El 13 de marzo, varias denuncias internas activaron una crisis sin precedentes en la redacción de Caracol Televisión. Tres periodistas y una practicante señalaron que los actos de acoso sexual se prolongaron durante meses, lo que desencadenó una cadena de decisiones administrativas que terminaron con la salida de dos figuras del noticiero.
Casi dos semanas después, el 24 de marzo, la empresa confirmó la desvinculación de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. La medida se produjo tras la presión de denuncias formales y la intervención del Ministerio del Trabajo, que abrió una inspección para verificar los hechos reportados por las trabajadoras.
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El acuerdo confidencial que marcó la salida de Jorge Alfredo Vargas
De acuerdo con una investigación de la revista Raya, los documentos derivados de esa inspección indican que la salida de Vargas no se dio bajo las mismas condiciones que la de Orrego. Mientras uno fue despedido de manera unilateral, el otro firmó un acuerdo de mutuo consentimiento, acompañado de una “cláusula de confidencialidad recíproca”. Este tipo de pacto implica restricciones para ambas partes sobre la divulgación de información relacionada con el caso.
El acta también señala que esta decisión impidió avanzar en un proceso disciplinario formal, lo que limitó el esclarecimiento interno de los hechos denunciados. La empresa argumentó que la medida estaba relacionada con la edad del presentador, quien a sus 59 años cumplía requisitos para su jubilación.
Las denuncias que detonaron el caso incluyeron señalamientos de hostigamiento dentro y fuera del entorno laboral, con reportes de comunicaciones insistentes en horarios no laborales. Una de las víctimas habría elevado el caso a instancias judiciales el mismo día en que acudió a la dirección de Gestión Humana.
El repetitivo acoso en Caracol Televisión
En paralelo, la inspección del Ministerio del Trabajo (que se extendió por cerca de ocho horas) permitió identificar antecedentes de quejas desde años anteriores, así como al menos 15 nuevas denuncias recopiladas durante la diligencia. Estas apuntan a posibles patrones reiterados de comportamiento dentro del canal.
Otro de los hallazgos clave fue la existencia de llamados de atención previos, especialmente contra Orrego, fechados en 2023 y 2025. Según el documento, no se activaron procesos disciplinarios proporcionales a la gravedad de las acusaciones, lo que fue observado por las autoridades laborales.
Tras la inspección, el Ministerio impuso medidas preventivas a la compañía, entre ellas garantizar la protección de las denunciantes, evitar represalias y fortalecer protocolos de atención con enfoque de género. Días después, la empresa presentó un recurso para controvertir dichas medidas.
Hasta el cierre de esta información, no se conocen pronunciamientos oficiales adicionales sobre los términos jurídicos del acuerdo firmado con Vargas, ni sobre el avance de las investigaciones derivadas de las denuncias.
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