Texto escrito por: Nerio Luis Mejia
A menos de 72 horas de celebrarse la segunda vuelta presidencial, la justicia colombiana sacude el panorama político con dos decisiones de alto impacto: la Fiscalía abre investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras la Corte Suprema dicta detención contra la senadora Martha Peralta Epieyú.
La Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia inició una investigación contra el exmandatario por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, al vincularlo con el accionar de estructuras paramilitares que habrían operado desde la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, en los años noventa.
El proceso también lo relaciona con las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996), en Ituango, Antioquia, donde se registraron asesinatos, desplazamientos forzados, incineración de viviendas y hurto de ganado. Además, la Corte Suprema lo vincula por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo en 1998.
La apertura formal de la investigación revive tres décadas de señalamientos contra Uribe, quien deberá comparecer en indagatoria. El hecho ocurre poco después de la ratificación de la condena contra su hermano Santiago Uribe Vélez, sentenciado a 28 años y tres meses de prisión por liderar el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
Mientras el Centro Democrático enfrenta el golpe político por la investigación a su fundador, el Pacto Histórico se sacude con la detención de la senadora Martha Peralta Epieyú. La Corte Suprema ordenó la medida ante el riesgo de inasistencia a la diligencia judicial en el proceso que la vincula con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Este caso, considerado el entramado de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro, ha generado indignación ciudadana y debilitado la confianza en las instituciones. La simultaneidad de estos procesos refleja la crisis ética que atraviesa la política colombiana. Mientras unos sectores celebran las decisiones como actos de justicia tardía —recordando el refrán de que “la justicia cojea pero llega”— otros denuncian persecución judicial.
La ciudadanía, cansada de la lentitud de los procesos y de las artimañas legales que suelen conducir a la preclusión, espera que las investigaciones avancen sin dilaciones.
En medio de este agite judicial, los colombianos se preparan para decidir en las urnas entre dos proyectos opuestos: Abelardo de la Espriella, seguidor del expresidente Uribe, e Iván Cepeda, crítico histórico del uribismo.
La justicia, lenta pero inevitable, ha alcanzado a dos figuras que representan polos opuestos del espectro político colombiano. Álvaro Uribe Vélez y Martha Peralta Epieyú, cada uno desde su orilla, enfrentan ahora el peso de las instituciones judiciales. Este doble golpe evidencia que la corrupción y la violencia no distinguen ideologías ni partidos: son males que atraviesan el poder en todas sus formas. En medio del agite electoral, los colombianos observan cómo la justicia toca a los extremos del poder, y esperan que esta vez no se quede a mitad de camino.
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