; protección de los derechos socioambientales; reconocimiento de la diversidad cultural como riqueza democrática; transición energética con inclusión económica; fortalecimiento territorial y descentralización; y una política de paz capaz de articular seguridad, soberanía y defensa de la vida. Estas son apenas algunas de las cuestiones fundamentales sobre las cuales la ciudadanía merece respuestas más precisas y debates más serios.
El país no necesita candidatos encerrados únicamente en trincheras ideológicas o digitales. Necesita claridad sobre cómo pretenden gobernar una sociedad cansada de la polarización destructiva, de la desinformación y de las dificultades históricas para construir acuerdos mínimos de convivencia democrática.
La segunda vuelta debería ser la oportunidad para que los dos proyectos políticos en contienda expongan con transparencia sus ideas, sus prioridades y también sus límites. De esa forma, las ciudadanías que aún permanecen indecisas o afinando su elección podrían contar con mayores elementos de juicio para discernir sus decisiones.
Necesitamos debates porque, más allá de las diferencias legítimas, lo que está en juego no es solamente quién gana una elección, sino qué tipo de democracia quiere sostener Colombia en los próximos años. Esa responsabilidad nos incumbe a todas las expresiones de ciudadanía y exige algo más que adhesiones emocionales: exige reflexión pública, capacidad de confrontación democrática y construcción colectiva de horizontes compartidos.
Del mismo autor:Colombia y su lenta reconfiguración del mapa político
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