La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros del gobierno Petro Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por, presuntamente, haber direccionado contratos de Invías y la UNGRD para comprar votos de congresistas de las comisiones Tercera y Cuarta del Senado y la Cámara de Representantes.
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Los exministros, que fueron cobijados con medida de aseguramiento en diciembre de 2025 –aunque Bonilla recobró su libertad por vencimiento de términos–, son señalados del presunto direccionamiento ilegal de más de 71 contratos y proyectos por 612.237 millones de pesos, encaminados a asegurar el apoyo de varios congresistas para la agenda legislativa del Gobierno, marcada especialmente por las reformas pensional y de salud.
#JUDICIAL| Esta es la descripción detallada de los 71 contratos que se habrían direccionado a congresistas de múltiples comisiones en el Congreso con el Invías, con la participación del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.… pic.twitter.com/bgJPwqyK3a
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 30, 2026
La distribución por comisiones
El ente acusador señaló que, en el caso de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, se habrían gestionado 13 proyectos que se ejecutarían en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por $142.658.279.353.
En la Comisión Cuarta del Senado se habrían presentado 19 iniciativas que tendrían injerencia en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816.638.625.
Mientras tanto, en la Comisión Tercera del Senado, se relacionan 14 proyectos por $155.145.632.524 que involucran a los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.
Y, en Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la Fiscalía señaló 25 proyectos con incidencia en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca, por $177.380.923.155.
La Fiscalía también advirtió que un número significativo de estos contratos no habría llegado a ejecutarse, ya que quedaron suspendidos durante el trámite contractual.
Los congresistas investigados
En el expediente que ha construido la Corte Suprema de Justicia con base en los testimonios de múltiples personas vinculadas al escándalo de la UNGRD y de Invias se menciona a 30 congresistas.
Entre ellos figuran los nombres de Efraín Cepeda, Wadith Manzur, Juliana Aray Franco, Juan Loreto, Liliana Bitar Castilla y Daniel Restrepo Carmona del Partido Conservador; Elkin Rodolfo Ospina, Wilmer Yair Castellanos, Olga Lucía Velásquez, Juan Diego Muñoz y Katherine Miranda Peña del Partido Verde.
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La lista la completan estos otros nombres pertenecientes a distintos partidos, tanto en Cámara como Senado: Wilmer Carrillo Mendoza, Juan Garcés Rojas, José Gnecco y Milene Jarava Díaz, por el Partido de la U; Sandra Bibiana Aristizábal, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Kelyn Johana González, Jazmín Lizeth Barraza, Wilmer Yesid Guerrero, Juan Diego Echavarría, Karina Espinosa Oliver, Juan Pablo Gallo Amaya, Laura Ester Fortich y Julián Peinado Ramírez del partido Liberal; Wilder Iberson Escobar Ortiz por el movimiento Gente en Movimiento; Carlos Alberto Cuenca y Néstor Leonardo Rico por Cambio Radical; Karen Astrid Manrique de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, y Jairo Alberto Castellanos de En Marcha.
Con esta decisión, ya son tres los antiguos integrantes del Gobierno que van a juicio por este escándalo. La primera fue la exconsejera presidencial y política verde Sandra Ortíz, quien permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2024 por su supuesto rol como intermediaria entre funcionarios del Gobierno y los congresistas beneficiados. El pasado 10 de abril, la Fiscalía dejó en firme su llamado a juicio luego de mostrar sus cartas en esa audiencia. Desde el comienzo del proceso, el ente investigador ha calificado como una “empresa criminal” todo el entramado de corrupción presuntamente liderado por Velasco y Bonilla.
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