Ecopetrol es una de las empresas más castigadas por la violencia en el país porque en épocas aciagas sufrió las consecuencias de las voladuras de los oleoductos, secuestros de ingenieros y técnicos en zonas remotas y bloqueo que generaron millonarias mellas en su producción.
Por eso resulta histórico un fallo del Consejo de Estado que castigó a moradores de un área rural del departamento del Meta que, bajo el ropaje de una junta de acción comunal, tomaron por la fuerza unas instalaciones de la petrolera, bloquearon el acceso, destruyeron equipos tomaron en rehenes a técnicos y trabajadores de la compañía y ocasionaron un lucro cesante estimados en más de 4.000 millones de pesos.
Se trató, sin embargo, de un proceso largo que le tomó a la justicia nueve años de ritualidades, intentos de dilación y renuencias de algunos testigos y protagonistas como Sandra Patricia Ruiz Riaño, una beligerante y extremista -según calificativo reservado por personas de su comarca- líder social que presidía la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID), sector rural de Acacías.
El 31 de julio de 2017, cuando inició la protesta que se extendería hasta el 15 de agosto, los fines de su promotora parecían loables. Durante los primeros días escribió un oficio a Ecopetrol SA en el que solicitó mayor información sobre los contratos celebrados por la petrolera, lo mismo que sobre la contaminación existente y reclamó el incumplimiento en la contratación del 30% de mano de obra local calificada.
Cuestionó también las exigencias estrictas en los exámenes médicos para la vinculación de personal, a la vez que exigió mayores oportunidades laborales para técnicos, tecnólogos y profesionales de la región y para personas sin formación académica, pero con experiencia en actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos.
Nadie vio nada de malo en que pidiera una mayor inversión social empresarial y que la mano de obra de soldadores fuera 100% proveniente del municipio de Acacías, entre otras solicitudes asociadas a los derechos laborales.
Las cosas comenzaron a complicarse cuando la señora Ruiz Riaño encadenó a la puerta de acceso e instigó a otras personas para que saltaron la valla perimétrica, ingresaron violentamente en las oficinas administrativas e instalaciones industriales y ocasionaron daños tales como averías a equipos de laboratorio y computadores.
Los trabajadores y contratistas se vieron obligados a retirarse del lugar, algunos de ellos heridos, y las operaciones regionales de Ecopetrol SA quedaron paralizadas. Se impidió el tratamiento de fluidos de forma segura y confiable, se frenaron los mantenimientos de obra programados y las contingencias que pudieran presentarse, (se suspendió la ejecución de aproximadamente 7 contratos comerciales para el abastecimiento de bienes y servicios y se ocasionó la producción diferida de 20 pozos petroleros que disminuyeron ganancias y posibilidades de extracción de crudo en cerca de 32.000 barriles con pérdidas por $4.056.033.905.
Según informe ejecutivo preparado el 3 de agosto de 2017 por la Policía Judicial ante el Fiscal 88 Especializado de Villavicencio y la denuncia presentada por Carlos Andrés Ayala, ingeniero de Ecopetrol SA, Jorge Barracaldo y Jaider Campos empleados de la empresa Confipetrol SAS, fueron retenidos en momentos en que se desplazaban en un vehículo por las vías del caserío de Chichineme y tuvieron que pasar la noche allí.
En otra denuncia presentada el 4 de agosto de 2017 César Fabián Corredor Dávila, trabajador de la empresa Nalco de Colombia aseguró que el día en que ocurrieron los hechos más violentos vio que personas extrañas ingresaron en tropel a la estación y que los trabajadores tuvieron que refugiarse en la oficina principal con llave para no ser alcanzados por los agresores.
El representante de Confipetrol SAS declaró ante la Fiscalía 88 Especializada que Sandra Patricia Ruiz Riaño, en condición de líder de la corporación CJAID, hizo presencia en la Estación Chichimene de Ecopetrol SA el 3 de agosto de 2017 y dio “instrucciones directas a los presidentes de juntas y demás líderes del bloqueo, en cuanto se debe impedir cualquier movilidad de personas o vehículos que estén relacionadas con las operaciones de Ecopetrol y sus empresas contratistas”
La demanda de Ecopetrol llegó en primer término al Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, corporación que la desestimó los argumentos expuestos por la petrolera para conseguir una reparación directa.
La apelación llevó el caso al Consejo de Estado, corte que dejó en claro que aunque es cierto que el Artículo 37 de la Carta Política señala que el ejercicio del derecho a la protesta solamente puede ser limitado de manera expresa por la ley, es preciso que la protesta se exprese de manera pacífica, ya que de lo contrario pierde su protección constitucional.
El fallo tuvo como ponente al magistrado Fredy Ibarra Martínez y fue apoyado por su compañero de sala Alberto Montaña Plata. El también magistrado Diego Enrique Franco Victoria.
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