El veterano magistrado Eduardo Cifuentes, quien preside la Sección de Apelación, el órgano de mayor jerarquía de la jurisdicción, leyó el veredicto definitivo frente a los secuestros. Los comandantes de las Farc fueron condenados culpables de haber secuestrado a 21.396 colombianos y deberán pagar una condenada de 8 años, en las condiciones especiales que define la justicia especial creada por el Acuerdo de Paz de la Habana.
La JEP ya había condenado el 16 de septiembre de 2025 a los antiguos comandantes, en primera instancia, pero apelaron. El caso pasó a estudio nuevamente. Tras casi un año, la decisión final cayo en Cifuentes, quien confirmó la sanción.
La Sección de Apelación de la JEP dictó sentencia condenatoria contra el último Secretariado de la extinta guerrilla de las Farc-EP. Esta decisión representa un avance significativo para la Jurisdicción, para las víctimas y para los comparecientes condenados, pues sus condenas…
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 1, 2026
La sentencia fue contra Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar por secuestro. La Sección de Apelación, donde está Cifuentes, ratificó la sanción propia más alta prevista por la JEP: ocho años de restricción efectiva de la libertad, que no implica reclusión en un establecimiento carcelario.
La jurisdicción también definió el cronograma para ejecutar las sanciones restaurativas o Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador (TOAR). Estas medidas se desarrollarán entre agosto de 2026 y febrero de 2034. Durante ese periodo, los comparecientes deberán cumplir jornadas obligatorias de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, además de permanecer, según cada caso, en el municipio asignado.
Además, entre las actividades previstas están la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la recuperación ambiental y acciones de reparación simbólica. El incumplimiento de estas obligaciones podría llevar a la imposición de penas ordinarias de prisión. Sin ningún tema de beneficios, en otras palabras, sino cumplen lo prometido pagarían un tiempo dentro de una celda del sistema nacional penitenciario.
No sería el primer castigo de la JEP. La jurisdicción también destaca avances en el caso de los falsos positivos, con decisiones contra Publio Hernán Mejía y Germán Alberto León, mientras continúa el proceso judicial contra el general (r) Mario Montoya.
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No obstante, aún los críticos señalan demoras en los procesos. La lentitud de los procesos judiciales es uno de los argumentos del nuevo gobierno para entrar revisar a la JEP. Entre los críticos figura el abogado y presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha cuestionado abiertamente su papel y sus alcances. “La JEP no es un tribunal judicial; lava las manos de narcoterroristas de las Farc”, afirmó. Desde su equipo de empalme también se ha planteado la posibilidad de reformar o incluso cerrar la jurisdicción, una propuesta que reavivó el debate sobre el futuro del modelo de justicia transicional.
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