La crisis generada por la pandemia del COVID-19 marcó un punto de inflexión en el sistema judicial colombiano. Uno de los cambios más significativos que surgieron fue la digitalización de la administración de justicia, una transformación que durante años había sido solicitada sin que las instituciones responsables lograran concretarla, pues ni el Consejo Superior de la Judicatura ni el Congreso de la República tomaron acciones decisivas hasta que las circunstancias impuestas por la emergencia sanitaria lo hicieron.
El Decreto 806 de 2020 abrió la puerta para adaptar el sistema judicial al entorno digital, seguido por la Ley 2213 de 2022, que consolidó dicha transición. Estas disposiciones permitieron implementar herramientas como la digitalización de expedientes, la presentación de memoriales y escritos por correo electrónico, y otros mecanismos que acercaron la justicia a los ciudadanos, rompiendo las barreras que se tenía anteriormente.
Ahora bien, es cierto que dicho paso ha sido el primero para empezar a gestionar la verdadera modernización del sistema judicial en Colombia, y que se ha tratado de llevar acabo en diferentes Jurisdicciones con distintas Plataformas como lo son SAMAI, SIGLO XXI y ahora el SIUGJ ( Sistema Integrado de Gestión Judicial).
Ahora bien, el pasado mes de octubre de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA23-12094, el "Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUG)" el cual pretende ser implementado en todas las jurisdicciones y especialidades de la Rama Judicial.
Para ello, vale preguntarse ¿qué es el Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUG)?, ¿de qué forma se implementara? Y, ¿qué problemas tiene?, para responder a la pregunta inicial debe uno revisar lo que indicar el artículo 2 del mencionado Acuerdo PCSJA23-12094 que indica:
“El conjunto de soluciones tecnológicas que integra servicios digitales de acceso, registro y tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, la gestión documental electrónica del expediente judicial y los servicios de apoyo a la gestión judicial, bajo parámetros de accesibilidad, seguridad de la información, basado en un marco de interoperabilidad que facilite la integración e intercambio de información y el aprovechamiento de los datos de la gestión judicial.”
En términos más simples, el Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUG) será la herramienta que centralizará todos los servicios digitales del sistema judicial. A través de este, los usuarios podrán radicar demandas, memoriales, solicitudes de expedientes, revisar audiencias y, en general, realizar toda la gestión electrónica relacionada con los procesos judiciales.
No obstante, para responder la segunda pregunta, respecto a de qué manera se implementará es una pregunta que no se ha complementado, pues lo cierto es que el Consejo Superior de la Judicatura en su afán de modernización, generó dicha plataforma, sin hacer estudios previos, sin un plan piloto y con bastante improvisación.
La implementación del Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ) ha tenido muchos problemas que desde la perspectiva del suscrito, si bien tiene cosas positivas lo negativo es la incertidumbre, pues en muchas ocasiones lo que debería ser un paso hacia adelante en la administración de justicia se ha convertido, paradójicamente, en un obstáculo para muchos ciudadanos y dificultades en el acceso a la administración de justicia en muchas ocasiones.
En la implementación del SIUGJ que se ha iniciado desde el año 2024 con la Jurisdicción laboral ha generado distintos comentarios de la plataforma entre abogados y personas del común, mantienen una misma conclusión, no es un sistema fácil ni accesible para el ciudadano, no tiene una interfaz amigable e impone en muchas ocasiones barreras para el acceso a la administración de justicia.
Esto se debe a que, por ejemplo, es necesario solicitar el expediente digital a través del aplicativo SIUGJ. Sin embargo, en muchas ocasiones, el acceso no se concede de inmediato, incluso cuando se acredita la representación de una de las partes, ya sea activa o pasiva. Esta situación dificulta el cumplimiento de los términos procesales y genera problemas adicionales. ¿Cómo radicar memoriales sin acceso al expediente? En muchos casos, la espera puede prolongarse por días o incluso semanas.
Por ejemplo, supongamos que la parte demandada en un proceso fue notificada, pero no se le concedió acceso al expediente dentro del plazo establecido. Esta situación dificulta claramente su derecho a la defensa y contradicción. ¿Cómo puede, entonces, radicar su escrito de contestación sin contar con el acceso al expediente a través del sistema? ¿Existe alguna solución a esta problemática, considerando que, en muchos casos, ni siquiera los juzgados aceptan escritos enviados por correo electrónico? Cabe señalar que la plataforma tampoco dispone de una interfaz amigable que permita radicar memoriales u otros escritos sin el expediente, ni ofrece tutoriales que orienten sobre qué hacer en estas circunstancias.
