Examen de estado para abogados, una ley para pichones

Aunque la propuesta se focaliza en un punto importante, aún ignora el núcleo del problema

Por: Eduardo Cardona Mora
Abril 25, 2018
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Examen de estado para abogados, una ley para pichones

Un avance en los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a una justicia pronta, proba y eficaz y a gozar de una asesoría y defensa técnica en la protección de los intereses legales, libran una silenciosa batalla en la actualidad en el Congreso de la República. Cursa un proyecto de ley (312/16 en Cámara y 95/16 en Senado) que crea el requisito de aprobar un examen de estado para obtener la tarjeta profesional de abogado que, de haber sido más difundido y discutido por la comunidad jurídica, tendría la vocación de mejorar el acceso a estos derechos y la calidad profesional en el ejercicio de la abogacía.

El examen de Estado que propone la norma en gestación para merecer la tarjeta profesional de abogado se focaliza en un punto importante pero no en el núcleo del problema. Si bien es cierto la iniciativa busca que quien tiene la responsabilidad de iniciarse en el ejercicio de la profesión sea idóneo, la nueva ley desconocería que la persona que menos daño le puede causar a la profesión y por lo tanto a la justicia es el pichón de abogado.

Cuando se sale de la universidad para ejercer independientemente la abogacía, el primer caso relativamente importante puede tardar en confiársele a un novato hasta dos años después de graduarse, en el mismo sentido, asumir un caso realmente importante puede tardar entre los 3 y 5 años de experiencia. Por sentido común, nadie entrega la defensa de sus intereses legales en quien no demuestre idoneidad y capacidad para gestionarlos. Algo ligado necesariamente a la trayectoria.

Buena parte de los abogados se descuidan en su formación, se automatizan y dejan de actualizarse. Litigantes, firmas y servidores judiciales pierden el interés por el estudio y hacen de los trámites un suplicio para el usuario de la justicia que se ve prisionero de formalismos que congestionan, de una jurisprudencia obsoleta, de enfoques del derecho mandados a recoger por imprácticos, de decisiones judiciales que en lugar de impulsar un proceso lo retrasa años mientras un juez de superior jerarquía las corrige o revoca. La evaluación no solo debe ser al primerizo que tardará años en probarse como estratega judicial y que poca capacidad y oportunidad tiene de hacerle daño al sistema legal.

La ignorancia de la ley sustancial y procesal, es uno de los factores de congestión más brutales que enfrenta la rama judicial y le da vida a la llamada “jurisprudencia de baranda”. Años son los que se pierden explicándole al juez o a su secretario que la razón por la que solicita subsanar una demanda es improcedente, que lo que echa de menos en el término de admisión es precisamente la razón del proceso, que las pruebas tarifarias están proscritas y que existe libertad probatoria; es frustrante tener que explicar que la caducidad aún no ha operado o que la acción judicial seleccionada es la correcta, que la norma en la que basa su providencia está derogada o pertenece a otro régimen jurídico. Son muchas las ocasiones en que los jueces terminan convertidos en obstáculos o en contra-partes culposas de algún extremo procesal por falta de conocimiento. ¡Ignorancia supina que quedaría al descubierto si fueran evaluados periódicamente!

De otro lado, se debió pensar en algunos puntos:

i) Conciliar con las universidades la eliminación de otras evaluaciones que persiguen certificar la misma idoneidad como los exámenes preparatorios y así evitar la dualidad de procesos y trámites que terminan perjudicando a los estudiantes.

ii) Mantener la tarjeta provisional para continuar aprendiendo en la práctica y no limitar el derecho a trabajo del egresado mientras aprueba el examen de estado.

iii) Ampliar el examen, aunque sea con un carácter opcional para los abogados en ejercicio incluyendo aquellos vinculados a la rama judicial.

Para esto último, por el examen opcional, se pueden otorgar incentivos laborales para el caso de los servidores públicos e incentivos reputacionales para los independientes. Su aprobación puede convertirse en una ventaja competitiva en un mercado tan disputado como el de los servicios jurídicos en Colombia y permitiría visibilizar a quienes nos preocupamos por ser más competentes.

La calidad en el ejercicio de la profesión, de la administración de justicia y de los servicios legales, no se cualifica solamente con nuevos requisitos para los pichones de abogado con pocos casos y pleitos, es necesario, darle a la ética un lugar privilegiado en la formación del futuro abogado y resaltar las oportunidades que se abren hoy en día cuando se está respaldado por una hoja de vida intachable. Se debe evaluar y medir periódicamente a los abogados cuya responsabilidad por volumen de trabajo y cuantía es mucho mayor. A los novatos los protege el idealismo con el que se termina la carrera, son las costumbres, el conocimiento y las prácticas leales en el ejercicio del derecho las que definen la calidad de la justicia.

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