Texto escrito por: Andrés Caballero
Por fin, diez días después de la posesión del presidente Abelardo, Fabio Andrés Sandoval Bello dejó la Subdirección de Valoración y Registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Su salida, sin embargo, no debería cerrar el debate sobre la manera en que se administraron los recursos y el talento humano de una dependencia fundamental para quienes han sufrido el conflicto armado colombiano.
Funcionarios y contratistas de la entidad cuestionan que Sandoval no hubiera presentado oportunamente la renuncia protocolaria que suele acompañar un cambio de gobierno. También señalan que, durante sus últimos días en el cargo, se habrían comprometido recursos mediante contratos de prestación de servicios cuya necesidad, selección y ejecución merecen una revisión independiente y transparente.
Una de las principales inquietudes se refiere a la presunta contratación de personas recién graduadas o sin la experiencia que anteriormente se exigía para desarrollar labores de valoración. Según quienes conocen el funcionamiento de la Subdirección, para algunos de esos perfiles se solicitaban al menos 36 meses de experiencia. Por eso resulta indispensable establecer si los requisitos fueron modificados, cómo se seleccionó a los contratistas y si todos contaban con la preparación necesaria para asumir una tarea tan delicada.
Valorar no es llenar una casilla. Significa examinar las declaraciones de personas que buscan ser reconocidas como víctimas bajo la Ley 1448 de 2011. De ese análisis puede depender su ingreso al Registro Único de Víctimas y, en consecuencia, el acceso a medidas de atención, asistencia y reparación. Cada demora, improvisación o decisión deficiente puede afectar directamente a una persona que ya ha padecido desplazamiento, violencia o despojo.
Existen además señalamientos internos sobre la productividad y distribución de las cargas. Mientras tradicionalmente un valorador debía estudiar alrededor de ocho o diez casos diarios, con asignaciones aproximadas de cuarenta casos semanales, se afirma que durante la administración cuestionada fueron vinculadas más de doscientas personas y que algunas recibían apenas tres casos al día. Estas cifras deben ser verificadas por los organismos de control y contrastadas con los informes de supervisión, los productos entregados y los pagos efectuados.
También debe aclararse si algunos contratistas mantenían simultáneamente otras obligaciones laborales que les impedían cumplir adecuadamente sus funciones, así como las denuncias sobre personas cercanas a la dirección que, pese a estar contratadas como valoradoras, presuntamente no habrían estudiado casos durante determinados periodos. No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de comprobar si cada peso público produjo el trabajo contratado.
Los testimonios que describen oficinas convertidas en espacios para ver videos o jugar cartas son igualmente preocupantes. Si estas versiones son ciertas, revelarían no solamente posibles fallas de supervisión, sino una desconexión dolorosa entre ciertos servidores o contratistas y la misión de la entidad. Si son falsas, la institución y las personas mencionadas tienen derecho a demostrarlo. La transparencia beneficia a todos.
Algunos funcionarios califican esta gestión como una de las peores que ha tenido la Subdirección de Valoración y Registro. Es una apreciación severa que debe ser contrastada con indicadores verificables: número de solicitudes recibidas y resueltas, tiempos de respuesta, calidad de las decisiones, casos devueltos, metas contractuales cumplidas y evolución del rezago. Las opiniones adquieren verdadero peso público cuando se acompañan de documentos y datos.
Por eso, la Unidad para las Víctimas debería publicar la relación completa de los contratos celebrados durante esa administración, sus estudios previos, criterios de selección, perfiles exigidos, informes de ejecución y resultados. Asimismo, la Oficina de Control Interno y los organismos competentes deberían determinar si existieron conflictos de interés, favorecimientos, incumplimientos o cualquier manejo irregular de recursos públicos.
La entidad también debe ofrecer garantías para que funcionarios y contratistas puedan entregar información sin sufrir represalias. Al mismo tiempo, Fabio Andrés Sandoval Bello debe tener la oportunidad de responder públicamente a estos cuestionamientos y explicar las decisiones adoptadas durante su gestión.
Entre los nombres cuya gestión debería ser aclarada se encuentran Laura García y Santiago. De acuerdo con testimonios internos y con la información que debe ser contrastada mediante los respectivos informes de supervisión, existen dudas sobre las funciones que desempeñaron, el número de casos que realmente valoraron y el cumplimiento de los productos por los cuales recibieron recursos públicos. No afirmo que hayan cometido un delito; solicito que la Unidad publique las evidencias que permitan determinar qué trabajo realizaron, qué resultados entregaron y por qué fueron contratados.
Hay muchas Juliana Guerrero que llegaron gracias a otros talentos; está el caso de Laura García, la “amiguita del director”, sin experiencia pero con una cara bonita. Su nombre no debería convertirse en símbolo de otro posible favorecimiento burocrático, como los casos que anteriormente han provocado cuestionamientos públicos sobre nombramientos y contrataciones. El llamado no es a condenarla mediante rumores, sino a impedir que las conexiones personales o políticas pesen más que la experiencia y el mérito.
La misma obligación de transparencia debe aplicarse a los funcionarios que hacían parte de ese nefasto círculo incompetente cercano del anterior subdirector que fueron vinculados a la entidad. Si cumplieron, los informes deben demostrarlo. Si no cumplieron, corresponde determinar por qué se aprobaron sus pagos, quién supervisó sus contratos y qué medidas se adoptarán para recuperar los recursos que eventualmente se hubieran desembolsado sin una contraprestación suficiente.
La Unidad para las Víctimas no puede convertirse en un fortín burocrático, una plataforma para pagar favores políticos ni una bolsa de contratos. Mucho menos puede serlo una dependencia encargada de decidir sobre los derechos de quienes han soportado las consecuencias más crueles de la guerra.
Colombia necesita servidores y contratistas seleccionados por mérito, experiencia, capacidad y compromiso. Personas que entiendan que los recursos de la Unidad no pertenecen a un gobierno, a un directivo o a su círculo cercano: pertenecen moral y legalmente a las víctimas.
La salida de un funcionario no debe significar el olvido de lo ocurrido durante su administración. Debe ser el comienzo de una rendición de cuentas seria. Las víctimas merecen respuestas, transparencia y una institución que esté genuinamente a su servicio.
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