Febrero 14, el llamado del gobierno para un pacto de solidaridad

El 14F busca probar que las calles son un escenario legítimo y válido de la discusión democrática y que quienes están allí son los constituyentes primarios

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez
enero 24, 2023
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Febrero 14, el llamado del gobierno para un pacto de solidaridad

Ir de los pactos de silencio que sostuvieron los sucesivos gobiernos de elites hacia pactos de solidaridad convocados por el gobierno Petro y Francia descubre una ruta de tránsito para construir la democracia en colectivo y defender lo construido en colectivo. La solidaridad no responde a la lógica de fundir en una sola agenda todas las identidades políticas, sociales, étnicas, territoriales, ni de género, sino de establecer un compromiso para resolver con beneficio nacional un problema. La solidaridad es un acto humano que iguala a los seres humanos con su prójimo para preservar la vida y el bien común, mejorando las condiciones y garantías para realizar derechos. De la solidaridad han emanado los derechos humanos a la paz, al medio ambiente y al desarrollo, que al mismo tiempo tienen una dimensión individual y otra colectiva. Son derechos con amplia fuerza social y protección internacional con múltiples instrumentos de garantías éticas, políticas y jurídicas.

Lo que anuncia el presidente y en general el gobierno popular para el 14 de febrero (14F) es un llamado para que la sociedad, la comunidad, las organizaciones y los jóvenes, tanto en los territorios como en las ciudades, salgan a manifestarse públicamente. Lo anterior como partícipes directos de un pacto de solidaridad que ratifique los cambios en curso en el Estado, el gobierno y las lógicas de poder. En síntesis, se busca que la movilización refrende el derecho a la paz con la iniciativa de la paz total para la consolidación de estrategias de progreso, bienestar colectivo y buen vivir; libres de las amenazas de la muerte y la destrucción sobre las que las elites han edificado el Estado y organizado las relaciones con la sociedad y la ciudadanía. Como componentes de la paz total están las políticas en curso legislativo en torno a la creación de marcos de condiciones que permitan realizar en igualdad y con garantías los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la jubilación, entre otras destacadas en la agenda legislativa.

Llamar a la población a movilizarse en busca de afianzar la aprobación de políticas asociadas a la realización de derechos significa validar un escenario de democracia participativa, ya que en el Congreso están solo los partidos, no los movimientos sociales, ni las comunidades que permitieron el acceso del pacto histórico al poder. Significa reconocer que los actores directos de los cambios deben ser los mismos que estuvieron al frente de las movilizaciones durante las dos décadas de la seguridad democrática y pusieron al descubierto políticas de guerra y resultados de corrupción, clientelismo y barbarie. Metodológicamente es una forma de comunicación que le propone el gobierno a la sociedad, pero a la vez una formula de rendición de cuentas abierta y publica, y una convocatoria a las demás ramas del poder público para que entren sin dilaciones a hacer parte de la construcción del país que privilegie la vida y el bien común por encima de intereses particulares. El 14F propone poner lo público como base de la organización del país soberano, democrático y respetuoso de los derechos por el que las mayorías con su voto dieron el aval de confianza y respaldo para el cambio.

La solidaridad invocada por el gobierno popular no es una obligación, ni cabe en las lógicas del poder tradicional. Es también un llamado a cerrarle la puerta a la violencia, el odio, la polarización y el caos que pretenden instalar las fuerzas asociadas a la seguridad democrática, que pasaron del control del gobierno a la ofensiva para desestabilizarlo e interrumpirlo, valiéndose de convertir a la población (a la que combatieron a muerte como su enemiga), en su centro de disputa por la legitimidad del poder. En el gobierno de elites, comunidades, movimientos, partidos, universitarios y grupos que levantaron banderas por derechos y libertades fueron catalogados y perseguidas y resulta ilógico, inmoral y cínico, que traten ahora de convocar a “ese pueblo” a ponerse de su lado para recuperar la legitimidad perdida, olvidando que las huellas de su desastre los delata con decenas de jóvenes mutilados en sus ojos, violentados y asesinados en impunidad y las centenas aún en cárceles.

El gobierno popular invita a “ese pueblo” a probar que las calles son un escenario legítimo y válido de la discusión democrática y que quienes están allí son los constituyentes primarios, cuya voluntad está por encima de sus elegidos que formalizan sus mandatos. Con este llamado al 14F, puede entenderse que la voz del “mandar obedeciendo” tiene sentido para crear marcos de garantías para realizar derechos humanos y salvaguardar la vida y el bien común como centros fundamentales en el ejercicio de poder popular. Esta vez jóvenes, mujeres, trabajadores, indígenas, afros, diversidades y campesinos aparecen reconocidos como “pueblo” en ejercicio de poder popular para que sus exigencias convertidas en políticas sean aprobadas por el congreso y acatadas por todas las instituciones y funcionarios de la nación y del estado, y para que las leyes contribuyan a satisfacer derechos y preservar la vida sobre el capital que con sus ilimitados ritmos de acumulación y concentración de riquezas y recursos de la nación, provocan crisis y desestabilizan.

Si los pactos de silencio fueron la estrategia para la estabilidad de los gobiernos de elites, los pactos de solidaridad bien pueden convertirse en la manera de ser de los gobiernos de poder popular, como parece ser la propuesta de fondo del presidente Petro y la vicepresidenta Francia, en busca de mantener una relación directa y un canal de comunicación inmediato entre el ejecutivo, las comunidades, los grupos sociales y los partidos y movimientos que hacen parte de la gestión de los cambios, pero a la vez para evitar cualquier intento de “experimento golpista de ultraderechas unidas” por agendas de asalto al poder basados en “supuestas ilegalidades”, como ya ha ocurrido con Fernando Lugo en Paraguay, Celaya en Honduras, Dilma Rousseff en Brasil y en Perú con Pedro Castillo, cuyas “pruebas” al ser sometidas a variables de la democracia real resultan ser trucos de elites con la causa única de recuperar el poder total que sienten haber perdido en las urnas.

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