Ahora, Imaginemos por un momento a María, una trabajadora doméstica que no recibió su liquidación después de años de servicio. Bajo el sistema anterior, tenía tutoriales de como radicar la demanda y si su cuantía era de mínima no necesitaba de un abogado y hasta podía presentar la demanda de manera verbal, de conformidad con lo indicado artículo 70 de Procedimiento Laboral, además podría estar pendiente de su proceso atreves de correo electrónico. Pero, ante ello, hoy se enfrenta a una plataforma digital que parece diseñada para alejarla de la justicia en lugar de facilitarle el acceso.
El SIUGJ, implementado por el Consejo Superior de la Judicatura, representa un reto pues la idea del sistema tiene cosas muy positivas, lo cierto es que se deben corregir los problemas que con ella se presentan. La interfaz del sistema es confusa incluso para los profesionales del derecho, ¿qué podemos esperar entonces de ciudadanos sin formación jurídica?
Las deficiencias son tan evidentes: no hay tutoriales en plataformas populares como YouTube pues al ingresar a su canal no hay un solo video tutorial de uso de la plataforma pues todos están dirigidos a la publicidad y nada a como funciona el sistema; la interfaz carece de botones intuitivos y fáciles de encontrar para acciones básicas como solicitar un expediente, remitir un memorial o enviar un documento que supera el peso permitido; los términos procesales se han vuelto un misterio cuando el sistema demora en dar acceso a los expedientes digitales siendo la única manera para radicar pues en muchos despachos ni siquiera reciben por correo electrónico, y ni hablar cuando el mismo sistema presenta problemas técnicos el SIUGJ parece haber sido concebido en una torre de marfil, alejado de las necesidades reales de los ciudadanos.
Lo más preocupante es que es evidente que el Consejo Superior de la Judicatura implemento dicho sistema de manera un poco improvisada, pues se hizo sin existir la participación ciudadana en su implementación y en su estudio previo. No hubo planes piloto que incluyeran a todos los actores del sistema judicial, no se realizaron consultas con colegios de abogados, y mucho menos se consideró la opinión de los ciudadanos del común, quienes son, al final del día, los principales usuarios del sistema de justicia, dichas situaciones hubieses facilitado indicar si el interfaz es fácil de entender y que cuestiones debía mejorar a nivel técnico y programático.
Es un hecho que la implementación de este sistema requerirá tiempo para realizar las modificaciones necesarias en la plataforma, de manera que ofrezca una interfaz accesible tanto para abogados como para cualquier ciudadano, ya que la justicia debe ser inclusiva y equitativa.
Por ello, recomiendo invertir en la creación de tutoriales en plataformas de libre acceso como YouTube, Instagram y otras redes sociales, para que todos los ciudadanos puedan conocer el funcionamiento del sistema. Asimismo, es fundamental solucionar la problemática relacionada con los términos procesales cuando los despachos judiciales tardan en conceder acceso al expediente. Para ello, se debe habilitar una opción que permita la radicación de memoriales incluso para quienes aún no tienen acceso al expediente o, en su defecto, permitir la radicación vía correo electrónico. Estas medidas deben ajustarse a lo estipulado en la Ley 2213 de 2022.
Además, la interfaz de la plataforma resulta compleja y poco intuitiva para los ciudadanos del común, a diferencia de otros sistemas como SAMAI. Por esta razón, sería conveniente realizar un estudio para mejorar su usabilidad y garantizar un acceso más eficiente a la justicia.
La modernización judicial es necesaria y bienvenida, pero no puede implementarse a costa del acceso a la justicia. La tecnología debe ser un puente, no un muro. El Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de garantizar que la digitalización de la justicia no se convierta en un mecanismo de exclusión.
Es urgente una revisión profunda del sistema. Se necesitan tutoriales claros, una interfaz intuitiva, y sobre todo, mecanismos alternativos para aquellos ciudadanos que, por diversas razones, no pueden navegar eficientemente en el mundo digital. La justicia digital no puede significar justicia inaccesible.
Mientras tanto, miles de ciudadanos se encuentran en un limbo jurídico, enfrentando un sistema que, en su afán de modernización, ha olvidado su propósito fundamental: garantizar el acceso efectivo a la justicia para todos los colombianos, sin importar su nivel de alfabetización digital o su capacidad económica para contratar un abogado.
La pregunta que debemos hacernos no es si necesitamos digitalizar la justicia, sino cómo hacerlo sin dejar a nadie atrás. El SIUGJ, en su estado actual, está lejos de responder adecuadamente a esta pregunta.
También le puede interesar: El violín que sobrevivió a la tragedia del Titanic
