Expresidente que calumnia periodistas y seguidores que ensalzan la calumnia. Campañas que reciben dinero de Odebrecht y copartidarios de una y otra a los que parece no molestarles. Miles de falsos positivos sin que los asesinatos hayan provocado indignación entre los miembros de la Fuerza Pública. Espíritu de cuerpo que desmoraliza, apropiado para consolidar la cultura de la ilegalidad. De poco sirve el recurso, tan colombiano, de proponer y expedir leyes con mayores penas si la dirigencia calla frente a aquella.
La batalla contra la ilegalidad de los líderes tiene que provenir, también, de otros líderes, copartidarios o no. Y de la sanción ciudadana.
Los seres humanos necesitamos agruparnos en comunidades de todo tipo y construir confianza alrededor de ellas. En principio, un hombre o mujer cabeza de familia común podría pertenecer a una iglesia y tomar parte de las actividades que ofrece, participar en un equipo deportivo, trabajar en una empresa, votar en la asamblea del edificio donde reside, verse regularmente con un combo de amigos, asisitir a reuniones de padres de familia del colegio de sus hijos, ser parte de la ciudadanía que ejerce su derecho al voto al elegir congresistas, alcalde y presidente. Nuestra participación hace que la vida de tales organizaciones sea posible.
Por otro lado, sin que lo sepamos, somos afectados, a diario, por las decisiones que se toman en poderosas instituciones, determinantes en muchos aspectos en nuestra vida. Puede tratarse del poder adquisitivo de la moneda, que depende de unos señores sentados en la junta directiva del banco central, que pueden ser más o menos prudentes con el volumen de billete que deciden lanzar a la calle. No es lo mismo, en ese contexto, ganar pesos colombianos y gastarlos en Colombia que, por ejemplo, en Venezuela, donde los bolívares se desvalorizan en días. O, en la misma línea, puede ocurrir que el padre o madre de familia tenga que adquirir útiles escolares costosos simplemente porque tres poderosos productores de materiales didácticos se cartelizaron acordando precios abusivos. Que esto siga o no sucediendo depende de la autoridad competente, una superintendencia, por ejemplo.
Cualquiera que sea el tipo de gobierno, los ciudadanos dependen en alto grado de las instituciones públicas. La calidad de la educación o de la movilidad, la seguridad, la atención a poblaciones vulnerables, la justicia, están subordinadas a la gestión de equipos de funcionarios públicos. Y de la supervisión que la ciudadanía realice y de sus voceros, los políticos.
Es difícil saber si la corrupción en Colombia ha aumentado o si, simplemente, se habla más de ella porque se conocen eventos que podrían haber pasado de agache. Como en el caso de la Fifa, el tsunami de Odebrecht no existiría de no ser por las autoridades norteamericanas.
La corrupción no solo diezma recursos y proyectos de inversión públicos afectando la calidad de vida, sino que desmoraliza y hace trizas los niveles de confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Somos afectados, entonces, por las decisiones que la justicia tome. “La justicia cojea pero llega” es preferible a que el fiscal anticorrupción y su segundo a bordo sean corruptos. Según Polimétrica, 79 % de los colombianos confían poco o nada en la justicia colombiana. La corrupción es el primer motivo de indignación.
Los congresistas no solo tienen a cargo hacer leyes y ejercer el control político.
Eligen magistrados , contralor, procurador, Son voceros de comunidades y, como tal, deberían manifestar su desacuerdo ante hechos ilegales de sus líderes y movimientos
Y aquí llega el cuento de los políticos y la solidaridad de cuerpo. Los congresistas no solo tienen a cargo hacer leyes y ejercer el control político. Eligen magistrados de la corte constitucional, contralor, procurador. Son voceros de comunidades y, como tal, deberían estar en primera línea cuando sus líderes y movimientos se ven involucrados en hechos ilegales manifestando su desacuerdo.
Se habla mucho en estos años de la polarización política en Colombia. Nada más sano para una democracia que el ejercicio de una oposición sólida basada en argumentos. Así duela, el proceso de paz es uno de esos campos vitales en los que hay distancias enormes. Sin embargo, el comportamiento de los líderes de los partidos políticos es muy similar en el terreno de la complicidad y la indiferencia frente a ciertos hechos.
La forma como se tramitó el debate público alrededor de la calumnia de un expresidente contra un periodista no tiene ningún contenido ideológico. Simple espíritu de cuerpo que justificó y aplaudió el acto ilegal. Ningún político se ha manifestado en contra de lo ocurrido con el financiamiento de las campañas. Nadie ha alzado la mano reconociendo que el fiscal anticorrupción y su segundo a bordo son cuota de alguien. El polígrafo burlado, parece, tuvo la culpa.
El espíritu de cuerpo banaliza la ilegalidad.
